CAÍDA DE MÁLAGA EL 8 DE FEBRERO DE 1937
La ocupación de Málaga por las tropas nacionales, trajo consigo la captura de miles de huidos de numerosos pueblos malagueños y de otras provincias andaluzas que se encontraban como refugiados en la capital y en pueblos próximos. Los que no pudieron huir hacia Almería por la carretera de Motril, fueron detenidos y muchos de ellos pasaportados hacia sus pueblos de origen con la obligación de presentarse a su llegada al comandante militar de su localidad. La mayoría volvió a pie. A su llegada, se fueron presentando en los cuarteles de la Guardia Civil; algunos detenidos en las inmediaciones del pueblo, donde los estaban esperando.
Las detenciones se contaron por millares, se desbordaron las prisiones locales, habilitándose campos de concentración en Torremolinos, Alhaurín o Antequera. Se produjo una masiva depuración de la población, que trajo consigo el encarcelamiento de millares de personas, el saqueo y expolio económico de sus bienes.
En el Decreto nº 79, de 31 de agosto de 1936, la Junta de Defensa Nacional de Burgos, estableció que, para favorecer la necesaria rapidez y “ejemplaridad” en la aplicación de la Justicia, “todas las causas de que conozcan la jurisdicciones de Guerra y Marina se instruirán por los trámites de juicio sumarísimo”. En este aspecto se dieron la mano los dos bandos enfrentados en la guerra.
El juicio sumarísimo es un procedimiento judicial en el que las distintas partes ordinarias del mismo se acumulan en poco tiempo, de tal suerte que se instruye, aportan y valoran las pruebas, juzga, condena y se ejecuta la sentencia en un plazo breve de tiempo. En este caso, fue la Jurisdicción militar la responsable de dichos Juicios sumarísimos, que dieron lugar a las miles de ejecuciones realizadas en Málaga en esa época.
El sumario era secreto, el Juez Instructor recogía el atestado de la detención, interrogaba a los denunciantes y testigos. Además, podía solicitar informes sobre el reo a las autoridades de su pueblo: de la alcaldía, de la Guardia Civil o de Falange. Con estos aspectos recabados, el Juez Instructor tomaba declaración indagatoria al procesado, y cuando consideraba que ya se habían realizado “todas las diligencias para la comprobación del delito y averiguación de las personas responsables”, elaboraba un Auto-Resumen y elevaba sus conclusiones al Auditor de Guerra para que diese por finalizada la instrucción, o si estimaba que hubiera que hacer nuevas averiguaciones.
Si se daba por cerrada la instrucción, se pasaba entonces la documentación al fiscal para que calificase los hechos y propusiera la pena, procediéndose al nombramiento del abogado defensor, el cual apenas disponía de tiempo para estudiar la causa, que a veces afectaba a varios acusados. El Juez Instructor leía entonces los cargos al inculpado, en presencia de su defensor, y el sumario pasaba a Plenario, para la celebración de la vista oral. Aquí finalizaba la tarea del Juez Instructor.
Los Tribunales de los Consejos de guerra estaban formados por un presidente y seis vocales, uno de los cuales actuaba como Ponente, además del fiscal y del abogado defensor, todos ellos pertenecientes a la carrera militar, sin que se les exigiera formación jurídica alguna, salvo al fiscal, que solía pertenecer al Cuerpo Jurídico Militar.
Durante la vista oral, el ponente efectuaba una lectura del sumario, resumiendo las actuaciones llevadas a cabo durante la instrucción, el secretario daba cuenta de los autos, el fiscal solicitaba la pena que consideraba adecuada, y el defensor se limitaba, en general, a pedir clemencia o en todo caso, solicitar la pena inmediatamente inferior a la propuesta por el fiscal.
Aquellos que se opusieron al golpe empleado armas, eran reos de los delitos de Rebelión Militar, y si no las emplearon, de adhesión a la Rebelión, auxilio a la Rebelión, inducción a la Rebelión, o apología de la Rebelión. Formar parte de la junta directiva de un sindicato, ser concejal en un ayuntamiento del Frente Popular, militar activamente en partidos de izquierdas o intervenir en conflictos sociales o laborales, fueron razones más que suficientes para ser acusados de fomentar el clima de desorden y anarquía.
Al final, los acusados podían hablar, y dado que la mayoría eran o analfabetos o de escasa instrucción, apenas podían pronunciar algunas palabras. No solía haber declaración de testigos, ni se hacía en estos juicios sumarísimos el menor esfuerzo para clarificar los hechos, ya que en la mayoría de los casos eran un mero trámite para justificar la sentencia.
CARLOS ARIAS, JUEZ INSTRUCTOR
Cuenta Baltasar Peña, en sus memorias inéditas “Reencuentros conmigo mismo” sobre Carlos Arias:
El mismo día de la liberación de nuestra ciudad, me lo encontré a las pocas horas de entrar el ejército, y aquella noche se vino a dormir a la casa en donde yo pasé la mayoría del tiempo del periodo rojo. Al Consulado de Bolivia, domicilio de D. José Huelin, familiar mío, ya que yo estaba sólo en la casa.Pasamos hasta casi la madrugada contándonos las incidencias de cada uno durante los meses pasados, y por la mañana fuimos los dos a saludar a Bohórquez, Coronel Jurídico de la División de Queipo, a quien yo conocía por su amistad con mi cuñado Francisco Blázquez Bores, y por haber coincidido con él unos meses en el bufete del Abogado del Estado de Sevilla, Sr. Lobo, en el que Bohórquez por aquellos, trabajaba y yo estuve de pasante, por poco tiempo. (Quizás se refiera a D. Manuel Lobo López)Lo saludamos y nos ofrecimos para lo que nos necesitara.Bohórquez le dijo a Carlos que se considerara desde aquel momento militarizado, por su condición de fiscal de la Audiencia, y a mí me advirtió que tendría que esperar unos días hasta saber cuál había sido mi actuación en los meses anteriores.Volvimos a casa, y he de confesar que yo lo hice con preocupación, pues aunque la conciencia no me acusaba de nada, y estuve los últimos seis meses recluido en el Consulado, me dolió sin duda la desconfianza que mostraba el Jefe de la Asesoría Jurídica.
Francisco Bohórquez Vecina, con el rango de coronel, el día 18 de julio de 1936 se puso a disposición del general Queipo de Llano participando en la sublevación militar en Sevilla. Organizó los servicios de Justicia Militar en el Ejército del Sur. Era el Auditor de Guerra encargado de ratificar las sentencias de los tribunales militares. Todos los procedimientos, causas y consejos de guerra sumarísimos, pasaban por él.
Como cuenta Baltasar Peña, el coronel Bohórquez comunicó a Carlos Arias que estaba desde aquel momento militarizado, por su condición de fiscal de la Audiencia de Málaga. Así ocurrió también con otros muchos jueces y fiscales de la jurisdicción ordinaria, y aspirantes a las carreras judicial y fiscal, que fueron militarizados con el grado de capitán e incorporados al Cuerpo Jurídico Militar. Junto a los anteriores fueron también militarizados con el grado de tenientes varios abogados malagueños.
En la provincia de Málaga quedaron constituidos de inmediato tres Tribunales castrenses dependientes del teniente auditor de segunda José Manuel Coloma Escrivá de Romaní, delegado en Málaga de la Auditoría del Ejército del Sur, y veintiséis Juzgados Militares de Instrucción, a cargo de jueces civiles, militarizados para realizar esta función. Al frente del Juzgado número 10 estuvo Carlos Arias Navarro.
Ya en los días 9 y 10 de febrero, casi todos los Juzgados estaban constituidos. La rapidez de la implantación de los tres Consejos de Guerra y veintiséis juzgados, solo puede ser entendida en función de la existencia de una estructura previa, diseñada para cuando las tropas nacionales entraran en Madrid. Dicha estructura jurídica encabezada por el coronel auditor de División Ángel Manzaneque y Feltrer, según Ignacio Arenillas de Chaves, oficial honorífico del Cuerpo Jurídico Militar, quedó instalada durante el cerco de Madrid en Talavera de la Reina (Toledo)
Cuando la conquista de Madrid, que a finales de 1936 se consideraba inminente, fracasó, se iniciaba la ofensiva sobre Málaga, y hacia allí se desplazó parte del aparato jurídico militar.
Madrid se alejaba. Vino de sorpresa una orden de rápido traslado a Sevilla, que afectó a un pequeño contingente de jefes y oficiales. La Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación iba a estrenar, en Málaga, el Código Castrense. El día 7 de febrero los expedicionarios hacían noche en Puente Genil. La inmediata dormirían en Málaga.Ignacio Arenillas - «El proceso de Besteiro» (291-294)
A principios de marzo era evidente la incapacidad de los tres Tribunales militares para asumir el volumen de causas generadas en la provincia, por lo que fue necesaria la creación de dos nuevos Consejos de Guerra, que actuaron durante diez días en Málaga, Vélez-Málaga y Estepona. Alguno de los Juzgados de instrucción, que habían venido instruyendo en la capital, se desplazaron también a los pueblos cabeza de partido como apoyo a los allí existentes.
La actuación de estos tribunales, sobre todo hasta la primavera de 1937, se caracterizó por la rapidez. En algunos casos se acumularon en una misma causa un alto número de acusados, e incluso por un mismo Juez Instructor, en una misma vista, se juzgaron varias causas.
Gracias a excelente trabajo realizado por Lucía Prieto Borrego, profesora titular del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Málaga, «Implantación y funcionamiento de la justicia militar en la provincia de Málaga (1937)», podemos saber y cuantificar como fue el proceso represor de la justicia militar en la provincia de Málaga durante el año 1937.
Entre febrero y diciembre de 1937, fueron encausados por el procedimiento sumarísimo de urgencia, al menos a 13.472 personas. De estas personas, más del 56% habían sido procesadas en los primeros cien días, siendo condenadas a muerte, en esos primeros días, 3.175.
A 31 de diciembre de 1937, se habían instruido en toda la provincia de Málaga, al menos, 2.330 causas. Los Consejos de Guerra habían sentenciado a muerte a 4.104 personas, el 30,46% del total de los procesados. En más del 91% de los casos se ejecutó la sentencia.
Si se exceptúa el alto número de condenas a la pena de muerte impuestas en el Juzgado nº 12 que actuó solo en la capital, el mayor volumen de penas de muerte correspondió a los pueblos cabeza de partido: Vélez-Málaga, Ronda y Estepona.
A Carlos Arias Navarro, que era fiscal por oposición de la Audiencia Provincial de Málaga desde julio de 1933, cuando el día 9 de febrero fue con Baltasar Peña a saludar y ofrecerse a Francisco Bohórquez Vecina, Coronel Jurídico de la 2ª División orgánica, y Auditor de Guerra, ya vimos que fue militarizado, nombrándolo Juez de Instrucción del Juzgado Militar nº 10, uno de los veintiséis que se constituyeron en Málaga. Tenía entonces veintiocho años.
Cuenta su amigo Baltasar Peña:
A los pocos días empezó a actuar como Juez Militar, al igual que lo hicieron casi todos los fiscales y jueces que no habían tenido actuación alguna en la época anterior.Pocos días después (22 de febrero) y por un oficio de (Tomás) Garicano, se me nombró a mi Secretario del Juez Militar D. Carlos Arias, y juntos comenzamos a instruir sumarios que se nos iban designando.Fueron sin duda días desagradables, pero en los que las actuaciones de los jueces militares se reducían a tomar declaraciones de los encartados, sin la más mínima violencia y con la premura que exigían los momentos que vivíamos.
Carlos Arias y Baltasar Peña como secretario, procesaron a algunos de los actores más representativos de la represión en la retaguardia malagueña: miembros de los Tribunales Populares y del Tribunal de Urgencia.
Fue el Juzgado Militar nº 10 de Málaga el que instruyó el procedimiento sumarísimo de urgencia nº 3/1937 contra Francisco Millán López miembro del partido sindicalista, uno de los vocales de los Jurados Populares republicanos, y antes miembro destacado del temible "Comité de Salud Pública". Uno de los dirigentes responsables de las sacas que se realizaron en la Prisión Provincial y que produjeron centenares de muertos inocentes.
Cuenta Baltasar Peña en sus memorias:
Uno de los primeros presos que nos llevaron fue Millán el Jefe en Málaga de la F. A. I. y que fue precisamente el que recibió a Carlos cuando lo llevaron detenido al Comité de Salud Pública y quiso ejecutarlo allí mismo; se salvó por la intervención de los Guardias de Asalto que lo llevaron detenido desde la Aduana, que a punta de carabina manifestaron que ellos se llevaban al detenido al sitio donde se lo entregaron, y no permitieron quedara en manos de los que manifestaban tanto deseo de suprimirlo.Esta actitud del Comité de Salud Pública tenía una justificación. Carlos Arias, durante los años 35 y 36 había sido el Fiscal encargado de acusar en el Tribunal que se ocupaba de delitos políticos y de terrorismo, y precisamente en aquel tribunal de los rojos, sus actuales jueces eran los mismos que habían sido acusados meses antes por Arias.Era Carlos Arias y lo fue siempre persona de fácil palabra, de grandes conocimientos jurídicos, cuyas acusaciones tenían siempre seguro eco en los tribunales en que informaba, pero era sobre todo hombre ponderado y pacífico, que jamás tuvo con ningún detenido el más mínimo atisbo de malos tratos, aunque si era insistente y acerado en sus interrogatorios.Tan solo se alteró un poco cuando los guardias nos entraron a nuestra presencia a Millán, al que mirándolo fijamente dijo:— ¿Te acuerdas, Millán, que hace poco me llevaron a mí a tu presencia, y quisiste liquidarme? Mira por donde nos volvemos a ver, pero con los papeles cambiados.Como era lógico, duraron varios días los interrogatorios de Millán, quien por cierto ante la justicia había perdido toda su anterior fanfarrona gallardía y se mostraba como hombre apocado, y dispuesto a decir cuánto sabía con la esperanza de encontrar benevolencia con esta actitud.Hubo un hecho curioso, pero también terriblemente desagradable. Le dijo el Juez si estaba dispuesto a indicar quienes habían sido los componentes de las Patrullas, que fueron las más directas responsables de los asesinatos en Málaga, patrullas compuestas casi siempre por un guardia de Asalto y otros elementos responsables cada uno de las agrupaciones políticas más avanzadas.Sobre estas patrullas recaían sin duda el mayor número de asesinatos, pues en la mayoría de las veces, aunque también hubo excepciones, en vez de llevar los detenidos a la prisión o a la Comisaria, los ejecutaban en las afueras e incluso sacaban los presos de las cárceles para el mismo fin, cuando los bombardeos nacionales caían sobre Málaga o por cualquier descalabro en el Frente.Millán dijo que estaba dispuesto a declarar el carácter de patrullero de los que pusieran frente a él, pues de esta forma no lo considerarían el único asesino de Málaga.Hay que tener en cuenta que ya tenía la Auditoria de Guerra en su poder una colección de periódicos de Málaga de aquella época en la que consecutivamente fueron saliendo retratadas todas las patrullas que actuaron en aquellos meses.A fin de que la actitud de Millán tuviera eficacia, lo situamos en una ventana que daba al patio de la prisión con cristales esmerilados y una mirilla, para que Millán fuera designando los detenidos patrulleros.Se formaron a los detenidos y se les hizo pasar uno a uno frente a la ventana donde oteaba Millán. Apenas habían pasado los primeros, Millán fue designando casi a todos los que pasaban como antiguos patrulleros, hasta que le tocó el turno a un paisano mío, diputado socialista, pero hombre honesto y bueno, a quien también Millán lo designó como componente de patrullas.Interrumpí el paso, llamé a Carlos que estaba dentro del patio de la prisión y le dije:— Vamos a dejarnos de esta prueba, porque creo que es falso todo lo que Millán indica. Este hombre trata de exculparse de su responsabilidad echándole la culpa a otros, y después de haber designado a (Benito) Luna como patrullero, no podemos hacerle ningún caso a estas acusaciones. Estamos ante un hombre acobardado que es capaz de denunciar a su propia madre.Tuvimos por tanto que suprimir la prueba y no insistir más sobre este asunto.La culpabilidad de Millán era tan evidente, su jactanciosa actitud en los meses pasados tan acusada, y su acción tan pública, que el sumario no necesitaba de nuevas pruebas para probar su culpabilidad.
Francisco Millán acusó a un gran número de personas relacionadas con las patrullas que habían actuado a las órdenes del Comité de Salud tanto en la capital como en la provincia. Su declaración, dando el nombre de gran parte de los que participaron en las sacas y asesinatos de personas en los primeros meses de la guerra civil, la podemos leer en el Archivo Díaz Escovar (caja 319)
Otro procedimiento sumarísimo de urgencia que instruyó Carlos Arias Navarro, fue el nº 7 bis/1937 del Juzgado Militar nº 10 contra Benito Luna Anoría, Jesús Mendizábal de la Puente y Juan Piñero Nogales.
Benito Luna había sido nombrado presidente del Tribunal de Urgencia de la capital malagueña, el 17 de noviembre de 1936, siendo Jesús Mendizábal el vicepresidente y Juan Piñero el secretario del Tribunal
Los tribunales de Urgencia, se crearon por Decreto del Ministerio de Justicia republicano (10 de octubre de 1936), para descargar de trabajo, y como complemento de los Tribunales Populares Especiales ya existentes, para que entendieran de aquellos hechos de hostilidad o desafección al régimen, que no fueran constitutivos de los delitos previstos y sancionados en el Código penal común o en las leyes penales especiales.
Por ejemplo, difundir falsos rumores o noticias que tendieran a producir un estado de opinión o alarma adverso a la República; observar una conducta que sin ser constitutiva de delito, demuestre que la persona es notoriamente desafecta al régimen; cualquier otro hecho que por sus circunstancias y consecuencias, deba estimarse como nocivo a los intereses del Gobierno, el Pueblo o la República. Este último párrafo, recogido en el apartado d) del artículo 2º del Decreto, otorgaba a la autoridad gubernativa la potestad para poder castigar por cualquier cosa.
A pesar que se juzgaban actuaciones o hechos que no estaban contemplados en el Código penal, algunas de las sentencias fueron muy severas como la impuesta a Juan Corral González de un año de privación de libertad por ser de Falange (Sumario 32/1936), o la impuesta a José Benitez Díaz de tres años de trabajo obligatorio con privación de libertad por haber sido concejal de derechas en el municipio de Cártama (Sumario 77/1936).
El procedimiento sumarísimo contra Benito Luna, comenzó a instruirse el 17 de febrero de 1937, cuando prestó declaración ante el Juez Instructor, Carlos Arias, estando presente el Secretario, Baltasar Peña. No se tuvo en cuenta en el sumario ninguna de las muchas actuaciones tendentes a la protección de los acusados,
El 3 de marzo Carlos Arias firmaba el Auto-resumen, y al día siguiente se reunió el Consejo de Guerra presidido por el Coronel de Caballería, José Alonso de la Espina y Cuñado, para dictar sentencia. En ese Auto, ya no aparece la firma de Baltasar como secretario, sino la de Fernando Espejo Aranda.
Jesús Mendizábal de la Puente, fue condenado a 12 años y un día de reclusión, como autor de un delito de Auxilio a la Rebelión Militar, que posteriormente fue reducida a 6 años y un día. Benito Luna Anoria y Juan Piñero Nogales fueron condenados a la pena de muerte por ser autores de un delito de Rebelión militar, siendo fusilados el 7 de marzo de 1937.
Sobre este proceso, se puede ampliar información en mi Crónica: «BENITO LUNA ANORIA, EL PADRE DEL SOCIALISMO DE CAMPILLOS. SEGUNDA PARTE»
https://cronicasdelvientosolano.blogspot.com/2024/06/benito-luna-anoria-el-padre-del_26.html
A finales de abril de 1937, Carlos Arias Navarro se marchó de Málaga para incorporarse a la Fiscalía del Ejército de Ocupación en Talavera de la Reina, como capitán honorífico del Cuerpo Jurídico Militar.
Decía su madre Nieves en una entrevista para ABC: «Hay que ver cuánto sufrió “mi fiscalito” para salir de Málaga durante la guerra…»
En los sumarios que instruyó durante los dos meses y medio que estuvo al frente del Juzgado nº 10 de Málaga, procesó a 136 personas. Le sustituyó en el Juzgado, José Martínez Sanz, que había sido juez de Primera Instancia e Instrucción de Marquina (Vizcaya), y posteriormente Ricardo Bautista de la Torre.
Según el trabajo realizado por Lucía Prieto Borrego, «Implantación y funcionamiento de la justicia militar en la provincia de Málaga (1937)», sabemos que en el Juzgado militar nº 10, los tres jueces que tuvo, instruyeron un total de 45 causas, y se procesaron a 259 personas, de las cuales 15 fueron mujeres. No se menciona en el mismo, cuantos fueron condenados a la pena capital por el Consejo de Guerra.
Según Lucía Prieto, Carlos Arias también intervino como vocal Ponente en la vista oral de al menos tres causas. Dicha persona era la encargada de efectuar la lectura del sumario ante el Tribunal militar, resumiendo las actuaciones llevadas a cabo durante la
instrucción.
A principios de 1977, Baltasar Peña escribía en sus memorias «Reencuentros conmigo mismo», lo siguiente:
A principios de 1977, Baltasar Peña escribía en sus memorias «Reencuentros conmigo mismo», lo siguiente:
A las pocas semanas, Carlos, marchaba a Salamanca y se unía a la fiscalía del Ejército de Ocupación con Blas Pérez (González), y precisamente de esta actuación surgió sin duda la amistad y la circunstancia que lo derivó por sus primeros cargos políticos.
Aunque Baltasar dice que se fue a Salamanca, realmente su primera escala tras la salida de Málaga, fue en Talavera de la Reina, donde estuvo inicialmente la Auditoria de Guerra del Ejército de Ocupación.
Fueron solo unos meses, pero nos marcaron tan intensamente que a los cuarenta años los reflejamos intuitivamente como hechos sucedidos hace meses.Lo que es imposible, sobre todo para mí, es enjuiciar si nuestra actuación de entonces fue acertada o equivocada, pero este es un asunto que tal vez nunca pueda desvelarse, porque los hechos eran tan irreversibles, y lo que nos jugábamos entonces tan decisivo, que a fin de cuentas hay que asegurar que lo que cada uno hizo no fue más que lo que las circunstancias le iban imponiendo en cada momento.
Los momentos que se vivían, eran momentos de guerra y de nerviosismo, que alcanzaron a todos, lo mismo a vencedores que a vencidos, y cada uno, como es lógico, vivió su caso con arreglo a sus circunstancias.
Blas Pérez González, el 20 de mayo de 1937 se había integrado en la Asesoría Jurídica del Cuartel General de Franco en Salamanca. Más tarde en Burgos, fue nombrado jefe segundo de dicha Asesoría Jurídica. Por esas fechas debió conocer a Carlos Arias Navarro. El 10 de noviembre de 1938 fue nombrado Fiscal del Tribunal Supremo, y el 9 de septiembre de 1942 ministro de la Gobernación, cargo en el que permaneció hasta 1957.
Carlos Arias, con el grado de capitán honorífico, participaría como Fiscal en la Auditoría de Guerra del ejército franquista a medida que sus tropas iban avanzando por el norte. En los dos últimos años del conflicto, estuvo destinado en Talavera de la Reina, Bilbao, Santander, Castellón de la Plana y Arenas de San Pedro, donde participó en los juicios sumarísimos.
Cuando finalizó la guerra, por la ley de 8 de agosto de 1939, se modificó la organización de la Administración Central del Estado, creándose el Ministerio del Aire. Al constituirse el Cuerpo Jurídico del Aire, Carlos Arias ingresó con el número uno en la escala de complemento.
En la declaración que realizó como testigo para la Causa General (CG 1060.3) el 24 de septiembre de 1942, aparece como Capitán Jurídico de Complemento del Ejército del Aire, destinado como tal en la Asesoría Jurídica del Ministerio del Aire.
Por esas fechas, compaginaba su trabajo en la Asesoría Jurídica, con la preparación de unas oposiciones a Notarías, las cuales aprobó. El 29 de septiembre de ese año, aparece en el BOE su nombramiento para cubrir la vacante de Notario en Cuevas del Almanzora (Almería). En dicho puesto permaneció hasta mayo de 1944.
Durante esos primeros años de posguerra, es un hombre apartado de la política y no se siente miembro de ninguna de las «familias» del nuevo Régimen. En 1943 muere su madre, quedando sumido en una profunda tristeza; tiene treinta y cuatro años y está soltero.
Desea volver a Madrid, y lo consigue al ser nombrado Abogado Fiscal de la Audiencia territorial de Madrid (BOE del 2 de mayo de 1944). Al ser este cargo incompatible con el de Notario, unos días más tarde, pidió y se le concedió la excedencia de su puesto en la notaría de Cuevas del Almanzora (BOE del 4 de julio de 1944).
Unos años antes en enero de 1941, tuvo que solicitar su readmisión en la carrera fiscal. Al haber desempeñado el cargo de fiscal durante la Segunda República, se tuvo que someter al estudio de sus actuaciones de aquella época por la Jefatura de Depuración de Funcionarios de la Administración de Justicia. Fue readmitido sin imposición de sanción (BOE del 27 de enero de 1941)
INICIA SU CARRERA POLÍTICA
A finales de 1944 se produce el punto de inflexión de su vida y su incorporación a la vida política del franquismo. En diciembre, a instancias de Romualdo Hernández Serrano, que era el Fiscal Jefe de la Causa General, Carlos Arias fue nombrado Gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de León, una provincia por la que aún merodeaban en los montes restos del maquis. Antonio Hernández Gil, que fue presidente de las Cortes durante la Transición, era hijo de Romualdo Hernández.
En su nombramiento como Gobernador, también tuvo que ver el general Camilo Alonso Vega, que unos meses antes había sido nombrado Director General de la Guardia Civil. Ambos se conocieron durante la Guerra civil, cuando Carlos Arias abandona Málaga y se incorpora al Ejército del Norte, donde el entonces coronel Alonso Vega, que posteriormente sería ministro de la Gobernación (1957-1969), mandaba la 4ª División de Navarra. Alonso Vega, se convertiría en su principal promotor político.
Durante su periodo como Director General de la Benemérita, Alonso Vega emprendió una dura campaña de represión contra el maquis y la oposición antifranquista (PCE, CNT). Franco habría dejado en sus manos las cuestiones relacionadas con el Orden público, incluso por encima del entonces ministro de la gobernación Blas Pérez González.
En León conoce al empresario cántabro Emilio del Valle Egocheaga (1890-1972), propietario de la compañía “Hullera Vasco-Leonesa”, al que los maquis secuestran a un hijo. Carlos Arias, como Gobernador civil, se involucra en la negociación y consigue su liberación, no sin el pago previo de un rescate. A raíz de su amistad con el padre, al que le unía la afición a la caza, Carlos Arias inicia una larga relación de diez años con la hija del empresario, Mari Luz del Valle Menéndez. Nacida en 1910 en Reinosa (Cantabria).
Emilio del Valle estaba casado con Emilia Menéndez Mori, natural de Oviedo. Tuvieron once hijos, de los que Mari Luz hacía la número cuatro. Hacia el año 1933, toda familia se había trasladado de Reinosa a León, donde les sorprendió el inicio de la Guerra civil.
Después de cuatro años como Gobernador civil de León, en febrero de 1949, es sustituido en el cargo, y se reintegra en el servicio activo de la carrera fiscal en la Audiencia Territorial de Madrid.
En diciembre de 1950 vuelve de nuevo a la Notaría (BOE 14 de diciembre de 1950), ahora en Almodóvar del Campo (Ciudad Real), donde permaneció hasta noviembre de 1951, cuando pasa a desempeñar el cargo de Gobernador civil y jefe provincial del Movimiento en Santa Cruz de Tenerife, pasando en octubre de 1954 a serlo de Navarra, hasta 1957.
Siendo Gobernador civil de Navarra, en octubre de 1956, se casa con María de la Luz del Valle Menéndez. La ceremonia religiosa se celebra en el Oratorio de Nuestra Señora de Lourdes, en Madrid. Carlos tenía 48 años, y ella 46. No tuvieron hijos.
En junio 1957, Camilo Alonso Vega, nombrado ministro de Gobernación, le ofreció el cargo de Director General de Seguridad. El matrimonio se traslada a Madrid y se instalan en un piso de la calle José Abascal, debajo de los padres de ella, que se habían marchado de León a principios de los años cincuenta.
Estuvo como Director General de Seguridad ocho años, hasta febrero de 1965, fecha en que pasa a ser alcalde de Madrid, donde sustituyó a José Finat y Escrivá de Romaní, conde de Mayalde.
En octubre de 1967 fue elegido procurador en Cortes en representación del Ayuntamiento de Madrid, y poco más tarde, Consejero del Reino por el tercio de procuradores de representación local.
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| Alcalde de Madrid |
Durante ocho años y cuatro meses fue alcalde de Madrid. Esa etapa de alcalde, fue para él una de las más satisfactorias de su carrera política, dándole una gran proyección nacional e internacional.
Realizó grandes proyectos como la remodelación del Cuartel del Conde Duque, de la Casa de la Moneda, de la Universidad de San Bernardo y del Cuartel de la Montaña, la construcción de pasos elevados para facilitar el tráfico (los antiguos “scalextric”) o la autorización para la construcción de la muy criticada Torre de Valencia, frente a una de las esquinas del Parque del Retiro.
En ese momento, Arias Navarro era un político con apoyos en el régimen franquista, tenía fama de hombre con una enorme capacidad de trabajo, un gran sentido del principio de autoridad y disciplina, y de ser un gestor eficiente.
Disfrutaba de una situación económica desahogada, producto de las rentas que le proporcionaba su profesión de notario y la fortuna de su esposa. Su amistad con Alonso Vega le abrió las puertas de El Pardo, siendo uno de los pocos políticos del régimen que mantuvo una relación amistosa con la familia Franco, en especial con Carmen Polo.
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| Carlos Arias con su esposa Mari Luz del Valle |
En abril de 1971 tomó posesión de su cargo como notario de Madrid, carrera en la que había ingresado en 1942, razón por la que es declarado excedente voluntario en la carrera fiscal.
Cuando en junio de 1973, el almirante Luis Carrero Blanco fue nombrado presidente del Gobierno, le incluyó en su gabinete como ministro de Gobernación. Arias Navarro era entonces un franquista puro, sin adscripción a una familia concreta.
Seis meses después, el 20 de diciembre de 1973, Carrero Blanco moría en Madrid, víctima de un atentado de la banda terrorista ETA. Aunque muchos pensaron que sería destituido, pues su cargo le convertía en el responsable último de la seguridad de Carrero, no sólo no ocurrió así, sino que Franco lo eligió para sustituirle en la presidencia del Gobierno.
El 2 de enero de 1974, juró el cargo de Presidente en el palacio de El Pardo. En aquellos momentos, Carlos Arias era un hombre de ley y orden; y sobre todas las cosas, muy fiel a Franco.
Llevó a cabo una importante renovación gubernamental, ya que de los diecinueve ministros que nombró, sólo ocho provenían del Gobierno de Carrero. Se rodeó de personas que hacían pensar en un cambio de rumbo hacia la democracia.
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| El Gobierno de Arias Navarro |
En su discurso inaugural en las Cortes, el 12 de febrero de 1974, anunció su propósito de poner en marcha una apertura controlada del régimen, dejando al país esperanzado. Era lo que se vino a llamar el «espíritu del 12 de febrero». Por esa razón, fue bien recibido por los sectores aperturistas del franquismo. La oposición antifranquista, por el contrario, se mostró muy escéptica ante aquel anuncio.
Fue un discurso que para algunos sectores del sistema era una puerta abierta a la esperanza. El programa preveía la elección de alcaldes y presidentes de Diputaciones, autonomía de los sindicatos verticales, más representatividad en las Cortes (el número de procuradores electos sería incrementado de un 17 a un 35 por ciento), estatuto de asociaciones políticas, que no partidos, “para promover la ordenada concurrencia de criterios conforme a los principios de nuestras Leyes Fundamentales”
La reforma que planteó, a pesar de ser tímida y ambigua, se encontró con la oposición del "bunker" del régimen, que hizo todo lo posible por paralizar cualquier reforma. De manera que los intentos aperturistas iniciales se detuvieron a los pocos meses, decepcionando a la opinión pública. Tampoco la oposición democrática quiso pactar con lo que consideraba una operación de maquillaje para alargar la vida del régimen.
Con la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, el rey Juan Carlos I depositó en él su confianza. Carlos Arias vuelve a intentar retomar ese «espíritu del 12 de Febrero», pero su visión de Europa, del mundo y de la democracia es tan corta que compromete seriamente a la nueva Monarquía, que ya iba lanzando mensajes por el mundo sobre lo que el Rey consideraba que tenía que ser el futuro de España. Ya en su primer discurso ante las Cortes, el monarca proclama que quiere ser el Rey de todos los españoles.
Las relaciones entre el Rey y el presidente se hicieron cada vez más tirantes, pues los titubeos de Arias Navarro y su incapacidad para poner en marcha el programa reformista, estaban poniendo en entredicho a la Monarquía. Arias se va convirtiendo en un tapón para que el avance de las libertades. Su intención de preservar el legado de Franco, en una sociedad que reclamaba públicamente la normalización democrática, propiciaron finalmente su caída.
Carlos Arias, antes de ser cesado por el Rey, le presenta su dimisión propiciando, en ese julio de 1976 el inicio, con la designación de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, de la Transición española.
En las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, Carlos Arias Navarro se presentó como candidato al Senado en Madrid por Alianza Popular, con un programa basado en sus logros como alcalde. Pero tras sufrir una estrepitosa derrota, se retiró de la política y de la vida pública.
Falleció el 27 de noviembre de 1989 en su casa de la urbanización "La Florida" en Madrid. En 1997 fallecía su esposa Luz del Valle.
En 1995, la compañía "Hullera Vasco-Leonesa", la empresa de la familia de su esposa, creó una Fundación, un proyecto cultural destinado a la gestión del patrimonio documental de la empresa, la promoción de la cultura y el patrimonio de León y su provincia. Allí quedó depositado el archivo personal de Carlos Arias Navarro.
"CARNICERITO DE MÁLAGA"
Durante la campaña electoral de las elecciones de junio de 1977, y en plena feria taurina de San Isidro en Madrid, el periodista Francisco González Cerecedo, publicó en el periódico «Diario 16» una serie de semblanzas de personajes políticos de actualidad, redactadas en clave taurina. El 19 de mayo, publicó una con el título «Carlos Arias, Carnicerito de Málaga».
El artículo decía así:
Carlos Arias Navarro, «Carnicerito de Málaga»; Madrid, 1908. Torero, al mismo tiempo, duro y lacrimógeno, que se emociona fácilmente con las adversidades de la fiesta, en especial cuando es televisada en directo. A pesar de haber nacido en Madrid, se inició como novillero en Málaga, en 1939, destacando rápidamente en el manejo de la espada, suerte en la que adquirió tan dilatada notoriedad que, en un tiempo récord, tomó la alternativa como matador, superando la feroz competencia existente en el ruedo ibérico en aquellos momentos. El historiador de las hazañas hispanas, Gabriel Jackson, no ha podido menos de reconocer doblemente que los fastos de la plaza de Málaga, en 1939, podían competir sin desdoro con los de la plaza de toros de Badajoz, que obtuvieron más éxitos de crítica.A partir de aquella época, arrastrado por su enorme afición, Carlos Arias no dejó de estar presente en la tragedia multicolor de la fiesta durante más de treinta y siete años. Como primera medida, nada más llegar a Madrid, en 1957, encontró alojamiento cerca de la taurina calle de la Victoria, en un viejo caserón de la Puerta del Sol, donde permanecerla ocho años.Mucha nostalgia debió haber sentido «Carnicerito de Málaga» de los años pasados en aquella castiza zona de la capital, por donde desfilaron tantos españoles, porque, alejado por los avatares de la vida, y ya situado, no vaciló en regresar, en cuanto pudo, en 1973, a los entrañables muros.No le iba a durar mucho la alegría. Meses más tarde triunfador en la importante feria de El Pardo, tras la vacante producida por la muerte violenta de «El Almirante» se convierte en cabeza de cartel y traslada su domicilio a Castellana 3, desde donde emprendería una decisiva labor para el auge de la fiesta nacional. Hay que subrayar, entre otras, la audaz medida, asombro de propios y extraños, destinada a propagar las corridas entre extranjeros, tomada el 10 de febrero de 1976, abaratando enormemente las entradas de los toros mediante una oportuna devaluación de la peseta. […]Tras una retirada de diez meses, Carlos Arias acaba de reaparecer en los ruedos después de haberle pedido la almohada para meditarlo al «Niño del Referéndum».Jamás torero alguno ha mantenido propósitos tan elevados: «Vuelvo porque estamos dando el ridículo ante el mundo.» Y luego ha añadido: «Y por amor a España y en servicio del Rey». Y con riesgo de que se marchiten sus geranios de Aravaca. Se ignora si volverá con los antiguos peones, Gabriel Cisneros, Luis Jáudenes y Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, que un día quedaron deslumbrados por aquel pase de adorno denominado «el espíritu del 12 de febrero».Carlos Arias llega de nuevo con la convicción de que los valores de la fiesta nacional se hallan en peligro, los toros vascos, catalanes y gallegos se caen continuamente y ya no aguantan los tres puyazos reglamentarios de goma ni unas banderillas de humo, tampoco se respetan los principios fundamentales del toreo y las gentes arrojan urnas a los ruedos. Se hace necesario restaurar la olvidada suerte suprema. Lamentablemente, la afición interesada en nuevas figuras, no le hace demasiado caso.
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| Foto que aparece en el libro |
Cerecedo escribió otras semblanzas de políticos, como:
- «Manolo Fraga, El Niño del Referéndum»
- «Santiago Carrillo, Currito de la Zarzuela»
- «Enrique Tierno Galván, El Estudiante»
- «Joaquín Garrigues Walker, El Multinacional»
- «Torcuato Luca de Tena, Frescuelo II»
- «Laureano López Rodó, El Niño de las Monjas»
- «Joaquín Ruiz-Giménez, El Monaguillo»
- «José Antonio Girón, Fortunita de la Cruzada»
- «Adolfo Suarez, El Posturas de la Moncloa»
- «Blas Piñar, Bombita»
- «Felipe González, Morenito de Bonn»
Estas crónicas pertenecen a la gran tradición española de política y toros. La codificación taurina de la política alcanza en estos escritos un humor singular. La capacidad de Cuco Cerecedo para la metáfora irónica, bordada sobre la historia pública de cada diestro y siniestro, donde no faltan esas notas de impiedad que caracterizan las luchas literarias del Siglo de Oro, sigue despidiendo hoy los mismos destellos que nos deslumbraron hace unos años.
Quizás el apodo se le ocurriera al periodista Cerecedo, por haber existido un torero malagueño con ese nombre: Bernardo Muñoz Marín “Carnicerito de Málaga” (1895-1970), suegro de Rafael de Paula.
El artículo del «Carnicerito de Málaga», le supuso al periodista Paco Cerecedo, una querella presentada por Carlos Arias Navarro contra él y contra Miguel Ángel Aguilar, que era el director del periódico «Diario 16». El periodista tuvo que comparecer a mediados de julio de ese año, ante el Juzgado de Instrucción nº 5, de Madrid, para prestar declaración.
El proceso no siguió hacia adelante porque Paco Cerecedo, el 4 de septiembre de 1977, cuando acompañaba en una gira por América Latina a Felipe González, secretario general del PSOE, sufrió un aneurisma cerebral, falleciendo de forma súbita con tan solo 37 años.
El apodo de «Carnicerito de Málaga», triunfó entre las izquierdas más radicales, y se está usando de forma torticera, para atacar a la persona de Carlos Arias y a su pasado lejano, diciendo, entre otras cosas, que con ese nombre ya se le conocía en Málaga durante la Guerra civil, cosa que es falsa.
En algún lugar he leído que fue el historiador Hugh Thomas en su libro “La guerra civil española” el que primero le puso ese calificativo a Arias Navarro. He consultado tres ediciones distintas de este libro: la de “Ruedo Ibérico” de 1966, la de “Ediciones Grijalbo” de 1976, y la de “Ediciones Urbión” de 1979, y solo en las dos últimas aparece el nombre de Carlos Arias en una nota a pie de página sin la mayor importancia.
Realizando una rápida consulta en el buscador de GOOGLE, con las palabras “Carnicerito de Málaga”, entre las primeras respuestas que nos presenta en la búsqueda, aparecen estas barbaridades:
WIKIPEDIA
Tras el comienzo de la guerra civil española, tuvo un destacado papel en la dura represión que se produjo en Málaga tras su invasión por parte de las tropas franquistas, razón por la que fue conocido como el «Carnicerito de Málaga»
Su participación como fiscal en los consejos de guerra que el bando franquista promovió para castigar y, en su caso, ejecutar a los partidarios significativos de la República durante la Guerra Civil y la posguerra en la ciudad de Málaga, le valió el apodo de «El carnicero de Málaga». Debido a esta represión, se le atribuye haber participado en la muerte de más de 4.300 leales al Gobierno de la República.
DIARIO PÚBLICO del 29 de junio de 2009
LOS 4.300 DEL “CARNICERITO” DE MÁLAGA
El que fuera presidente del Gobierno, Arias Navarro, organizó la represión en Málaga.
“En Málaga hubo un genocidio”, dice José Galisteo, uno de los fundadores de la asociación Contra el Silencio y el Olvido, y veterano sindicalista en CCOO. La represión en Málaga se desató en febrero de 1937 y la protagonizó como fiscal el que luego anunciara en televisión con gesto compungido la muerte del dictador, el entonces presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro. Su mano dura alcanzó gran fama y recibió con justicia el sobrenombre de Carnicerito de Málaga.
TODOS (…) LOS NOMBRES
Es conocido en la capital andaluza con el apodo de “Carnicerito de Málaga”, calificativo escogido por la idiosincrasia del pueblo andaluz o por la chispa de algún periodista, debido al cierto aspecto de torero, con su bigotillo y su mirada fría, todo ello unido a la facilidad con que le daba trabajo a los sepultureros, con los cuerpos de los indeseables para con el Glorioso Alzamiento Nacional.
En los Consejos de Guerra en los que actuaba de fiscal, se cuenta que en algunas ocasiones y debido al enorme trabajo por los cientos de procesos pendientes, cuando se le hacía tarde, levantando la voz decía: “Como es muy tarde y no tenemos tiempo de deliberar, pena de muerte para los restantes”.
THE OBJETIVE del 15 de noviembre de 2024
Según el documental «A sangre y fuego: Málaga 1936» del año 2006, Arias Navarro se hizo pasar por anarquista en la Guerra Civil, pero era un «quintacolumnista» que informaba al general sublevado Queipo de Llano. Descubierto en diciembre de 1936, en lugar de ser asesinado, cosa rara, fue enviado a Málaga. Allí consiguió escapar y se unió al bando sublevado.
Tras caer Málaga en febrero de 1937, Arias Navarro fue nombrado fiscal, firmando hasta 4.000 sentencias de muerte. Fue allí donde le pusieron el apodo de “Carnicerito de Málaga”. Entre otros, ordenó fusilar al alcalde, Eugenio Entrambasaguas, a pesar de que intercedió el cónsul mexicano, Porfirio Smerdou. Arias Navarro, después de escuchar al diplomático, según Diego Carcedo en su obra «El Schindler de la Guerra Civil», (el libro se titula «El Schindler español») de 2003, dijo: “Nada puedo hacer. El alcalde de Málaga es una persona fusilable de oficio”. Lo mandó ejecutar el 6 de marzo de 1937.
LA VOZ DE LA REPÚBLICA. Abril 2022
Antes de estallar la contienda era fiscal de la Audiencia de Málaga, cargo del que fue destituido el mismo 18 de julio. Creyendo que iba a ser detenido se escondió en la casa de Pelayo Varea –hijo del juez Felipe Varea–; este refugio lo obtuvo gracias a la intervención del presidente de la Audiencia de Málaga, Atilano Lorente González. Cuando Málaga fue tomada por los sublevados, las tres personas mencionadas fueron detenidas; sus familiares le pidieron que intercediera, no atendiendo sus peticiones. En el juicio celebrado el 27 de febrero de 1937, los Varea pidieron que testificara Arias Navarro, a lo que este se negó en rotundo. Lorente González fue condenado a 30 años, Felipe Varea y su hijo fueron condenados a muerte y ejecutados. Esta acción, negándose a interceder por la vida de las personas que posiblemente habían salvado la suya, demuestra la catadura moral del personaje que nos ocupa.
Los juicios en los que participaba Arias Navarro duraban apenas unos pocos minutos; su frase favorita era “los hechos probados y sometidos sólo merecen pena de muerte”. Dictaba las sentencias de muerte de diez en diez.
Hay muchísimas más, pero con este botón de muestra es suficiente para ver la falta de ética de los autores a la hora de escribir estos artículos sobre una historia que desconocen, que no se han tomado la molestia de investigar, limitándose a copiar los exabruptos más gordos que encuentran, o lo que es peor a inventárselos. He llegado a leer que Carlos Arias Navarro fue Gobernador civil de Málaga durante esos meses de represión.
Carlos Arias nunca fue fiscal en los Consejos de Guerra de Málaga. Fue una de las cerca de sesenta personas, jueces ordinarios, fiscales o abogados, que fueron militarizados por la Auditoría de Guerra para ser Jueces de Instrucción. Ya hemos visto que en Málaga se constituyeron tres Consejos de Guerra, y veintiséis Juzgados de Instrucción.
He contado con anterioridad, que un Juez Instructor se limitaba a recoger el atestado de la detención de una persona, interrogaba a los denunciantes y testigos, solicitaba informes sobre el reo a las autoridades de su pueblo: alcaldía, Guardia Civil o Falange. Con los datos recabados, tomaba declaración indagatoria al procesado, y cuando consideraba que ya se habían realizado “todas las diligencias para la comprobación del delito y averiguación de las personas responsables”, elaboraba un Auto-Resumen y elevaba sus conclusiones al Auditor de Guerra para que diese por finalizada la instrucción, o si estimaba oportuno que había que realizar nuevas averiguaciones.
Si se daba por cerrada la instrucción por parte del Auditor, se pasaba entonces la documentación al Fiscal para que calificase los hechos y propusiera la pena a imponer, y se procedía al nombramiento de un abogado defensor.
El Juez Instructor leía entonces los cargos al inculpado, en presencia de su defensor, y el sumario pasaba a Plenario, para la celebración de la vista oral del Consejo de Guerra. Aquí finalizaba la tarea del Juez Instructor. Como vemos el Instructor no solicitaba la pena o sentenciaba a nadie.
El Juzgado nº 10 fue en el que instruyó Carlos Arias Navarro, durante dos meses y medio, hasta finales del mes de abril, fecha en la que se incorporó a la fiscalía del Ejército de Ocupación en Talavera de la Reina.
Por Lucía Prieto Borrego, en «Implantación y funcionamiento de la justicia militar en la provincia de Málaga (1937)», (se encuentra fácilmente en Internet) sabemos que Carlos Arias procesó en ese tiempo a 136 personas, un 1% de la 13.472 personas que fueron encausadas por procedimiento sumarísimo de urgencia (PSU) en la provincia de Málaga, entre las que se encontraban algunos de los actores más importantes de la represión en la retaguardia malagueña; miembros de los órganos e instrumentos de la «justicia revolucionaria», como Francisco Millán y los miembros del Tribunal de Urgencia, como ya hemos visto.
Nada que ver con la afirmación: Tras caer Málaga en febrero de 1937, Arias Navarro fue nombrado fiscal, firmando hasta 4.000 sentencias de muerte. Fue allí donde le pusieron el apodo de “Carnicerito de Málaga”. Con solo el 1% de las personas procesadas por él, se imputa a su persona los más de cuatro mil ejecuciones que hubo en la provincia de Málaga durante 1937.
Respecto a la afirmación que ordenó fusilar al alcalde, Eugenio Entrambasaguas, a pesar de que intercedió el cónsul mexicano, Porfirio Smerdou, debo decir, además de que él no mandó fusilar a nadie, que Entrambasaguas fue procesado por el Juzgado nº 15, al frente del cual estaba Andrés de Castro Ancos, que era juez de Instrucción de Gaucín, también militarizado (PSU 7/1937). Poco podía hacer en ese caso Carlos Arias, en un procedimiento sumarísimo que no le correspondía. Quienes le mandaron fusilar fueron los militares que formaban el Consejo de Guerra.
También se ha escrito sobre los casos de Pelayo Varea Rodríguez y su padre Felipe Varea Viniegra. Detenidos a los dos días de ser tomada Málaga, los acusados fueron juzgados sin las más mínimas garantías procesales, ni más defensa que la que hicieron ellos de sí mismos. Al no ser llamados a declarar los testigos propuestos por la defensa, nadie pudo testificar a favor de quienes les debían la vida, entre ellos Carlos Arias Navarro.
El primero era abogado y su padre Oficial de Sala de la Audiencia Provincial. El 26 de agosto de 1936, Pelayo Varea junto a tres abogados más, se incautaron del Colegio de Abogados de Málaga, y se autoproclamaron para regir la vida del mismo como Junta de Gobierno, que ellos mismos denominaron “Junta de Gobierno del Frente Popular”. Pelayo Varea, actuó durante todo ese tiempo como Decano accidental de la Junta de Gobierno, por encontrarse el Decano propietario, Emilio Baeza Medina en Madrid.
El padre, Felipe Varea Viniegra, que no era juez, ni siquiera abogado, sino un simple Oficial de la Audiencia, quizás por influencia de su hijo, mediante una Orden ministerial del 28 de agosto, se convirtió, con carácter interino, en juez de primera instancia de Vinaroz, plaza que se encontraba vacante, e inmediatamente fue propuesto por la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Abogados para formar parte como Vocal de la Sección de Derecho del Tribunal, junto a Atilano Lorente González, Magistrado de la Audiencia de Málaga, que sería el Presidente, y Francisco Bermúdez del Rio, Juez de Instrucción de Vélez-Málaga, que sería también Vocal.
De la actuación de estos tres jueces ya he hablado con anterioridad, y de cómo Felipe Varea estaba claramente alineado con los jurados populares nombrados por las organizaciones del Frente Popular, y en franca oposición a sus dos compañeros magistrados.
Gracias también al excelente trabajo realizado por Lucía Prieto Borrego, en «De jueces a reos: la represión de los jueces populares en Málaga», que se encuentra fácilmente en Internet, podemos saber cómo fue el procesamiento y condena de los mismos.
Los tres miembros de la Sección de Derecho del Tribunal Popular malagueño fueron encarcelados el 10 de febrero de 1937, siendo procesados por el Juzgado de Instrucción nº 17 de Málaga (PSU 10/1937), al frente del cual estaba el abogado José María Domenech Romero, habilitado como teniente auditor de segunda.
Tanto Atilano Lorente, como Francisco Bermúdez sabían que su nombramiento los hacían sospechosos de connivencia con las autoridades republicanas, y alegaron que aceptaron ser jueces del Tribunal Popular, en base a las presiones recibidas desde la Audiencia, desde donde le comunicaron la imposibilidad de renunciar al nombramiento.
Sin embargo, Felipe Varea, al no pertenecer a la carrera judicial, no podía negar el carácter político de su designación, efectuada por la propuesta de la Junta del Colegio de Abogados, presidida por su hijo Pelayo, abogado de la CNT. Contra él fue presentada una carta escrita por él mismo a un sobrino suyo residente en Madrid. Estaba escrita entre el 15 y el 30 de agosto de 1936. Así lo cuenta Lucía Prieto:
Varea se atribuye no sólo a sí mismo sino también a sus hijos un papel protagonista en la situación creada en Málaga tras el golpe militar. Según relata su intervención en la frustración del golpe en la capital fue decisiva llegando al punto de intentar matar al capitán (Huelin) que dirigió la sublevación. Varea justifica el ejercicio de la represión en la retaguardia malagueña a la que califica como “la venganza del pueblo” y transmite a su sobrino una visión idílica de la Málaga revolucionaria donde existía “una tranquilidad pasmosa” en la que sus hijos, de los que se sentía totalmente orgulloso, “siempre con el fusil al hombro” ocupaban puestos de responsabilidad, insistiendo en hacer ver a sus parientes la confianza de que gozaban por parte de todas las organizaciones.
Ya vimos con anterioridad como a finales de agosto de 1936, gracias a la petición que el Fiscal Jefe, Francisco Checa Guerrero (no Atilano Lorente, como se afirma en LA VOZ DE LA REPÚBLICA), realizó al entonces oficial de Sala, Felipe Varea Viniegra, que tenía instalada una Pensión en el centro de la capital, Carlos Arias pudo encontrar refugio en la misma por espacio de dos meses, sin salir ni ser visto por nadie, hasta el 23 de octubre.
Ese día de octubre, durante un bombardeo de la aviación nacional, una bomba destruyó los Almacenes Masó, situados en la calle Martínez. Cuando unos milicianos de la FAI registraron el inmueble, Carlos Arias fue visto por uno de los milicianos.
El declarante se percató inmediatamente de que había sido reconocido, y de que aquella cara le era recordada como de algún procesado, y expuso al Sr. Varea la inmediata necesidad de trasladarse a otro sitio pues no tardarían en intentar detenerlo, por lo que el hijo de este llamado Pelayo Varea le propuso que se escondiera en el pueblo.de Pizarra en el que actuaba como Secretario del Ayuntamiento.
Accedió a ello el declarante y a los pocos momentos de partir se presentaban para detenerle, y al saber que había marchado, iniciaron pesquisas hasta dar con su paradero a los pocos días, presentándose a las tres de la madrugada en la taberna de Pizarra en la que estaba oculto y procediendo a su detención que no pudieron evitar por ningún medio.Ante tal insistencia y comprendiendo el don Pelayo Varea que los propósitos de la patrulla era que no llegase a Málaga, accedió a entregarme pero acompañándome, y así pudo llegar a la capital donde le dejaron en un organismo, que habían montado en la calle del Cister, y que creo se llamaba Comité de Enlace.
Pelayo Varea y Carlos Arias eran viejos conocidos, como lo demuestra la presencia de ambos en un juicio celebrado el 12 de junio de 1936, contra unos vecinos de Fuente Piedra, acusados de saquear la iglesia con destrucción de sus imágenes y objetos de culto.
El día 12 del mes en curso, se vio la causa contra Manuel Luque Velasco, y cinco más, acusados del delito de sedición, por los sucesos en Fuente Piedra el 13 de Mayo del corriente año.El Ministerio Público, representado por el fiscal don Carlos Arias, solicitó para los procesados la pena de un año y un día de prisión, y cinco mil pesetas de multa para cada uno de los encartados.Defendió a éstos el notable abogado don Pelayo Varea, que en un extenso y brillante informa trató de demostrar la no culpabilidad de sus defendidos.El Tribunal dictó sentencia absolviendo libremente a tres de los procesados, y condenando a los otros tres al pago de cinco mil pesetas.19360619 009 La Unión Mercantil
Propuesto como testigo de la defensa de Felipe Viniegra, Carlos Arias, que en aquellos momentos estaba ya al frente como juez de uno de los tribunales militares, el nº 10 de Málaga, no llegó a testificar en el proceso. Pero es que ni Arias Navarro, ni ninguna de las personas que habían salvado la vida por la acción u omisión de los jueces procesados, fueron llamados a declarar dado el carácter sumarísimo de unos procesos, cuyo objetivo parecía más la venganza que la justicia.
El Consejo de Guerra nº 3 se reunió en Málaga el día 27 de febrero de 1937 para fallar el procedimiento sumarísimo de urgencia incoado por Rebelión Militar contra los jueces del Tribunal Especial Popular. La sentencia, fallada ese mismo día, condenó a Felipe Varea Viniegra a la pena de muerte, y a Atilano Lorente González y Francisco Bermúdez del Rió a reclusión perpetua, y a la separación definitiva de sus cargos.
En la sentencia, el ponente reconoce claramente que el carácter sumarísimo del proceso justifica la incomparecencia de los testigos, ni la constatación de las pruebas. A Atilano Lorente y a Francisco Bermúdez, acabada la guerra, les fue conmutada la pena por la de 6 años y 1 día de reclusión mayor.
Solo en el proceso a Pelayo Varea Rodríguez, en el del Juzgado Militar nº 1 de Málaga (PSU 24/1937), al frente del cual estaba el capitán honorífico Enrique Cid, y en su declaración en la Causa General de Málaga (CG 1060.3), Arias Navarro pudo reconocer la protección y ayuda que le prestaron estas dos personas, padre e hijo.
Pelayo Varea Rodríguez, fue condenado a la pena de muerte, siéndole notificada la sentencia en la cárcel de Málaga, a las diez de la noche del día 26 de febrero de 1937, siendo fusilado a continuación.
El día 2 de marzo de 1937, en la prisión provincial de Málaga, a las once de la noche le fue leída la sentencia a Felipe Varea Viniegra, firmándola como enterado y seguidamente fue fusilado.
A principios de 1977 Baltasar Peña, escribía lo siguiente en sus memorias “Reencuentros conmigo mismo”
Solo en el proceso a Pelayo Varea Rodríguez, en el del Juzgado Militar nº 1 de Málaga (PSU 24/1937), al frente del cual estaba el capitán honorífico Enrique Cid, y en su declaración en la Causa General de Málaga (CG 1060.3), Arias Navarro pudo reconocer la protección y ayuda que le prestaron estas dos personas, padre e hijo.
Pelayo Varea Rodríguez, fue condenado a la pena de muerte, siéndole notificada la sentencia en la cárcel de Málaga, a las diez de la noche del día 26 de febrero de 1937, siendo fusilado a continuación.
El día 2 de marzo de 1937, en la prisión provincial de Málaga, a las once de la noche le fue leída la sentencia a Felipe Varea Viniegra, firmándola como enterado y seguidamente fue fusilado.
A principios de 1977 Baltasar Peña, escribía lo siguiente en sus memorias “Reencuentros conmigo mismo”
Hablando hace unos días con un amigo de Carlos Arias, me comentó algo sobre su actuación al liberarse Málaga, que como testigo de excepción me parece interesante y necesario aclarar, precisamente en estos momentos en que estoy recogiendo en estas cuartillas, recuerdos e impresiones, no solamente del acontecer diario, sino de algunos episodios de mi vida pasada.Tanto más necesario, cuando la figura de Carlos Arias por el último puesto ocupado de Presidente del Gobierno, bien se merece que los que fuimos y somos sus amigos, nos sintamos obligados a estas aclaraciones, ya que el comentario o la maledicencia, pueden enturbiar en el mañana una vida ejemplar que creo merece el respeto y la confianza de todos los españoles, no ya sólo por su calidad humana, sino también por el indiscutible servicio a España en unos de sus momentos más difíciles y cruciales.El comentario fue el siguiente:— Me han dicho, aunque yo no lo creo, que Carlos fue una de las personas que más se distinguieron en la represión después de la guerra y uno de los jueces más implacables que hubo, hasta el punto que le denominaron el “carnicero de Málaga”. Yo creo, que la gente habrá exagerado, pero he oído decir a una señora muy conocida, que en su presencia insultó de palabra y obra a uno de los detenidos que había matado sus familiares.Le dije, —lo que yo creía necesario decir— que parecía mentira se hiciera eco de estas calumnias y que precisamente, su actuación militar no solamente fue impecable, sino además duró muy poco, pues inmediatamente se marchó de Málaga como juez Militar del Ejército de ocupación.Y como en esta historia yo soy excepcional testigo, bueno está que por lo menos, deje aquí, en pocas líneas, referido lo que sucedió en aquellos días.Ya he recogido hace unos meses la detención de Carlos durante el periodo rojo y alguna de las vicisitudes por las que pasó, precisamente conmigo. […]Ni a Carlos Arias lo conceptúo nadie como hombre feroz, ni carnicero, durante toda la guerra, ni la mayoría de los malagueños incluso lo conocieron, pues su actuación como fiscal en los años 35 y 36 le hicieron vivir en un círculo de pocas amistades, precisamente yo era su más antiguo amigo, desde los años en que coincidimos en Madrid preparándonos en la misma Academia para el Cuerpo Jurídico la Armada, ni se destacó en lo más mínimo en las pocas semanas en que ejercitó su cometido de Juez Militar.Han tenido que surgir las circunstancias de su elevación a altos puestos, para que la maledicencia tan común en los españoles, se haya cebado en la memoria de un hombre que merece todos los respetos.
Y lleva razón Baltasar Peña. No fue hasta la muerte de Franco, cuando Carlos Arias había sido ya Ministro de Gobernación y Presidente de Gobierno, cuando se empezó a propagar la historia del “Carnicerito de Málaga”, atribuyéndole hechos sanguinarios con la población malagueña. Si no hubiera llegado a los altos cargos que llegó, hoy sería un personaje anónimo más, como lo son los casi sesenta jueces militarizados que compusieron los veintiséis Juzgados de Instrucción que hubo en Málaga.
Recordemos que en los dos meses y medio que estuvo al frente del Juzgado de Instrucción nº 10, Carlos Arias proceso solo al 1% de los más de trece mil que lo fueron en total en toda la provincia de Málaga. Y sin embargo se le culpa, sin haber él condenado a nadie, de la muerte de las más de cuatro mil personas que fueron fusiladas por los Consejos de guerra en todo el año 1937.
Ya dije al principio, en la Justificación de esta Crónica que lo último que querría es que alguien la entendiera como una apología de aquellos tiempos. No siento ninguna afinidad, ni admiración, ni pretendo elevar a Carlos Arias a los altares.
Lo que quiero es poner en evidencia la gran cantidad de inexactitudes, mentiras y falsedades que he encontrado referidas a su persona, a la que se le califica de sanguinario, de asesino, de “carnicerito”, y otros apelativos similares basados en una literatura falsa, no contrastada, muy ideologizada, en la que cada cual se inventa o altera historias para hacer cada vez más ruin al personaje.
Solo he querido arrojar más luz sobre su vida, y que la historia ponga a Carlos Arias en el lugar que le corresponda. Porque la historia se escribe con datos, no con opiniones y falsedades.
Termino con unas frases de Baltasar Peña:
Siempre ha sido uno de mis mejores amigos, y con el que he conservado a través de estos cincuenta años últimos, trato o correspondencia.Precisamente el lapso de tiempo en que he estado más alejado de él, empezó en su época de Alcalde de Madrid, para agudizarse al llegar a Ministro y quedar reducido a simples cartas de secretario particular en los momentos Ministeriales o Presidenciales.Pero tenía que ser así. Solo una vez he ido a visitarle siendo ministro, porque yo sabía bien que entonces le sobraban las visitas.
Esta última etapa no la he podido ver con ojos desinteresados. Soy amigo de Arias desde la juventud, un gran admirador de sus cualidades, y aunque como político nunca en verdad proveí llegara a donde ha logrado llegar, conozco su buena voluntad su buen deseo y espero que Dios le conduzca a buen puerto aunque los temporales no se los evitara nadie.
