LA CONTRARREFORMA AGRARIA Y LA HUELGA CAMPESINA DE JUNIO DE 1934
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| Ricardo Zabalza Elorga, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT) |
La derecha agraria, propietarios y labradores, habían sufrido la política republicana que durante más de dos años perjudicó sus intereses económicos y debilitó la posición dominante que siempre habían tenido en las relaciones socio-laborales. Ante la falta de obra pública, les habían obligado a alimentar, mediante los alojamientos, a los jornaleros en paro; tuvieron que pagar salarios más altos que nunca, les obligaron a hacer faenas agrícolas que no consideraban imprescindibles; y les arrebataron la libertad de elegir a quiénes contratar para que trabajasen en sus tierras.
La promesa de una reforma agraria durante el primer bienio de la República, le valió a la izquierda gobernante apoyos masivos entre la población campesina y, pese a sus diferencias de concepto, contribuyó a facilitar el pacto de gobierno entre republicanos y socialistas. Pero a más largo plazo, la discrepancia en los ritmos y el alcance de la reforma, no sólo contribuyó a la disolución de la coalición de izquierdas, sino que situó a la FTT, adscrita a la UGT, en la vanguardia de la radicalización socialista, y de la contestación a un gobierno que parecía incapaz de solucionar el hambre de tierras del campesino.
Los sucesos represivos de Castilblanco (Badajoz) el 31 de diciembre de 1931, donde fueron asesinados cuatro guardias civiles; Arnedo (La Rioja) el 5 de enero de 1932, donde murieron once personas por disparos de la guardia civil; y Casas Viejas (Cádiz) en enero de 1933, donde murieron dos guardias civiles, uno de asalto y veintiocho campesinos, provocaron un fuerte desprestigio del gobierno de Manuel Azaña, y la radicalización del campesinado, con incremento de huelgas, violentos conflictos sociales, levantamientos anarcosindicalistas, aumento de la invasiones de tierras, etc. Se abrió una enorme crisis política y fue el inicio de la pérdida de apoyos políticos y sociales que conduciría meses después a la caída del gobierno republicano-socialista de Manuel Azaña y al triunfo de las derechas en las elecciones de noviembre de 1933.
En esas elecciones, el triunfo de la derecha fue indiscutible, obteniendo unos 200 diputados frente a unos 170 del centro y unos 98 de la izquierda. El PSOE obtuvo solo 59 diputados, frente a los 115 que obtuvo en 1931. La CEDA fue el partido más votado, y José María Gil-Robles (1898), su líder, en condiciones normales, debería haber sido propuesto para presidir el gobierno. Pero el presidente de la República, Alcalá-Zamora, ofreció el gobierno a Alejandro Lerroux (1864), jefe del Partido Radical.
LA COSECHA DEL CAMPO Antes de entrar en el desarrollo político del segundo bienio republicano,
al frente del cual estuvo un gobierno de centro-derecha, quiero detenerme un
momento en analizar la situación agraria del campo en esos primeros años republicanos. Debido a las inclemencias meteorológicas, el año agrícola 1930-1931 resultó
catastrófico para el campo andaluz. En los primeros día de junio de 1930, en la mayor parte de
las provincias de España, principalmente en el sur y en la zona centro, se
desató un temporal de lluvias torrenciales que provocaron abundantes
inundaciones en pueblos, daños materiales en viviendas, en cosechas,
carreteras, vías ferroviarias, e incluso pérdida de vidas humanas. El temporal
duró una semana. La cosecha
de cereales, que se presentaba en general muy buena, en algunas comarcas se vio
mermada debido al daño tan enorme que el agua le produjo. En otras comarcas las
cosechas de trigo, cebada y garbanzos se perdieron totalmente. Algunos
labradores quedaron en la ruina. Esos temporales de junio dañaron a la aceituna, y dieron como resultado una
cosecha prácticamente nula; la sequía veraniega posterior, que duró hasta
finales de noviembre de 1930, cuarteó de tal forma los campos que impidió la
realización en su momento de las labores de siembra del cereal. Este retraso de
la sementera, no auguraba nada bueno para la cosecha del verano de 1931, como
así ocurrió. Sobre este tema ya hablé en mi
Crónica «1930, LAS HUELGAS CAMPESINAS EN
CAMPILLOS Y ANTEQUERA…» https://cronicasdelvientosolano.blogspot.com/2023/12/las-huelgas-campesinas-en-campillos-y.html En 1931, las condiciones
meteorológicas para la mayor parte de las cosechas agrícolas, tampoco fueron
favorables. En la parte central y sur de España, la escasez de lluvias en
primavera y verano fue verdaderamente extraordinaria, hasta el punto de
resentirse, no sólo los secanos, sino, en menor escala, ciertas zonas de regadío,
por disminuir de modo notable algunos embalses, manantiales y corrientes de
agua. Las cosechas de cereales fueron francamente malas. Puede calificarse
ese año como malo, en lo que se refiere a la producción agrícola. Tras esa mala cosecha de 1931, el
Ministerio de Agricultura, al frente del cual estaba Marcelino Domingo, intentó
mantener abastecido el mercado nacional, autorizando la importación de más de tres
millones de toneladas de trigo en la primavera de 1932. Esto constituyó un gran error de gestión
administrativa, y una catástrofe para el sector triguero. En las Cortes, se creó una Comisión especial para investigar las importaciones de trigo que se produjeron en 1932 (Diario de Sesiones 15/06/1934 pág. 3.746) Cuando ese trigo llegó a
nuestros puertos, ya se pronosticaba que se iba a segar una de las mejores
cosechas de nuestra historia, lo que provocó el hundimiento de
las cotizaciones y la caída de renta de los productores, que acostumbrados a un tradicional proteccionismo estatal, entendieron esa
importación de trigo, como una agresión por parte del gobierno. Efectivamente, el año de
1932 se caracterizó por lograrse producciones que nunca antes alcanzó el campo
español; cinco millones de toneladas de trigo, casi tres de cebada y una de
avena, recolectándose un 35 por 100 de cereales más que en el año anterior. Esa buena cosecha, provocó el derrumbe de los precios del trigo, en el
preciso momento en que reducían sus beneficios los cultivadores, a los que se
les imponía salarios más altos para los jornaleros. José
María Hinojosa Lasarte, publicaba en el periódico «La Unión
Mercantil» del 4 de agosto de 1932, un
artículo titulado “La política triguera
del gobierno” Cuando un labrador hojee la «Gaceta»
y vea que el ministro de Agricultura da una orden autorizando la importación de
3.500 toneladas de trigo exótico, para los catalanes, a fines de julio, cuando
sus graneros están llenos con la nueva cosecha, tiene que sentir una
indignación arrolladora y un sentimiento de estupor justificado. Porque esta
orden constituye un sarcasmo cuando los propios agricultores españoles no
pueden vender su trigo porque no hay quien se lo compre como no sea a precio
muy por debajo del coste de producción. ¡Y esto como un favor especial! Es
irrisorio, verdad, agricultores españoles, que mientras está entrando el trigo
extranjero por Cataluña, no se pueda vender el trigo nacional. Los labradores y especialmente los pequeños
están acuciados por los acreedores y este año que podrían resarcirse algo de
las pérdidas del año pasado, se verán precisados a malbaratar sus cosechas para
atender a compromisos ineludibles de créditos. Pero no es solo esto, sino que este año, con
haber sido los precios de producción mucho más elevados que el año anterior, la
tasa es la misma que la de 1931 con grave perjuicio para la Agricultura. Este año el coste de producción oscila entre
46 y 50 pesetas los 100 kilos de trigo, según en la zona productora que sea y
la diferencia de precio de jornales. Sin embargo, la tasa actual es de 46
pesetas los 100 kilos. ¿Qué queda de beneficio para el agricultor? Se produce
una pérdida y eso que este año puede calificarse de bueno en cosecha cerealista,
¿qué será el año que esta cosecha sea más deficiente? Medite el Gobierno y en especial el Sr. Ministro de Agricultura sobre los daños que ocasiona al mayor sector económico de España esta política agraria desquiciada que está llevando la ruina a los campos. 19320804 05 La Unión Mercantil Tres años más tarde, el 7 de
noviembre de 1935 comenzó a debatirse en las Cortes las responsabilidades por
aquellas importaciones de 1932 (Diario de sesiones pág. 10.382). Para intentar solucionar
este problema del trigo, el 15 de septiembre de 1932, el ministro de
Agricultura, Marcelino Domingo, redactó un decreto “regulando la organización local y provincial de los tenedores de
trigo, estableciendo un mecanismo capaz de garantizar en las operaciones de
compraventa el cumplimiento de las tasas máxima y mínima que han sido fijadas
en los mismos precios que venían rigiendo hasta el día, e iniciando la
organización del sistema de silos reguladores y del crédito agrícola”. Gaceta de Madrid:
núm. 264, de 20 de septiembre de 1932. Las relativamente
flojas cosechas de 1931 y 1933 fueron compensadas, sobre todo en el trigo, por
las excelentes de 1932 y 1934. EL GOBIERNO DEL CENTRO-DERECHA Y LA REFORMA AGRARIA Conforme a los cálculos oficiales, a finales de 1933, cuando llegó la
derecha al poder, en toda Andalucía, sólo se había ocupado la ridícula cifra de 22.841 hectáreas entre 4.411
campesinos. A ese ritmo, la reforma agraria de la Segunda República en
Andalucía, habría tardado en cumplir sus objetivos iniciales, más de un siglo. Su relativo fracaso fue una de las principales causas de la aguda agitación
social que hubo durante el período 1933-1934. La
victoria electoral del centro-derecha a finales de 1933 no deshizo, pero sí ralentizó la reforma agraria. El ala más centrista de la CEDA, no consideraba necesario
derogar las reformas realizadas en la etapa anterior, si bien pretendió
retocarlas para introducir algunos elementos propios de su ideología, como el
fomento de los pequeños patrimonios y la defensa de las propiedades familiares,
en lo que cabía esperar el apoyo del partido Radical, de los republicanos
conservadores e incluso de los republicanos de izquierda ahora en la oposición. DECRETO DE
INTENSIFICACIÓN DE CULTIVOS El decreto
de intensificación de cultivos, del 1 de noviembre de 1932, aprobado por el
gobierno anterior de Manuel Azaña, que afectaba a las
fincas de secano tipo dehesa, en
principio de Badajoz, y extendido más adelante a Cáceres, Cádiz, Granada,
Málaga, Sevilla, Córdoba, Ciudad Real, Salamanca y Toledo, pretendía
intensificar el cultivo en las dehesas, cuya explotación agrícola podría ser
aumentada sin dañar por ello ni a la ganadería, ni a unas áreas forestales que
debían quedar bien señalizadas y separadas de las zonas de cultivo. Esa
ocupación era temporal, solo por un año (Artículo 8º). De este tema ya hablé en
mi anterior Crónica «LA REFORMA AGRARIA DE LA SEGUNDA REPÚBLICA» https://cronicasdelvientosolano.blogspot.com/2024/05/la-reforma-agraria-de-la-segunda.html Al final del verano
de 1933, no se había prorrogado dicho decreto, por lo que los propietarios de
las fincas exigieron que se les devolviera el uso de su propiedad. En algunos
casos se iniciaron procedimientos judiciales para desalojar a los campesinos
que seguían ocupando las tierras. Algunos campesinos incluso habían empezado ya
a realizar las labores de la siguiente cosecha. Esto
obligó al nuevo gobierno de Alejandro Lerroux a publicar una ley, en la Gaceta
del 16 de febrero de 1934, sobre la intensificación de cultivos en Extremadura: Artículo 1º. Los
campesinos que hubieren efectuado labores de cualquier clase en las tierras
ocupadas a virtud de los expedientes de intensificación de cultivos tramitados
con arreglo a las instrucciones dictadas por el Gobernador general de
Extremadura, aun cuando en su tramitación no se hubiesen observado íntegramente
las normas señaladas por el Decreto de 1° de Noviembre de 1932 y posteriores
sobre igual materia, tendrán derecho a continuar en la tenencia de las parcelas actualmente sembradas hasta el
levantamiento de la cosecha y siempre antes de 1° de Agosto, quedando a favor
del propietario o arrendatario de la finca el aprovechamiento del rastrojo, restándose
de la cantidad que ha de satisfacer el ocupante de la parcela el valor del
mismo, fijado por el Instituto de Reforma Agraria. Los campesinos
abonarán en concepto de renta a quienes corresponda la posesión jurídica de las
tierras, la renta catastral asignada a las parcelas que cultiven, respondiendo
solidariamente de su pago el Instituto de Reforma Agraria. […] Quedarán en suspenso los procedimientos judiciales de toda clase seguidos para desalojar a los actuales llevadores de las parcelas, que el Gobernador general de Extremadura sometió a la intensificación de cultivos, suspendiéndose, asimismo, la ejecución de las sentencias que hubieran recaído con anterioridad a la presente Ley. LEY DE AMNISTÍA Una de las medidas más
importantes y más controvertida, adoptada por el nuevo Gobierno fue la de
aprobar el 24 de abril de 1934 en las Cortes, la denominada ley de Amnistía,
que había de favorecer a los sublevados el 10 de agosto de 1932, el golpe del
general Sanjurjo. En ella, también declaraba “nulas y sin efecto las expropiaciones sin indemnización de fincas
rústicas y derechos reales constituidos sobre ellas que se hayan llevado a
efecto por aplicación de lo dispuesto en la Ley de 24 de Agosto de 1932,
restituyéndose los bienes objeto de las mismas a los expropiados” Unos días más tarde, el 6 de mayo, el gobierno de Lerroux, sacaba un decreto para
que el Instituto de Reforma Agraria (IRA), en representación del Estado, procediera
“a reintegrar a los interesados o a sus
causahabientes, en la propiedad de las fincas rústicas y derechos reales
constituidos sobre las de tal naturaleza, que fueron objeto de expropiación sin
indemnización, en virtud de las disposiciones de la Ley de 24 de Agosto de
1932, como pertenecientes a las personas comprendidas en las listas formadas
por el Ministerio de la Gobernación y publicadas por el de Agricultura” Con este
decreto se planteó un problema por la decisión del presidente de la República, Alcalá-Zamora, de vetar la ley, y su deseo de devolverlo a las Cortes,
pero ningún ministro aceptó refrendarle el decreto de devolución, por lo que
Niceto Alcalá Zamora tuvo que firmarla. Lerroux constató que había perdido la
confianza del presidente y presentó su dimisión. Fue sustituido al frente del
gobierno por el valenciano Ricardo Samper Ibáñez (1881), también del partido
Radical. LEY DE TÉRMINOS
MUNICIPALES Otro de los decretos del primer bienio, que fue eliminado por el gobierno de centro-derecha fue el de Términos Municipales. Tras ocho sesiones de debate en las Cortes, se aprobó su derogación el 24 de mayo de 1934 (Diario de sesiones 3112 – 3127) Artículo único. Cuando los patronos que necesiten emplear braceros en
los trabajos agrícolas no acudan a los Registros u Oficinas de colocación
obrera, regulados por la Ley de 27 de Noviembre de 1931 y su Reglamento de 6 de
Agosto de 1932, y contraten trabajadores forasteros, habrán de hacerlo
siempre a base de jornales no inferiores a los establecidos por los organismos
oficiales de trabajo competentes, para ello, y a falta de éstos y en defecto
también de lo fijado en pactos colectivos, a los que rijan para trabajos
iguales en la localidad más próxima en que tales organismos funcionen. En el trabajo de los niños se observará lo legislado sobre el mismo. De las denuncias por infracción de lo preceptuado en este artículo conocerán los respectivos Jurados mixtos del Trabajo rural, quedando derogados el Decreto de 28 de Abril de 1931, Ley de la República de 9 de Septiembre del propio año y el artículo 8° de las disposiciones transitorias del Reglamento de 6 de Agosto de 1932, y todo cuanto resulte dispuesto en oposición a lo preceptuado en esta Ley. Gaceta de Madrid núm. 150, de 30 de Mayo de 1934 LA HUELGA CAMPESINA DE JUNIO DE 1934, PROMOVIDA POR LA
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA TIERRA A raíz del cambio de orientación de los gobiernos de centro-derecha, surgieron reacciones de los trabajadores del campo partidarios de
desarrollar acciones más decididas en defensa de sus derechos. Había desilusión ante la incapacidad
demostrada por la República para dar continuidad a la reforma, y acabar con el
problema del hambre en el campo. Esta nueva
situación repercutió en la FTT, que abandonó la línea moderada que encabezaba Julián
Besteiro para pasarse a la de Largo Caballero, partidario no solamente en conservar lo ya conseguido, sino
también en lograr nuevas conquistas, como la nacionalización de la tierra. A finales de enero de 1934, el secretario general Lucio
Martínez Gil (1883), que estaba en la línea reformista de Besteiro, fue
sustituido en la dirección de la FTT por Ricardo Zabalza
Elorga (1898), que seguía la línea más radical encabezada por Largo Caballero.  Desde ese mismo
momento el semanario El obrero de la
tierra, órgano oficial de
comunicación de la FTT, se
convirtió en un instrumento de agitación. La primera declaración de intenciones
de la nueva Comisión ejecutiva aparece a toda plana en la primera página del
semanario del 3 de febrero de 1934 con el titular “Nos pronunciamos por la revolución”. Por eso, el
Comité nacional de la Federación de Trabajadores de la Tierra se adhiere a la
consigna del Partido Socialista Obrero Español y declara que está presto a
secundar sus órdenes para lograr la realización de su programa integral, en el
que figuran todas las aspiraciones campesinas. La reacción, ayudada por la torpeza o apostasía de muchos pretendidos republicanos, nos ha conducido a este dilema de hierro o la sumisión incondicional o la sublevación violenta. La Federación Española de Trabajadores de la Tierra se pronuncia sin reservas por la revolución, y dice a sus afiliados que se preparen a realizarla y a defenderla bajo las rojas banderas de la Unión General de Trabajadores y el Partido Socialista.  Según el sindicato, el Gobierno y el Parlamento, de
espaldas a la situación del país, no piensan más que en deshacer la legislación
obrera y agraria elaborada por las Cortes Constituyentes: Los patronos recurren
sistemáticamente todas las bases de trabajo y las sentencias, y estos recursos
se amontonan durante más de doce meses en los despachos ministeriales; los
Jurados mixtos rurales y las Delegaciones de Trabajo, con su creciente
burocracia, no cumplen ya servicio alguno en sus funciones sociales, etc.
Lo cierto es que, la FTT, después de cambiar sus órganos directivos, empezó a defender la idea de impulsar una huelga general campesina si no se atendían sus reivindicaciones inmediatas y si no se frenaba el retroceso sufrido en las mejoras sociales. Esas reivindicaciones se acordaron en la reunión que tuvo el Comité Nacional el 25 de febrero de 1934, y cuyas conclusiones aparecieron en El Obrero de la Tierra, del 3 de marzo, con el titular de «Manifiesto del Comité Nacional a los campesinos españoles»: 1º Que el hambre y la persecución contra los campesinos por parte de los patronos y de muchas autoridades han llegado a tales extremos, que fatalmente habrán de provocar el estallido de graves acontecimientos, si no se remedian las causas del malestar. 2º Esta situación exige una acción enérgica de la masa campesina para lograr por todos los medios a su alcance las siguientes demandas inmediatas:
 Desde ese momento se desarrolló un intenso debate en las direcciones de la UGT y del PSOE, ante las intenciones de la Comisión ejecutiva nacional de la FTT de llevar al campo español a una huelga general. Las discrepancias entre las distintas familias socialistas eran evidentes. En contra de la opinión de Largo Caballero y de otros sectores del PSOE, que ya estaban embarcados en la preparación del movimiento insurreccional que se iba a dar en octubre de ese año, los dirigentes nacionales de la FTT propusieron a sus federaciones provinciales un referéndum entre los afiliados para organizar en el verano una huelga total o parcial. La pregunta a la que debían responder afirmativa o negativamente, todas las secciones antes del 10 de mayo, aparecía en el semanario El obrero de la tierra del 5 de mayo de 1934: Se faculta al
Comité Nacional y por delegación de éste a la Comisión Ejecutiva, para
organizar el verano próximo el paro parcial o total de los campesinos afiliados
a la Federación, en torno a las reivindicaciones siguientes: a) Cumplimiento
estricto de las bases de trabajo rural, aprobadas en cada comarca o provincia. b)
Obligatoriedad del Servicio de colocaciones y del turno riguroso. c) Rebaja de arrendamientos. d) Concesión de tierras y créditos a los campesinos más necesitados, bien por medio del Instituto de Reforma Agraria o por medio de arrendamientos colectivos.  Los promotores de la huelga pretendían neutralizar el proceso de contrarreformas que, en materia de legislación agraria, habían iniciado los partidos de centro-derecha desde que ganaron las elecciones hacía tan solo seis meses. En Campillos, se aprobó ir a la huelga con setecientos votos
a favor y cuarenta y cinco abstenciones («MISCELÁNEA CAMPILLERA», de Ildefonso Felguera, página 356) A la vista del resultado afirmativo del referéndum, el 11 y 12 de mayo se reunió el Comité nacional de la FTT, saliendo de dicha reunión un manifiesto “A los campesinos, a la opinión pública”: No podía la
Federación Española de Trabajadores de la Tierra, sin negar la razón de su
propia existencia, cruzarse de brazos frente a esa situación, y por eso el
Comité nacional, haciendo uso del mandato casi unánime concedido por los
afiliados en reciente referéndum, acordó recomendar a todas sus organizaciones
que presenten los oficios legales de huelga para reclamar las medidas y
reivindicaciones siguientes: 1º Cumplimiento
de las bases de trabajo y la legislación social. Queremos que antes del 31 de
mayo todas las bases rurales recurridas en el ministerio queden despachadas.
Salario mínimo agrícola en todos los lugares que carezcan de bases. Cada
localidad tendrá una Comisión mixta inspectora. Las infracciones se castigarán
fulminantemente con crecidas multas para las Cajas de paro, y se impondrán
arrestos gubernativos a los reincidentes. 2º
Obligatoriedad del servicio de colocación. Turno riguroso. Nadie debe ser
boicoteado por sus opiniones. El trabajo se repartirá equitativamente entre
todos los que figuren en el Censo profesional agrícola de cada Registro de
colocación. 3º Reglamentación
del empleo de máquinas y forasteros, llegando a la prohibición absoluta allí
donde haya escasez de trabajo o exceso de brazos. Estos se distribuirán siempre
por medio de los Servicios provinciales de colocación y a tarifas de base. Se
prohibirán las maquinas en tanto no haya seguridad de dar un mínimo de cuarenta
jornales a cada segador del Censo provincial. 4º Medidas
efectivas e inmediatas contra el paro. 5º Efectividad
de la ley de Arrendamientos colectivos por medio de los Jurados mixtos de la
Propiedad rústica. 6º Se facultará
al Instituto de Reforma Agraria para incautarse temporalmente, y cederlas en
arrendamiento colectivo a los campesinos, de las tierras del Inventario que no
necesite inmediatamente para asentamientos. 7º Reconocimiento
del derecho a relevar a todos los beneficiados por la intensificación de
cultivos. 8º Que se
efectúen antes de otoño todos los asentamientos acordados. 9º El Crédito Agrícola habilitará un fondo especial para créditos anuales a las colectividades arrendatarias campesinas. 10º Rescate de bienes comunales. En El obrero de la tierra del 19 de mayo se daban las “instrucciones” que debían seguir las Sociedades obreras de cada pueblo para la declaración de la huelga el 5 de junio. Con la elección de esa fecha para la huelga, se amenazaba con boicotear la cosecha de cereales del verano, lo que iba previsiblemente a causar a la producción
agrícola unos perniciosos efectos. Para los obreros del campo que no estaban
muy influenciados por el sindicalismo, la huelga era un contratiempo, pues en
esos meses de cosecha ganaban un salario que les permitía sobrevivir durante
los meses que no había trabajo en el campo, además del temor
que provocaba la posibilidad de que si se significaban mucho, los propietarios pudieran
castigarlos no contratándolos. El Comité nacional de la FTT, no planteó en ningún momento la huelga, como un ataque frontal revolucionario. El sindicato agrario socialista quiso mantenerse dentro de la legalidad democrática, cursando los oficios de huelga en los plazos previstos por las leyes republicanas, celebrando asambleas con autorización gubernativa y manteniendo conversaciones con el Gobierno hasta el último momento. En las “Instrucciones” se decía, en su último punto: Debe evitarse cuidadosamente el menor choque con la fuerza armada, y, pase lo que pase, una vez iniciado el movimiento, no se reunirán jamás los campesinos en grupos numerosos, a los que es fácil hacer víctimas de cualquier agresión provocadora. No olvidarse que las huelgas las gana, más que la fuerza bruta, la decisión, la inteligencia y la disciplina. La FTT hacía una
apuesta muy arriesgada, y se colocaba en una peligrosa situación, dado que una
huelga a nivel nacional era muy difícil de llevar a cabo; los
anarcosindicalistas, comunistas y partidos republicanos de la izquierda no la
apoyaban; el PSOE y los sindicatos urbanos de la UGT tenían dudas y no
prometían más que apoyo verbal. El mismo Largo Caballero, era contrario a esta,
ya que consideraba necesario reservar fuerzas con vistas a la huelga general
revolucionaria, que venía preparándose, y que finalmente se produjo en octubre
de 1934.  Nada más anunciarse públicamente la convocatoria de huelga, el ministro de Trabajo, José Estadella, dispuso que se acelerara la firma de las nuevas Bases de Trabajo, o que se prorrogaran las de años anteriores. Orden disponiendo que los Jurados mixtos de Trabajo rural que al publicarse esta disposición no tengan ya aprobadas la Bases de Trabajo para las faenas de la próxima recolección, habrán de discutirlas y aprobarlas en el plazo máximo de diez días, a no ser que acuerden la prórroga de las anteriores. Gaceta de Madrid: núm.139, de 19/05/1934. Las Bases de Trabajo que habían de regir para Campillos fueron aprobadas por el Jurado Mixto del Trabajo Rural de Málaga un mes antes, el 13 de abril de 1934. Tenían de vigencia un año. Se pueden ver en la página 158 de «DOCUMENTALIA» de Ildefonso Felguera. En el semanario El obrero de la tierra del 14 de abril, se daba el nombre de los miembros de la nueva directiva del sindicato de trabajadores de la tierra de Campillos «EL 1º DE MAYO» Presidente: Juan Velasco Olmo Vicepresidente: Pedro Sánchez Escobar Secretario: Juan Morillo Mendoza Vicesecretario: Pedro Velasco Olmo Tesorero: Marcos Ramírez Pérez Contador: Antonio Romero Romero Vocal 1º: Juan Mendoza Mora Vocal 2º: Benito Palacios Mora Vocal 3º: Cristóbal Barquero Reina Pero al persistir la FTT en la convocatoria de la
huelga a nivel nacional, el 29 de mayo, el Consejo de ministros, presidido por
Ricardo Samper, decretó considerar «servicio
público nacional» la recolección de la próxima cosecha. En el preámbulo del
Decreto se dice: Esa recolección constituye, para el obrero,
trabajo remunerador en el verano y posibilidad de sosiego en el invierno; para
el patrono, recuperación del capital invertido, premio al esfuerzo realizado y
estímulo para nuevas empresas; para el comerciante, base de su actividad
fecunda; para el industrial, materia prima de su función transformadora; para
el consumidor, normalidad en su medio de vida; para la Hacienda pública,
posibilidades crediticias, y para el pueblo español, en su acepción genérica,
conservación y fomento de la riqueza nacional, que es, en definitiva, base y
sustento de su tranquilidad y de su vida. Pues bien; si la recolección de la próxima
cosecha, por las razones apuntadas, representa una suprema manifestación de
interés público, es evidente que las tareas que integran esa recolección
constituyan modalidades ejemplares de un fundamental servicio público nacional. La declaración de este servicio público tiende, pues, a librar de daños irreparables a la economía nacional, cuya defensa pertenece a un orden superior al de los singulares intereses de patronos u obreros, correspondiendo a todos por igual reconocerla y acatarla, para que garantice a los segundos la paz de un jornal seguro, fuera de los extravíos a que puedan ser conducidos inconsciente o maliciosamente, y para que impida toda clase de excesos egoístas por parte de los patronos que por su condición están llamados a dar ejemplo de respeto a la ley. Gaceta de Madrid. — Núm. 150 - 30 Mayo 1934 En base a este Decreto del Consejo de ministros, Rafael Salazar Alonso, ministro de la Gobernación, sacó en la misma fecha este otro Decreto: Artículo 1.º Declarado servicio público la
recolección de la cosecha pendiente, quedan prohibidos, a tenor del párrafo
diez del artículo 28 de la Ley de 28 de Julio de 1933, todos los paros o
huelgas que afecten a las labores de recolección que se produzcan o intenten
dentro del territorio nacional, ya resulten anunciados o no con anterioridad al
día de hoy, los cuales paros o huelgas tendrán el carácter de ilegales para
todos los efectos de dicha Ley. Artículo 2.º Los patronos que […]
paralizaren maliciosamente o con propósito de coacción o de lucro las labores
de recolección, se considerarán incursos en las sanciones de la ley de Orden
público —incluso las de multa, detenciones, registros y cambio de domicilio—,
que les serán impuestas con todo rigor por la Autoridad gubernativa... Artículo 3.º Los Gobernadores civiles
prohibirán o suspenderán toda clase de reuniones, manifestaciones y propagandas
encaminadas de manera directa o indirecta a impedir las labores de recolección
normal de las cosechas pendientes o a suscitar o mantener huelgas que las
perturben. De igual modo emplearán todas las medidas que autorizan los capítulos 2.° y 3.° de la Ley de 28 de Julio de 1933 —incluso las de multa, detenciones, registros y cambios de domicilio—contra los que, por actos directos o indirectos, positivos o negativos, o por medio, de propaganda, pretendiesen contribuir a la declaración o mantenimiento de huelgas o paros o incurran en cualquier infracción de la ley de Orden público... Artículo 4.º Todos los periódicos y demás impresos que se publiquen en el territorio nacional quedarán sometidos a la previa censura en cuanto afecte a los artículos, anuncios, comentarios, informaciones o propagandas que de manera directa o indirecta preparen, fomenten, exciten o auxilien huelgas o paros en los trabajos agrícolas. De
esa manera, la anunciada huelga general quedaba fuera de la legalidad,
declaraba ilegal la preparación de la huelga, prohibía las reuniones a tal fin,
y sometía a la prensa a censura previa. Esta censura a la prensa, hace muy
difícil, hoy en día, encontrar noticias directas sobre la misma, y solo se
puede seguir el desarrollo de la huelga a través de los informes oficiales,
siempre tendenciosos, de los gobiernos civiles. José María Hinojosa, publicó un artículo en La Unión Mercantil, el 29 de mayo, sobre la HUELGA DE CAMPESINOS Está condenada al fracaso por dos razones, porque la mayoría de los
obreros sólo desean trabajo, del que tanto han carecido durante los últimos
años, y ese lo tienen en perspectiva y en gran abundancia después del tiempo
que han permanecido cercados en sus respectivos términos municipales condenados
al paro forzoso por una ley absurda, ideada por esos que se llaman defensores
de los obreros. La otra razón, es que el Gobierno dice estar dispuesto a evitar
toda perturbación que pueda poner en peligro la cosecha, declarada muy
justamente de utilidad pública, ya que de malograrse podría poner en peligro
seriamente al régimen y a la economía nacional. Los promotores de la huelga de campesinos no conseguirán sus propósitos porque es preciso que sepan que hay muchísimos españoles dispuestos a evitarlo. Así, españoles, sin distinción de partidos ni de ideas, porque cuando se quiere poner en peligro la vida de España, con propósitos más o menos lícitos, todos debemos cooperar a que ello no suceda. 19340529 01 La Unión Mercantil Dos día antes de iniciarse la huelga, la tarde del domingo 3 de junio, se celebró en Málaga un Congreso provincial de la UGT, con el fin de constituir la Federación Provincial, y así unir en una acción común el campo y la ciudad. Las delegaciones de la capital representaban a unos 12.000 afiliados, de los sectores siderometalúrgicos, peluqueros, dependientes, productos químicos, bodegas, camareros, auxiliares de farmacia, floricultores, construcción, obreros municipales, etc. Las delegaciones de los pueblos, representaban a más de 13.000 afiliados, entre los que estaban, representando al sindicato agrícola de Campillos, Blas Olmo Escobar. También había representación de los agricultores de Teba, Almargen, Peñarrubia, Ardales, Sierra de Yeguas, Bobadilla, etc. Se aprobó el reglamento de la Federación, y se nombró una directiva presidida por el antequerano Antonio García Prieto. En el Congreso del sindicato socialista, apenas se trató el asunto de la huelga que comenzaba dos días más tarde. Los pueblos de Málaga, cuyas sociedades obreras habían presentado el oficio de huelga a fecha 31 de mayo fueron 42, sobre un total de 101, entre los que estaban Almargen, Ardales, Campillos, Cañete la Real, Cuevas del Becerro, Peñarrubia, Sierra de Yeguas y Teba. Entre dichos pueblos no estaban, a esa fecha, ni Antequera ni Ronda. El gobernador civil de Málaga, Alberto Insúa (1885), del partido Radical, unos días antes de iniciarse la huelga, comenzó a tomar medidas de seguridad para garantizar la recolección, sobre todo en aquellas poblaciones donde tuviera más posibilidad de éxito la huelga. Inicialmente, nombró dos delegados gubernativos, uno para Cañete la Real (Sr. Gabriel Coronado), y otro para Teba (Sr. José Suca). Además concentró fuerza pública, Guardia civil y de Asalto, en diferentes pueblos de la provincia (Antequera, Campillos, Ronda, Fuengirola y Cortes de la Frontera), y en otros lugares estratégicos de la misma, con el fin de acudir en camiones y autobuses, previamente requisados, a los lugares donde su presencia se hiciera necesaria. El gobernador dijo ayer a los periodistas, que había marchado a Teba, en calidad de delegado gubernativo, don José Suca (Queiruga), secretario del Ayuntamiento de Álora. 19340322-02 El Popular Ha sido nombrado delegado gubernativo en Cañete la Real a los efectos del mantenimiento del orden público al teniente de la Guardia Civil don Gabriel Coronado (Zaragoza), que ha marchado inmediatamente al indicado pueblo. 19340602 09 El Sol .jpg) Alberto Insúa TORMENTA DE PEDRISCO EN LA COMARCA DE ANTEQUERA Pocos día antes de
iniciarse la huelga, el 26 de mayo, sobre las dos de la tarde, cayó una
formidable tormenta en Antequera y toda su comarca, la cual fue seguida de un
abundante pedrisco que duró bastante tiempo, causando grandes daños en el campo, donde la cosecha
presentaba un aspecto espléndido,
destrozando viñedos, olivares, y cereales, y en los pueblos daños en techos y
fachadas, rotura de cristales en viviendas, y destrozos en parques y arbolados.
Las pérdidas fueron muy cuantiosas La fuerza del pedrisco, como no se recuerda otro en
Antequera, ha producido en la población daños en el arbolado y jardines, siendo
los más sensibles los ocasionados en el paseo y parque, pletóricos en esta
primavera de toda clase de plantas. En casi todas las casas ha habido rotura de
infinidad de cristales, y ni que decir tiene que los de las monteras de algunos
patios se han hecho añicos completamente. También han ocurrido algunas
inundaciones, y el agua arrastró cantidad tan inmensa del pedrisco caído que en
algunos lugares se formaron capas espesísimas […] Pero donde la tormenta ha causado daños irreparables ha sido en el campo, y gracias que el núcleo del fenómeno no alcanzó a la principal parte de nuestra vega. Aunque aún no tenemos noticias de los perjuicios que se hayan originado en los partidos de la sierra, sobre los que principalmente se desencadenó aquella, los daños que se presentan en los alrededores de la población son por demás tan importantes, que justifican el temor de que las pérdidas sumarán muchos miles de duros y ocasionarán la ruina de numerosos labradores. 19340527 06 El Sol de Antequera Se estimó que los daños
afectaron a cuatrocientos campesinos de la comarca, que fueron valorados en
700.000 pesetas. Los diputados por la
provincia de Málaga, Benito Luna Anoría y Antonio Acuña Carballar, presentaron
en las Cortes el 30 de mayo, un escrito dirigido al ministro de Agricultura: “Los Diputados que suscriben solicitan del
señor Presidente de la Cámara traslade lo siguiente al Sr. Ministro de
Agricultura. Teniendo los que suscriben conocimiento de los
gravísimos daños experimentados por modestos labradores de la ciudad de
Antequera, a consecuencia del enorme pedrisco desencadenado en sus campos, y en
gran parte ha destruido la cosecha, ruegan al Sr. Ministro de Agricultura que,
previos los necesarios informes, procure cuantos medios económicos basten para
remediar siquiera en parte el mal experimentado por aludidos labradores. Palacio del Congreso a 30 de Mayo de 1934.- Benito Luna.- Antonio Acuña” Diario de Sesiones num.90, Pág. 3273 COMIENZA LA HUELGA En medio de una gran incertidumbre
sobre el éxito de la misma, el martes 5 de junio se inició la huelga. En
algunos pueblos, fueron a la huelga sin haber cursado la autorización para la
misma. Ese mismo día, el gobernador señor Insúa, nombró como delegado
gubernativo en Campillos, al señor Javier Rojas Álvarez, oficial del
ayuntamiento de Antequera. Según palabras del gobernador, ese primer día, se declaró la huelga en menos de la mitad de los pueblos de la provincia, y en todos ellos con carácter parcial y con un ambiente pacífico. En algunos sitios, fueron detenidos algunos individuos por repartir pasquines, o por celebrar reuniones clandestinas. A Cuevas de San Marcos, a requerimiento del alcalde, fueron enviadas fuerzas de Asalto desde Antequera. El día 6, en Teba, el delegado gubernativo detuvo al alcalde, el socialista Cristóbal Moreno Verdugo, que también ostentaba la vicepresidencia de la sociedad Obrera, a un teniente de alcalde y a un concejal, los tres socialistas, porque, aunque de un modo pasivo, alentaban a los obreros a que fueran a la huelga. Fueron suspendidos de sus cargos. En Sierra Yeguas, esa noche, en los extramuros de la localidad, en una era, fueron incendiados quince carros de mieses; los autores fueron detenidos por la Guardia Civil. En Villanueva del Rosario, grupos de campesinos armados con garrotes, obligaban a los que trabajaban a que dejaran las faenas. De Antequera, salieron guardias de Asalto al mando del teniente Enrique Guirval, siendo recibidos en la plaza del pueblo a pedradas por los huelguistas. Con la ayuda de los tres guardias civiles que había en el pueblo, se practicaron quince detenciones, entre ellas la de Pedro Bueno Lara, y siete miembros más de la Directiva de la sociedad obrera, así como a los ex alcaldes Lorenzo Ramos y Anastasio Párraga, como autores de coacciones. El gobernador comunicó que de los 101 pueblos de la provincia de Málaga, en 23 se declaró la huelga, de los cuales, en siete se practicaron algunas detenciones y se registraron diversos incidentes. En Campillos fue detenido el alcalde, el socialista
Francisco Oliva González, y catorce individuos más, por coaccionar a los que querían
trabajar. En Bobadilla, la Guardia civil detuvo, por declaración de huelga ilegal, al no haberla solicitado, al presidente de la Sociedad de trabajadores del campo, Juan Montenegro Pozo, al vicepresidente Juan Segura Espejo, secretario Juan Romero Guerrero y demás individuos de la directiva, ingresando todos en la cárcel de Antequera. Quizás fuera en Cañete la Real donde tuvo una mayor incidencia el paro, en virtud de las coacciones que por parte de ciertos elementos extremistas se realizó. El teniente de la Guardia Civil Sr. Coronado, que cumplía allí funciones de delegado gubernativo, procedió a la detención de ocho individuos que dirigían el movimiento, y ordenó la clausura de la Casa del Pueblo. El viernes 8 de junio, el alcalde de Cañete, señor Antonio Mesa Rodríguez, y el ex alcalde señor Escamilla, ambos socialistas, fueron conducidos por la Guardia civil a la cárcel de Málaga, acusados de haber soliviantado a las clases campesinas. Los patronos de aquella comarca, solicitaron del Sr. Coronado que les garantizara la libertad de trabajo, pues contaban con obreros libres dispuestos a reanudar las faenas de recolección. El Sr. Coronado les ofreció toda clase de garantías, ya que tenía a sus órdenes las fuerzas necesarias para contener y abortar con rapidez y energía, cualquier perturbación que se intentase. También los
patronos de Campillos deseaban ir a la siega de la cebada, que estaba en su
punto, y para ello, envió el gobernador civil al pueblo, al ingeniero agrónomo señor
Díaz Gómez, miembro de la Comisión Técnica Central, al objeto de que le
informara. De resultas de
ello, el gobernador declaró la obligatoriedad de la siega de la cebada y el
trigo, por no resistir estos cereales más de quince días. Poco a poco fue aminorando el paro, quedando el viernes día 8, tan solo en huelga ocho o diez pueblos, donde no estaban ocurriendo incidentes graves, salvo algunas coacciones, reprimidas por la fuerza pública. Se avanzaba hacia la terminación del conflicto, ya que en la mayoría de los pueblos los afiliados al sindicato socialista habían comenzado a trabajar. Cuando en los pueblos malagueños empezaba a decaer la huelga, en la capital se inició un movimiento de solidaridad con ella, y se planteó ir a una huelga general. Ante esta perspectiva, el gobernador por radio Málaga, lanzó un mensaje la tarde del día 8: Ante los insistentes rumores que circulan constantemente por la ciudad, lanzados con la intención de producir alarma en Málaga y de mantener la intranquilidad, después del rotundo fracaso de la huelga de campesinos, el señor gobernador utiliza este medio de difusión de la Radio para hacer saber a todos que los citadas rumores no tienen ninguna base cierta; que la huelga general de que se viene hablando no llegará a plantearse porque, tratándose de una huelga ilegal, estarán tomadas todas las medidas para que no se produzca, y que si, a pesar de las precauciones tomadas, alguien intentara perturbar la tranquilidad de que actualmente se disfruta en Málaga, sería inexorable y severamente sancionado. El señor gobernador recomienda a todos la necesaria ecuanimidad para sobreponerse a todos los rumores tendenciosos y malintencionados, y la absoluta confianza en los resortes de la autoridad, siempre vigilante y dispuesta a hacer cumplir la Ley a todos y a costa de todo. El día 9 de junio, el gobernador Alberto Insúa, manifestó a los periodistas que la huelga continuaba igual en Teba y Cañete, aunque sus impresiones eran optimistas sobre su finalización. Se trataban de los dos pueblos donde la autoridad gubernativa había detenido a sus alcaldes. En las Cortes, la diputada socialista Margarita Nelken (1894), en la sesión del 7 de junio, hizo la siguiente consideración sobre la huelga de campesinos (quien le corrige es Nicolás Alcalá Espinosa, diputado por Jaén del partido Radical): En ciertas provincias, en las cuales el paro
es absoluto en el campo, tan absoluto que no hay un solo obrero que trabaje,
como Jaén, Cáceres, Badajoz, Granada, Ciudad Real y la casi totalidad de
Toledo, por no citar más, los encarcelamientos son a montones en estos días.
Cierto es que el primer día la huelga no fue total. Una de las medidas que tomó
el Ministro de la Gobernación, aparte de las noticias tan graciosas que manda
difundir por la radio y por la Prensa, y digo tan graciosas, porque, por
ejemplo, a los propietarios de Jaén o de Sevilla que se han atrevido a sacar
las máquinas al campo y les han sido quemadas esas máquinas, o a aquellos propietarios
que han sido muertos... (El Sr. Alcalá Espinosa: Que han sido asesinados.) Muy
bien, asesinados, como asesina también la Guardia civil. […] De modo que, a
pesar de que no pasa nada, hay muchos muertos. (El Sr. Alcalá Espinosa:
Asesinatos.) ¡Llámelos S. S. como quiera! ¡Al fin y al cabo, a mi no me va a
dar miedo! ¡Se lo dará a los patronos! Hay obreros muertos, y donde ha habido
un patrono, como dice S. S., asesinado, ha sido porque el papá de ese patrono
empezó por recibir a escopetazos a unos obreros que iban pacíficamente... (El
Sr. Alcalá Espinosa: De rodillas pidió que le perdonaran la vida. Lo sabe S.
S.) ¡Claro que lo sé!, pero no así. (El señor Alcalá Espinosa: Está faltando a
la verdad a sabiendas.) Ni a S. S., ni a ningún patrono, por muy patrono y muy
embustero que sea, le tolero que me diga eso. El hecho a que se refirieron en el Congreso ocurrió en Vilches (Jaén), cuando unos trescientos campesinos, asaltaron el cortijo “Riego”. El arrendatario del mismo, Adolfo Mira Larrubia, disparó contra los asaltantes, matando a uno de ellos, Francisco Garrido. Los huelguistas mataron al hijo del arrendatario, Carlos Mira Sánchez, de catorce años, que de rodillas les imploraba que le respetaran la vida. Posteriormente incendiaron la finca. El Comité central de huelga de la FTT, en una circular que firma el domingo día 10 de junio, hizo un llamamiento a los arrendatarios y pequeños propietarios, para que vuelvan al trabajo (El Socialista 19340612 05) Precisamente cuando las faenas del campo han de
permitir dar ocupación a todos
los trabajadores, es cuando se ha intentado llevarlos a la miseria más
prolongada, teniéndolos en huelga unos días y excitándolos a destruir lo que
habría de proporcionarles trabajo y pan durante unos meses. Véase qué intención
y qué amor al obrero podía guiar a los
promotores de la pretendida huelga. El fracaso ha venido porque los mismos obreros, en su mayoría, han comprendido lo injustificado y extemporáneo de la huelga. Pero para los indecisos o excitables, ha sido motivo de desistimiento la previsión gubernativa, que se ha hallado dispuesta a mantener el principio de autoridad. 19340610 El Sol de Antequera El problema de orden público se
agudizó en Málaga capital cuando el lunes 11 de junio, fue detenido el concejal
comunista del Ayuntamiento de Málaga, Andrés Rodríguez, por considerársele
implicado en el reparto de unas hojas clandestinas, en las que excitaban a la
huelga general. El alcalde malagueño, visitó al gobernador para pedirle la
libertad del detenido, a lo cual el señor Insúa se negó. El alcalde visitó al detenido en la cárcel, prometiéndote seguir las gestiones por su libertad. El gobernador se refirió a este asunto, diciendo que no estaba detenido sólo el concejal, sino otros comunistas con igual motivo El martes 12, se declaró la huelga general en Málaga: Respondiendo a
órdenes circuladas por la UGT y la CNT, hoy se ha declarado la huelga general
en Málaga, por solidaridad con los campesinos y como protesta contra las
recientes detenciones efectuadas. Estos últimos
días se venían repartiendo hojas clandestinas en las que se excitaba al paro.
Las autoridades, noticiosas anoche de la preparación de este movimiento
comentaron sus precauciones. Hasta la madrugada duró una reunión de autoridades
a la que asistieron el gobernador, el comandante militar, el teniente coronel
de la Guardia civil, el de Carabineros, el comisario de Policía y el capitán de
Seguridad. Se acordó llevar a cabo cuantas medidas de vigilancia y seguridad se
estimaran convenientes por la fuerza en general y en caso necesario utilizar
las fuerzas del ejército. Desde las seis
de la mañana comenzó a observarse movimiento. Comisiones de la UGT y CNT iban
invitando al paro. Los que a dicha hora habían comenzado el trabajo, lo fueron
abandonando. A las nueve, la huelga era absoluta. Ni tranvías ni autobuses
circulan. Los cafés, círculos y el comercio, están cerrados. Sólo estaban
abiertas las tiendas del ramo de alimentación. Los periódicos locales se han
vendido en las respectivas administraciones, y la Prensa de Madrid, en los
puestos de los corresponsales administrativos. También se sumaron al movimiento
los ferroviarios de los talleres y depósitos de la Compañía de los Andaluces. [...] Con objeto de
dar descanso a la fuerza salieron algunas patrullas de soldados, que
recorrieron El gobernador
ha dicho que está dispuesto a sofocar el movimiento. Para ello utilizará todos
los resortes que le reserva la ley en caso necesario, con arreglo al artículo
17 de la ley de Orden público, requerirá el apoyo de la autoridad militar.
Agregó que el ministro de la Gobernación, señor Salazar Alonso le ha prometido
dar órdenes a las capitales cercanas para que se le envíen fuerzas de la
Guardia civil y que en caso preciso mandará toda la fuerza necesaria. Ha sido radiado
el bando del gobernador en el que se garantiza la libertad de trabajo,
afirmando que Málaga es la única donde hay huelga general y anuncia su firme
disposición a mantener el orden. Se han
clausurado todos los centros obreros incluso el de 19340613 023 La Vanguardia El segundo día de huelga en la capital, transcurrió con numerosos incidentes y enfrentamientos. En la calle del Carmen resultaron dos personas heridas por armas de fuego de las fuerzas del orden. Por la noche, en el Llano de la Trinidad, en un tiroteo, dos hombres resultaron heridos de gravedad. Destaca un atentado perpetrado contra el coche del teniente coronel de la Guardia civil, Aquilino Porras, y el comandante Francisco Villalón del que salieron ilesos. Ya de madrugada, explosionaron varios artefactos en diversos puntos de la capital. Al tercer día, tendió a normalizarse la situación, aunque en los barrios del Perchel y la Trinidad, se repitieron los tiroteos. Fuera de los hechos de la capital, en la provincia transcurrían esos días con tranquilidad, continuando la huelga de campesinos en pocas localidades. En algunas de las más importantes, se retiraron los oficios huelga, yendo al campo todos los obreros. Para el jueves 14 de junio, pudio darse por terminada la huelga de campesinos. Esa noche, también empezaron a circular en Málaga capital, octavillas de los sindicatos ordenando la vuelta al trabajo para el día 15. De acuerdo con
aquella orden de vuelta al trabajo, esta mañana reanudaron todos los obreros
sus actividades recobrando la población su aspecto normal. Se da el caso
de que algunos patronos, considerando roto por los obreros el contrato de
trabajo, no admiten a su personal, significándose en esta actitud los hoteleros
y los dueños de cafés. El gobernador
se congratuló ante los periodistas de la terminación de la huelga y dedicó
elogios a la fuerza pública, muchos de cuyos agentes han estado de servicio 24
horas ininterrumpidas, y al teniente coronel de la Benemérita, señor Porras,
por su labor y su presencia en los lugares de peligro. Así lo ha comunicado el
gobernador al ministro. Agregó que 300
guardias civiles y de Asalto han venido estos días y continuarán en Málaga,
pues tiene carta blanca en el asunto, incluso para pedir más fuerza. Respecto a los
despidos en masa, dijo que es cosa que depende de la delegación del Trabajo. De
todos modos él intervendrá en sentido conciliatorio, pues no quiere que nadie
se aproveche de las circunstancias con fines egoístas. Elogió también a los delegados gubernativos que nombró para Cañete la Real, Campillos y Teba, con motivo de la huelga de campesinos. 19340616 025 La Vanguardia A nivel nacional, aunque el
movimiento huelguístico de campesinos empezara de manera desigual, tuvo una
evidente amplitud y un tono frecuentemente violento en treinta y ocho
provincias, afectando a unos setecientos municipios, localizados básicamente en Andalucía, Extremadura y algunas
provincias de Castilla, zonas latifundistas donde
estaba muy arraigada la FTT, donde el índice de paro rural era alto y existía
un amplio sector de población jornalera, en situación de extrema pobreza. En no más de 1.600 municipios españoles, hubo alteraciones,
un 18% del total, y solo en 435 hubo huelga real. Abundaron las violencias con
trece muertos y doscientos heridos, en su mayoría personas que se oponían a la
huelga. «La huelga agraria no tuvo el éxito que sus
organizadores habían esperado; en su fracaso incidió la desproporcionada
represión ejercida por el Gobierno y la ausencia de una adecuada coordinación.
Pero además, la negativa de la UGT a apoyar la acción, dictada por la necesidad
de evitar huelgas «irreflexivas» que provocasen el fracaso del movimiento
revolucionario general en preparación (octubre de 1934), marcó el destino en la
huelga campesina, poniendo al tiempo de manifiesto el desconocimiento de los
dirigentes de la UGT acerca de la situación de los agricultores, así como la
ausencia de una coordinación eficaz entre el movimiento obrero y el campesino» A partir de la huelga de junio de 1934, la organización agraria socialista FTT, entró en fase de crisis profunda a causa de la represión contra sus miembros; y ello determinó, en gran parte, la ausencia de campesinos en la revolución de octubre de 1934. Los problemas del campo pasaron a un lugar secundario en las preocupaciones socialistas. Ver mi Crónica «OCTUBRE DE 1934. PARTE PRIMERA. LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA EN TEBA Y EN LOS PUEBLOS DE SU ENTORNO» https://cronicasdelvientosolano.blogspot.com/2022/10/octubre-de-1934-parte-primera-la.html El gobernador civil, mantuvo en la cárcel, hasta el día 16 de junio, al concejal comunista Andrés Rodríguez, que tras su liberación solicitó varias veces al señor Insúa la libertad de los obreros presos, lo cual realizó con los de la capital el martes día 19. Los campesinos no lo hicieron hasta el día 28, excepto los que habían pasado a disposición judicial. El gobernador de Málaga, ha recibido una orden del Ministerio de la Gobernación para que ponga en libertad a todos los presos gubernativos que lo hayan sido por la reciente huelga de campesinos, exceptuando a aquellos que estén sometidos a proceso. 19340629 022 La Vanguardia En Teba fue destituido el alcalde, Cristóbal Moreno Verdugo, y la mayoría de los concejales socialistas, y en su lugar, el gobernador civil nombró, el 19 de junio, una Comisión Gestora integrada por personas de derechas y presidida por Francisco Lora Vera. Cuando estaban ocurriendo estos sucesos en toda España, en Madrid, el 10 de junio de 1934, se producía el asesinato del joven campillero Juan Cuellar Campos. El relato de esta muerte lo hice en mi Crónica «LA TRAGEDIA DE UNA FAMILIA DE CAMPILLOS EN EL MADRID DE LA SEGUNDA REPÚBLICA» https://cronicasdelvientosolano.blogspot.com/2022/07/la-tragedia-de-una-familia-de-campillos.html MANUEL GIMÉNEZ
FERNÁNDEZ, MINISTRO DE AGRICULTURA Con el cambio político que hubo a raíz de las elecciones de noviembre de 1933, se paralizaron las expropiaciones, y se utilizó sólo el de los asentamientos temporales, unos 3.650 hasta fines de 1934. Al igual que el golpe frustrado de Sanjurjo propició una aceleración de la reforma agraria, la revolución de octubre de 1934, lo hizo en sentido inverso con la Ley de contrarreforma y con la Ley de arrendamientos. Según el Instituto de Reforma Agraria, cuando se detuvo el proceso, se
había asentado a 12.260 nuevos propietarios en 529 fincas, con un total de
116.837 hectáreas. Esos campesinos asentados a finales de 1934, era la quinta
parte de los que habría que haber asentado solo en el primer año de República,
según la propuesta de la Comisión Técnica. Fue a partir de octubre de 1934, cuando el PSOE y los sindicatos se hunden,
por encabezar dos movimientos condenados al fracaso: la huelga de junio y la
revolución de octubre. Fue cuando algunos ayuntamientos son sustituidos por
Comisiones Gestoras, cuando los Jurados mixtos dejan de funcionar, y cuando las
patronales desde una posición de superioridad, abandonan la negociación con los
obreros. Una vez que el gobierno de
centro-derecha sofocó la revuelta fue cuando, por dimisiones de alcaldes y
concejales y, sobre todo, por destituciones, cambió la faz de 1.116 ayuntamientos
españoles (el 13.4% del total) que estaban en manos de socialistas y de la
izquierda republicana. En Campillos, la corporación socialista presidida por Francisco Oliva González fue destituida. El gobernador civil nombró una Comisión gestora municipal, la cual tuvo al frente, en poco más de cinco meses, tres alcaldes 27
Octubre 1934 Pedro Gallardo Gallardo Empleado 32 años 14
Noviembre 1934 Manuel Carrasco Gómez Industrial 50 años 30 Marzo 1935 Juan Duran Molina Abogado 23 años Cuando se formó
el gobierno de Lerroux, a primeros de octubre de 1934, el nuevo ministro de
Agricultura, Manuel Giménez Fernández (1896), del sector democristiano de la CEDA, no intentó deshacer la reforma agraria por
completo, sino redefinirla en una manera que permitiese la creación de un
consenso general alrededor de ella. Católico reformista, el nuevo
ministro fue el artífice de una legislación agraria adaptada según él “a las necesidades reales del campo español”.
 Luchó en favor de los yunteros extremeños asentados por
Azaña, y por los pequeños arrendatarios de toda España, que hasta entonces
habían sido descuidados por la legislación republicana. Los
yunteros eran labradores que poseían como instrumento de trabajo una yunta,
generalmente de mulas o burros, y aunque algunos de ellos tenían una pequeña
porción de tierra, la gran mayoría carecían de ella.  Se esforzó por encauzar la reforma agraria conforme a los principios del catolicismo social, logrando la aprobación de una serie de leyes como la de “Protección de yunteros y pequeños labradores” (21/12/1934), y la de “Arrendamientos de fincas rústicas” (15/03/1935), que provocaron malestar y la oposición de importantes sectores de la propia CEDA, singularmente la de los representantes de los grandes propietarios agrarios. Esta
última ley, su obra principal, quedó en su redacción final desvirtuada
por los diputados más inmovilistas de la derecha, a pesar de lo cual introdujo
aspectos beneficiosos para los colonos. Se aprobó en las Cortes, y todos los diputados de su partido votaron
afirmativamente, por disciplina, y por el escándalo y deterioro que atraería a
la CEDA si hubieran hecho lo contrario. Su situación, sin
apoyos internos y sin la confianza de Gil-Robles, era débil y acabó dejando el
Ministerio sin aprobar la reforma agraria que él quería, una reforma que él
consideraba imprescindible, pero sin sectarismos ni persecuciones. Tras cesar
en el cargo en abril de 1935, Giménez Fernández continuó en la política encuadrado
en la CEDA y ocupó la vicepresidencia primera del Congreso. Pese a las garantías dadas por
Giménez Fernández en su ley, las concesiones temporales de tierra no fueron
renovadas a los yunteros extremeños, que fueron expulsados sin más de las
tierras que trabajaban desde 1932. Decenas de miles de pequeños arrendatarios fueron expulsados antes de que pudieran empezar a gozar de los derechos que había conseguido Giménez Fernández en su ley de Arrendamientos. LA CONTRARREFORMA AGRARIA Nicasio Velayos Velayos
(1877), fue el ministro de Agricultura que sustituyó a Giménez González en el
gobierno de Lerroux. Era miembro del Partido Agrario y perteneciente a una familia con un gran patrimonio rústico.  Elaboró la ley que modificaba la Reforma agraria del Gobierno de Azaña, siendo presentada a las Cortes el 3 de julio de 1935, y aprobada por
una amplia mayoría el 1
de agosto de 1935. (Gaceta de Madrid.- Núm. 222 del 10
de Agosto de 1935).
En una disposición transitoria de esta
ley, se ordenaba publicar en el término de tres meses, una edición oficial de
la ley de Reforma Agraria, dando nueva redacción a las Bases de 1932, que
hubieran sido modificadas por la nueva ley, armonizando los textos que resultasen
contradictorios e incluyendo en el lugar oportuno las nuevas disposiciones. La ley de Reforma Agraria definitiva,
que salió el 9 de noviembre de 1935 (Gaceta 19 y 20 de noviembre), fue conocida
habitualmente como “Contrarreforma Agraria”, y supuso
la derogación de la reforma agraria de la izquierda. En ella, no varió la
estructura de los censos de campesinos en cuanto a su obligatoriedad y
composición, aunque se suprimió la referencia a las sociedades obreras como
beneficiarias de asentamientos. Entre otras
cosas la nueva ley, anulaba el inventario de fincas expropiables que realizaba el Instituto de Reforma Agraria (IRA), suprimía la expropiación sin indemnización, y además
otorgaba a los propietarios expropiados la
posibilidad de intervenir en la tasación oficial de sus propiedades, que antes
la fijaba de forma unilateral el gobierno,
negociando con el IRA, y además, en caso de disconformidad se podía recurrir a
los Tribunales. Por otro lado, se reducía el presupuesto del IRA para las
indemnizaciones, con lo que sólo podrían asentarse dos mil campesinos por año. Una de las críticas que se hacía a la
nueva reforma agraria era que potenciaba la producción triguera, en un momento
en que la de presión de los mercados mundiales hacía poco aconsejable seguir
con el aumento de la superficie dedicada a cereales. De propia iniciativa, Nicasio
Velayos trató de articular mecanismos que estabilizaran a la larga el precio
del trigo, protegiendo a los agricultores, retirando del mercado el cereal en
tiempos de sobreproducción y reintroduciéndolo en épocas de carestía, medida
que sería aplicada por los ministros franquistas en décadas posteriores, pero
en ese momento fracasó. A raíz de la huelga de
junio de1934, el semanario El obrero de
la tierra, órgano de expresión de la FTT, fue clausurado por el gobierno. El
13 de julio de 1935, fue fundado el periódico Claridad, que representaba al ala más a la izquierda del
socialismo, la facción de Largo Caballero, en contraposición a El Socialista que estaba controlado por
el ala más centrista de Indalecio Prieto. Desde Claridad, el secretario general
de la FTT, Ricardo Zabalza, siguiendo las directrices de Largo Caballero, en
las cuestiones agrarias, dio un nuevo impulso al sindicato, lo que permitió que
desde finales de 1935, pudiera realizar una presión constante al gobierno, que
se vio forzado a realizar concesiones. LA POLITICA AGRARIA DEL FRENTE POPULAR Las propuestas de la FTT se
aproximaban cada vez más al programa agrario que había permitido a los
bolcheviques la toma del poder en Rusia. Fueron éstas las que prevalecieron en
el movimiento socialista a la hora de elaborar las propuestas para desarrollar el
programa electoral del Frente Popular. Largo Caballero consideraba
indispensable olvidar la línea reformadora seguida en el primer bienio
republicano, e incluir en la alternativa socialista la nacionalización y colectivización de la tierra, a excepción de la pequeña propiedad que estaba
cultivada directamente por sus dueños. La elaboración de dicho programa en
materia agraria, fue un difícil equilibrio entre los socialistas que defendían
la lucha de clases y la colectivización, y cuando ésta no fuera posible, el
cooperativismo; y la nacionalización de las tierras; y los republicanos de
izquierdas, que pretendían sencillamente remover los obstáculos para un
desarrollo social de la agricultura. El programa agrícola que se acordó, era bastante moderado, tanto es así que no se aceptó la petición socialista de nacionalización de la tierra, y presentaba medidas como dar más facilidad a los campesinos para la concesión de créditos, rebajarles la presión fiscal, fomentar la enseñanza agrícola, derogación de la ley de Arrendamientos, rescate de bienes comunales, etc. El programa se puede ver en el periódico El Socialista del 16 de enero de 1936). Con
la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, la política agraria fue impulsada, por primera vez, por un Gobierno
cohesionado, compuesto exclusivamente por republicanos, sin contradicciones
internas, y dispuesto a llevar la iniciativa con su programa de reformas sociales
y económicas. Hubo una mayor coherencia en la acción gubernamental y un
reforzamiento de los planteamientos reformistas dentro de las Cortes, donde
encontró un clima propicio para que aquella prosperara. Fue con los gobiernos
de Manuel Azaña y Santiago Casares Quiroga, cuando empezó a vislumbrarse la
posibilidad de una verdadera reforma agraria. De lo que se trataba era de
crear una amplia clase de pequeños propietarios agrarios, abandonando cualquier
idea de colectivizar el campo. Este postulado doctrinal, que durante la
legislatura constituyente parecía irrenunciable por la presencia del PSOE
dentro del Gobierno, terminaría conduciendo a la impotencia a aquel inicial
programa reformista. Las luchas entre las tendencias reformista y
revolucionaria dentro del socialismo español prosiguieron en estas fechas, pero
se desarrollaron en un marco alejado de la acción gubernamental y, por tanto,
sin afectar a la estabilidad y cohesión del gobierno. El nuevo gobierno intentó dar una solución definitiva al problema agrario. El nuevo ministro de
Agricultura, Mariano Ruiz-Funes, de Izquierda
Republicana, lo hará usando la Ley de Contrarreforma
agraria promulgada por Narciso Velayos. La
fórmula que empleó fue facultar al “Director
del IRA para disponer y ordenar que
se proceda a las ocupaciones temporales que prescribe el artículo 27 de
la ley de 9 de noviembre de 1935, como medio de anticipar los asentamientos en
todas aquellas fincas que hayan sido declaradas de utilidad social, sin
perjuicio de incoar el oportuno expediente de expropiación”. La ley de contrarreforma del
ministro Velayos, había introducido la
posibilidad de llevar a cabo, en casos
especiales, la
expropiación de cualquier finca por motivos de “utilidad social”, lo que
permitía al gobierno la anexión de tierras de forma automática. La cláusula de “utilidad social”, se convertiría en el
instrumento legislativo aplicado por el gobierno del Frente Popular para
facilitar la ocupación de tierras de una manera que los
autores de la ley nunca habían pensado: legalizando a posteriori las
ocupaciones ilegales de fincas por los campesinos, o para realizar las
ocupaciones que el IRA autorizara. En el preámbulo del Decreto de 20
de marzo de 1936, publicado en la Gaceta del día 28 de marzo, se decía: Para
solucionar este conflicto procede que por el Instituto de Reforma Agraria se
haga aplicación de la facultad que le concede el artículo 14 de la Ley de 9 de
Noviembre de 1935 y se declaren de utilidad social todas aquellas fincas
situadas en un término municipal o que se extiendan a los varios municipios que
puedan resolver el problema agrario y, a la vez, que sean ocupadas
temporalmente, en tanto se incoa el expediente de expropiación de las mismas,
con la sola finalidad de anticipar los asentamientos. Cualquier duda que existiese sobre este asunto, fue resuelta a las cinco de la madrugada del 25 de marzo de 1936, cuando unos 60.000 campesinos simultáneamente, al grito de ¡Viva la República!, ocuparon más de 3.000 fincas (más de 200.000 hectáreas) en la provincia de Badajoz. La invasión se realizó de forma pacífica y sin incidentes con los latifundistas, ni con las autoridades, en más de 280 pueblos simultáneamente. La táctica no podía haber obtenido mayor éxito. Con una única acción, los campesinos habían ocupado mucha más tierra de la que se les había entregado en los últimos cinco años. La sublevación de los campesinos de Extremadura produjo un verdadero pánico en los círculos gubernamentales, temiendo que la "revolución" se extendiera al resto de campos. El gobierno mandó tropas, pero en cuatro días tuvo que retirarlas, porque sólo llevando a cabo una masacre hubiera podido desalojar a tantos campesinos. En vez de emplear la fuerza, el Gobierno se vio obligado a enviar un equipo de ingenieros y de funcionarios del Instituto de Reforma Agraria para dar una apariencia de legalidad a la apropiación de la tierra. Los resultados fueron verdaderamente espectaculares: entre marzo y los primeros días de junio de 1936 se consiguió la distribución de casi medio millón de hectáreas entre unos cien mil campesinos, cuatro veces más tierra que en los cinco años anteriores. Además, como reconoció el ministro de Agricultura, Mariano Ruiz-Funes en el Parlamento, el reparto masivo de tierras había sido posible gracias a la aplicación del artículo 27 de la ley de 1935 del anterior gobierno conservador, que permitía las expropiaciones amparadas en motivos de «utilidad social».
El tamaño medio
se refiere al número medio de hectáreas por asentado. Extremadura
con 81.297 campesinos en una extensión de 238.797 hectáreas, fue la región, con
mucha diferencia sobre el resto, más beneficiada por el reparto de tierras y
los asentamientos. ASENTAMIENTOS DE CAMPESINOS ENTRE MARZO Y JULIO DE 1936 (IRA)
No fue hasta la primavera de 1936
cuando puede hablarse de la puesta en vigor de una verdadera reforma agraria. Cuando
iban a cumplirse cinco años de la llegada de la Segunda República, el decreto
de 20 de marzo, permitió que se llevara a cabo realmente una reforma agraria, más racional e inteligente en la práctica, afectando a un
menor número de propietarios que la ley de Reforma de 1932. La ventaja de la reforma desarrollada con las ocupaciones temporales masivas de 1936 es que no se expropió, pues la propiedad siguió en manos del propietario a quien se le abonó una renta equivalente al 4 % del valor de la finca ocupada. Según Edward Malefakis en «Análisis de la Reforma Agraria durante la Segunda República»: "Con una transformación tan rápida y tan amplia, empezaron a surgir otra serie de problemas. Problemas fiscales, en que el Estado no tenía suficientes recursos ni para indemnizar a los antiguos propietarios ni para subvencionar a los asentados mientras empezaban a cultivar. Problemas sociales en que no había suficiente tierra en los latifundios para dotar los asentados con unidades adecuadas de cultivo, con el resultado de que empezaron a aparecer presiones para que las tierras de los medianos e incluso de los pequeños propietarios también fueran expropiadas". El presidente del Consejo de Ministros, Manuel Azaña, en un discurso ante las Cortes (Diario de Sesiones del 15 de abril de 1936, p. 286-287), concretó su programa de Gobierno, que era el programa electoral del Frente Popular, y anunció el envío para dentro de dos o tres días de seis proyectos de ley sobre el tema agrario. Solo dos días después, el ministro de Agricultura, Mariano Ruiz-Funes, presentó ante la Cámara (Diario de Sesiones n° 19 del 17 de abril de 1936) los cinco primeros proyectos
El sexto proyecto de ley que había anunciado Azaña, el de Arrendamientos de fincas rústicas, lo presentó en las Cortes el 30 de abril de 1936. Anunció también Azaña en su discurso, que más adelante presentaría una nueva ley, en la que “se toman ciertas disposiciones con tierras procedentes de donaciones y mercedes de la Corona, y que pondrán a disposición de la Reforma agraria la masa de tierras que el Estado español necesita para hacer estas reformas, sin sacrificarse hasta derramar la última gota de sangre de sus venas”. También informó que: “El Gobierno presentará […], una vez aprobadas estas leyes agrarias, la fórmula de crédito indispensable para dar efectividad, no en el papel, a toda la reforma agraria que tenemos en curso. […] Quedara para después la organización del crédito agrícola, la instalación del Banco Agrícola, sin lo cual todo lo que se pueda decir y hacer en este sentido carecería de base económica para su desarrollo en lo por venir”. La CEDA y los agrarios
centraron sus ataques, no en el contenido de las medidas reformadoras
propuestas, que a menudo fueron pasadas por alto, sino en los desórdenes
públicos y en la inseguridad que reinaba en el campo por el descontrol en la
ocupación de las fincas. Solo los diputados monárquicos y carlistas agrupados
en tomo al Bloque Nacional mostraron una oposición abierta a cualquier tipo de
reforma agraria, y a la que consideraban la antesala de una revolución
socialista dirigida contra la burguesía. A la consistencia interna del
discurso socio-económico manifestado por el Gobierno contribuyó en no poca
medida el hecho de que el PSOE no tuviera carteras ministeriales, a diferencia
del periodo 1931-1933. Tanto el partido como el sindicato socialista, PSOE y UGT, se dedicaron durante la primavera de 1936 a animar la presión en el campo, como había sucedido en el primer bienio, cuando estaban en el Gobierno. Incluso pudieron coordinarse con otros grupos obreros, como comunistas y anarquistas, dentro de una estrategia de acción común para el mundo agrario, lo cual habría sido imposible cuando los socialistas ocupaban responsabilidades en el Ejecutivo. |
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