LOS PROLEGÓMENOS DE LA GUERRA CIVIL

 

JOSÉ CALVO SOTELO

El 14 de abril de 1936, quinto aniversario del advenimiento de la Segunda República, era martes, pero el Gobierno de Manuel Azaña lo quiso celebrar de una forma festiva, con un desfile militar por el Paseo de la Castellana de Madrid.

Ese día cerró el comercio, y en la mayoría de las obras y negocios, se cumplió la orden de no trabajar. Sin embargo en aquellos lugares donde predominaban los obreros de la C.N.T., se trabajó con toda normalidad.

En Madrid el día amaneció claro. Los edificios públicos colgaron en sus balcones o izaron la bandera tricolor de la República. Desde las primeras horas, miles de madrileños comenzaron a tomar posiciones en los andenes de los paseos de la Castellana y de Recoletos, para presenciar el desfile militar, que a las once, se iba a celebrar. La tribuna presidencial se encontraba emplazada a la altura de la calle de Ayala. Enfrente, al otro lado de calzada, había una tribuna de invitados, y a la derecha otra del Ayuntamiento.

El día se fue nublando, y cuando iba a empezar la parada militar, comenzó a llover, a pesar de lo cual, el público no abandonó su sitio para presenciar el acto.

Ya muy de mañana, se había observado por las calles de Madrid, el desfile de miembros uniformados de las Juventudes socialistas y comunistas, que se dirigían a presenciar el desfile militar en la Castellana. Antes de comenzar el desfile, dichas milicias irrumpieron con banderas en la calzada, cantando “La Internacional”, levantando los puños y gritando el «UHP» (Uníos Hermanos Proletarios), que los mineros asturianos hicieron famosa en la revolución de octubre de 1934, formando a lo largo del paseo una cadena humana delante del público que había estacionado en ambos laterales.


Poco a poco, fueron llegando a la tribuna presidencial, el presidente del Consejo de ministros Manuel Azaña, los ministros del Gobierno, miembros del cuerpo diplomático y autoridades civiles y militares, a la espera de la llegada del presidente en funciones de la República, Diego Martínez Barrio. Siete días antes, el 7 de abril, 238 diputados habían votado a favor de la destitución del presidente Niceto Alcalá-Zamora, con 5 en contra y 174 diputados que no quisieron votar. Aún no se había designado al nuevo presidente de la República.

A la once menos diez de la mañana, en coche descubierto y tocado con sombrero de copa, llegó a la tribuna presidencial Diego Martínez Barrio, acompañado por el ministro de la Guerra general Carlos Masquelet, y por el jefe de la Casa Militar de la Presidencia, general Domingo Batet, rodeados por la Escolta presidencial a caballo. Tanto a la llegada del señor Martínez Barrio, como a la del Gobierno, la multitud congregada en los andenes prorrumpió en aplausos y aclamaciones.


Una vez apeado del vehículo, el presidente de la República en funciones, fue saludado por el presidente del Consejo de ministros Manuel Azaña, sus ministros y las personalidades que se hallaban aguardándole. Tras ello, en el mismo automóvil en que había llegado, marchó a revistar las tropas que iban a participar en la parada militar, acompañado del ministro de la Guerra y del general de la División Orgánica de Madrid, general José Miaja. La revista de las fuerzas, que estaban preparadas para el desfile, se efectuó bajo una lluvia torrencial.

Una vez situado Martínez Barrio en la tribuna presidencial, poco después de las once, el general Miaja solicitó permiso para dar comienzo al desfile en el que iba a participar cuatro agrupaciones: Infantería, Artillería, Montaña y Motorizada. El desfile se puso en marcha bajando por la Castellana hacia la plaza de Cibeles.

Las fuerzas, al pasar delante de la tribuna presidencial, saludaban y daban los vivas de ordenanza a la República. En primer lugar pasaron los batallones ciclistas de Infantería.

Desfile conmemorativo del 14 de abril, día de la República.

En el momento en que por delante de la tribuna presidencial pasaba el Regimiento de Infantería Wad-Ras nº 1, en uno de los laterales de la tribuna, donde se hallaba situado el escuadrón de la Escolta presidencial, estalló una ristra de petardos que produjeron una enorme confusión y pánico entre los invitados y público en general, que se echó a las aceras, hombres y mujeres corriendo alocados, sin saber donde, presas del miedo.


Ante ello, las fuerzas de la Escolta presidencial salieron a la calzada y rodearon la tribuna principal. La pertinaz lluvia hizo que el piso estuviese resbaladizo, cayendo al suelo algunos de los caballos.

El escuadrón presidencial rodea la tribuna principal

Fuerzas de Asalto acudieron al lugar del suceso y practicaron varias detenciones, entre ellas la de un individuo, que fue identificado como Isidoro Ojeda Estefanía, de 42 años de edad, afiliado a Falange Española, cocinero, y que vivía en el pueblo de Canillas (actualmente un barrio de Madrid), acusándole de ser el que había hecho estallar la traca de petardos. Fue llevado detenido a la Dirección General de Seguridad (DGS), pero por su estado de embriaguez, según informaron los diarios de la época, desde dicha DGS, fue conducido a la Casa de Socorro.

El detenido Isidoro Ojeda Estefanía

El general Miaja, que había desfilado en primer lugar, volvió rápidamente y consiguió imponer su autoridad, haciendo que los soldados volvieran a la calzada y se pusieran en formación.

Reanudado de nuevo el desfile, que estuvo interrumpido unos cinco minutos, ante la tribuna presidencial pasó el Regimiento de Infantería León nº 6, que fue acogido con manifestaciones de extraordinario entusiasmo. Tras él, el Regimiento de Infantería Covadonga nº 31, y a continuación la Agrupación de Ingenieros, compuesta por tres compañías del Regimiento de Zapadores, dos compañías de Aviación, y Grupo de Alumbrado. A continuación, una compañía de Carabineros, y después cuatro compañías de Infantería de la Guardia civil y dos escuadrones del mismo Instituto. Después, dos compañías de Infantería de Seguridad y Asalto, una de Especialidades de este mismo cuerpo y un escuadrón de Caballería.

Cuando desfilaban las cuatro compañías de la Benemérita, con uniforme de gala, por la plaza de Colón, ya pasada la tribuna presidencial y a unos ciento cincuenta metros de la misma, en el mismo lateral, un grupo de personas, jóvenes en su mayoría, y posiblemente anarquistas, abuchearon a la Guardia Civil, levantando los puños, dando mueras al cuerpo y vivas a Rusia, y lanzando el grito insistente de «UHP».

Entre los espectadores se encontraba, vestido de paisano, el alférez de la Guardia civil, Anastasio de los Reyes López, que junto a otros cuatro guardias civiles, también de paisano, todos pertenecientes al Parque Móvil, habían ido a ver el desfile. No estaban de servicio, ni participaban en la parada. Dichos guardias intentaron enfrentarse con los alborotadores para afearles los abucheos e insultos, pero los mismos salieron huyendo.

La Guardia Civil en el desfile del 14 de abril.

Los guardias volvieron a su sitio a seguir viendo el desfile. Transcurridos unos pocos minutos, y de forma imprevista, suenan siete u ocho disparos. Uno de ellos, se ha hecho a bocajarro por la espalda al alférez De los Reyes, que cae al suelo herido de muerte. También resultan heridos dos de los Guardia Civiles que le acompañaban, Emeterio Moreno Morate, con un balazo en el vientre, que se calificó de gravísimo e hizo necesario su traslado al Equipo Quirúrgico del distrito Centro, y Antonio García García, con dos balazos en la espalda. Según declaró este último, más tarde, cuando presenciaba el desfile, cayó al suelo herido de dos disparos. Al sentirse herido, sacó la pistola e hizo varios disparos, sin saber a quién disparó. Los agresores huyeron a la carrera del lugar de los hechos. No sabían que los agredidos eran guardias civiles.

La confusión que los disparos produjo entre la gente que allí estaba, fue enorme. El público se desbandó en distintas direcciones; las personas que allí se encontraban, se atropellaron unas a otras, arrollando las sillas que había colocadas en el paseo para presenciar desde ellas el desfile. En medio de toda aquella confusión y desorden, las fuerzas de Asalto lograron calmar un poco los ánimos y recoger a las cinco o seis personas que habían caído al suelo y daban señales de hallarse gravemente heridas.

Además de los anteriores, resultó herido con carácter grave el estudiante Benedicto Montes Miranda, de 16 años, con un balazo en la espalda a consecuencia del cual falleció el día siguiente, y la niña Manuela Gómez Maeso de seis años, con un balazo en la pantorrilla de pronóstico reservado, además de otras tres o cuatro personas con erosiones y contusiones de carácter leve.

El alférez De los Reyes sería trasladado en una de las ambulancias de la Cruz Roja, que en aquel momento desfilaban, al puesto de la Cruz Roja instalado en la Casa de la Moneda (donde ahora están los Jardines del Descubrimiento), donde falleció a poco de ingresar. Presentaba una herida de bala en la espalda que le interesaba el hígado.

Alférez de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes

Calmada la situación, se reanudó de nuevo la parada militar, que ya estaba terminando, con el paso de la Cruz Roja, con los perros auxiliares.

A la una menos cuarto de la tarde, cuando ya muchos invitados y público habían abandonado con premura el paseo de la Castellana, finalizó el desfile. El presidente de la República, el Gobierno y las demás personalidades oficiales se retiraron en sus automóviles.

Al tener conocimiento de los sucesos de la Castellana, el Juzgado de instrucción número 14, que era el que estaba de guardia, se constituyó en la Casa de la Moneda y ordenó el levantamiento del cadáver de don Anastasio de los Reyes. Tenía 53 años (5/12/1882), estaba casado y tenía cuatro hijos ya mayores. Desde los 21 años pertenecía a la Guardia Civil. Estaba cerca de la jubilación.

Al ver que Anastasio de los Reyes no llegaba a su domicilio a la hora de comer, su hijo David de los Reyes de 24 años de edad, inició su búsqueda, dando con su cadáver en el Depósito Judicial, en la calle Santa Isabel, cerca de la estación de Atocha, a donde había sido trasladado, por orden judicial, desde el botiquín de la Casa de la Moneda. Le dejaron entrar para reconocer el cadáver, pero no autorizaron a la familia a poder velarle esa noche.

EL ENTIERRO DE ANASTASIO DE LOS REYES LÓPEZ

El ambiente en Madrid estaba muy tenso. Ante ello, el Gobierno del Frente Popular, alerta ante los acontecimientos sucedidos y preocupado por una escalada de la violencia, decidió, sin consultar para nada con la familia, que el entierro del alférez De los Reyes se hiciera de forma íntima, que el cadáver del alférez fuera llevado la noche del día 15, al cementerio de la Almudena para su inhumación de forma clandestina para evitar manifestaciones.

Su hijo David no estaba de acuerdo y pasando por numerosos despachos oficiales, solicitó el cuerpo de su padre para velarlo en familia, sin conseguirlo. También el teniente coronel Florentino González Vallés (51 años), Jefe del Parque Móvil de la Guardia Civil, donde prestaba sus servicios el alférez asesinado, había querido, sin lograrlo, instalar la capilla ardiente en el propio Parque Móvil.

Cuando el teniente coronel González Vallés se entera de las dificultades de la familia para hacerse con el féretro del alférez, sin dudarlo un instante, y acompañado de otros guardias civiles y militares de distinta graduación, se dirige al Depósito de cadáveres, exigiendo la entrega del cuerpo del alférez De los Reyes. El médico forense del Depósito les informa que el cadáver esta solamente a disposición de la Dirección General de Seguridad (DGS), y que solo a ella se lo entregará. González Vallés de forma tajante y poco amistosa, corta la discusión diciendo: “Usted, doctor, no me ha entendido bien o no quiere entenderme. He dicho que venimos por el cadáver del alférez Reyes”. En este momento, avisados previamente, entran en el Depósito unos funcionarios de pompas fúnebres, introducen el cadáver del alférez en el ataúd y lo colocan en un coche fúnebre que comenzó a remontar el Paseo del Prado, camino del Parque Móvil de la Guardia Civil, situado en Chamartín de la Rosa (hoy el barrio de Chamartín). En la comitiva habría unos diez o doce coches.

Avisado de lo ocurrido en el Depósito de cadáveres, un vehículo oficial, en el que viaja el general Sebastián Pozas, Inspector general de la Guardia Civil, obliga a González Vallés a detenerse y le pide que devuelvan el cadáver del alférez De los Reyes al Depósito.

—A las órdenes de usted, mi general —le dice—. ¡Sin novedad en el traslado de los restos del alférez de los Reyes a nuestro parque!
—¿Y con qué autorización cuenta usted, teniente coronel, para hacer esta comisión? —le pregunta Pozas.
—Con la de todo el Ejército y la Guardia Civil —le contesta González Vallés—.Hemos acordado rendir tributo de encendido recuerdo al compañero, cobardemente asesinado. Y viendo que las autoridades, lejos de facilitar este piadoso deseo, no nos lo permiten, hemos decidido hacerlo nosotros por nuestros propios medios.
—¡Pues aténganse usted y sus compañeros a las consecuencias de su acción! —le espeta Pozas, subiendo a su coche.
—General, yo asumo todas las responsabilidades, cualesquiera que sean sus consecuencias —le contesta el teniente coronel—, y si usted no tiene otra cosa que prevenirme, doy la orden para continuar la marcha.

El teniente coronel González Vallés asumía las consecuencias de su insubordinación, algo que al final le costaría la destitución de su cargo en el Parque Móvil, y un arresto de dos meses, que cumpliría a partir del día 17 de abril en el penal militar de Guadalajara.

En las salas de banderas de los diversos acuartelamientos madrileños del Ejército, así como en los de la Guardia Civil, llegó la noticia de la postura atrevida y valiente del teniente coronel y su enfrentamiento con el general Sebastián Pozas, reconocido masón, creando una corriente de adhesión y compañerismo hacia el mando de la Benemérita, que se verá reflejado, al día siguiente con la asistencia casi masiva de jefes, oficiales y suboficiales al entierro del alférez De los Reyes.

Instalada la capilla ardiente en el Parque Móvil, González Vallés recibe una comunicación de parte del Gobierno que señala el día 16 de abril, jueves, a las once de la mañana, como fecha para la celebración del entierro. El Gobierno persiste en su idea de realizar un entierro casi clandestino, eligiendo la hora de las once de la mañana a fin de restar la presencia de mandos militares en el mismo, al hallarse, en esa hora, en jornada laboral en sus respectivos cuarteles y destinos. El teniente coronel junto a sus oficiales, tras una reunión, deciden desobedecer dicha comunicación y fijan las tres de la tarde como hora de salida del entierro del alférez de la Guardia civil.

Redactan una esquela que será enviada para su publicación al diario ABC, la cual será censurada por el Gobierno, que obliga al diario a publicarla, entre otras cosas, sin la hora del entierro para evitar una multitudinaria concentración. Tampoco figurará la condición de Guardia Civil del alférez Anastasio de los Reyes.

Esquela censurada del alférez Anastasio de los Reyes, publicada en ABC

Aquella tarde del día 16, en las Cortes, José Calvo Sotelo protestaría vehementemente contra esta censura por cuanto significaba, a su juicio, un insulto a la Guardia Civil. En medio de airadas protestas de los diputados del Frente Popular, Calvo Sotelo arremetió contra la acción del Gobierno:

En la mañana de hoy, en un periódico, el ABC, ha aparecido la esquela mortuoria de un oficial de la Guardia civil, asesinado anteayer en las calles de Madrid, D. Anastasio de los Reyes López, y por vez primera, en los fastos de la censura […], aparece la incrustación del censor en una esquela mortuoria, profanada y deshonrada de esta manera. […] Esa esquela de defunción fue enviada, no por la familia del finado, sino por el general inspector y la oficialidad y las clases y los guardias del Instituto benemérito. Y ¿qué es lo que ha suprimido en esta esquela el censor? Pues tres cosas: primera, que D. Anastasio de los Reyes López era oficial de la Guardia civil; segunda, que el excelentísimo señor inspector general, y jefes, y oficiales, y suboficiales, y guardias del Cuerpo eran de la Guardia civil, porque no aparecen estas dos palabras; y tercera, la hora en que había de celebrarse el sepelio.
JOSÉ CALVO SOTELO. SESIÓN DE LAS CORTES DEL 16 DE ABRIL DE 1936. Página 351

Durante toda la mañana del día 16, lo mismo que la noche anterior, habían desfilado innumerables personas por el Parque Móvil para testimoniar a la Guardia civil su pésame por la muerte del alférez. A primeras horas de la mañana, el cadáver fue trasladado desde el Parque Móvil, hasta el cuartel de la Guardia Civil de Bellas Artes, que estaba situado en una de las salas de lo que es hoy el Museo de Ciencias Naturales.

A pesar de que no había podido anunciarse la hora exacta del entierro, desde mucho antes de las tres de la tarde de ese día 16, la plaza de San Juan de la Cruz (allí acababa entonces la Castellana), y lugares adyacentes, comienzan a llenarse de un inmenso gentío, donde destaca también la presencia de un gran contingente de fuerzas de Seguridad y Asalto, Carabineros, Guardia Civil, y representaciones de todos los Cuerpos del Ejército. Numerosísimos militares acudieron al entierro, entre ellos muchos de los que, en 1931, se habían acogido a los beneficios de retiro establecidos en la ley dictada entonces a iniciativa de Manuel Azaña.

Nutrida presencia de la Guardia Civil en el entierro del alférez Anastasio de los Reyes.

Al entierro, también acudieron algunos Diputados de los grupos de derechas, Juventudes Falangistas, Tradicionalistas, de Renovación Española y del partido Nacionalista Español. También asisten en representación del Gobierno, el general Julio Mena, subsecretario del Ministerio de Guerra; el general Sebastián Pozas, Inspector general de la Guardia Civil y José Alonso Mallol, Director General de Seguridad.

Pasaba algo de las tres de la tarde, cuando el entierro se puso en marcha, siguiendo un itinerario distinto al que había sido designado por el Gobierno, y en vez de coger la calle Serrano, siguió por la Castellana, Recoletos, Cibeles y Puerta de Alcalá. Precedía el Clero parroquial, con cruz alzada, y después marchaba el féretro que era de caoba, a hombros de varios compañeros del muerto. Seguía la presidencia oficial del duelo, compuesta, además de por los anteriormente citados, por el Jefe superior de Policía, señor Pedro Rivas; el Comisario general, señor Antonio Lino, y un crecidísimo número de jefes y oficiales del Ejército, de la Guardia civil, de Seguridad y de Asalto, así como todos los guardias civiles francos de servicio. A la cabeza del duelo iban también los señores Calvo Sotelo, Gil Robles, Víctor Pradera Larumbe, el ex diputado de Renovación Española Honorio Maura Gamazo, el Jefe Delegado de la Comunión Tradicionalista señor Fal Conde, y los ex diputados señores Lamamié de Clairac y José Luis Zamanillo, acompañados de numerosas personalidades de derecha. A continuación marchaba la presidencia familiar, en la que figuraba el hijo del finado, don David de los Reyes y varios parientes.

En el cortejo fúnebre iba una carroza repleta de coronas, entre las que figuraban las del Colegio de Huérfanos de la Guardia civil, Parque Móvil, las de jefes y oficiales y otras. Luego seguía el coche fúnebre y tras él una muchedumbre inmensa, que vitoreaba con entusiasmo a España, a la Guardia civil y al Ejército.

La enorme concurrencia al duelo dificulta la circulación de los tranvías y algunos de sus conductores, mostraron impaciencia y pretendieron no moderar la marcha de los vehículos; se produjeron protestas y un cobrador de un tranvía (Jacinto Fernández Sanz), que pasaba en aquel momento, saludó a la comitiva con el puño cerrado y en alto. Los más radicales de la comitiva rodearon el tranvía, obligando a apearse a la gente, agrediendo al cobrador.

Algunos obreros que presenciaban el paso del cortejo, y al observar que diferentes asistentes al entierro saludaban con el brazo en alto, contestaron con sus puños cerrados y alzados.

Al llegar el entierro, por la Castellana, a la altura de la actual plaza de Gregorio Marañón, desde una obra en construcción que tenía su entrada principal por la calle de Miguel Ángel, número 24, de improviso partió de dicha casa una descarga cerrada contra los asistentes al entierro. Gran cantidad de personas cayeron heridas al suelo. La gente corrió en todas las direcciones en una situación de gran confusión y alarma. La Benemérita rodeó a la Presidencia para protegerla.

Asistentes al entierro se parapetan tras los árboles

Durante varios minutos, el fuego cruzado entre una y otra parte fue muy intenso. Muchos de los asistentes al acto, lo mismo guardias que paisanos, pistolas en mano, fueron hacia la obra desde donde habían partido los disparos y penetraron en la misma, obligando a levantar los brazos a todos los obreros, haciéndoles salir a la calle. Los obreros aseguraron que quien había hecho los disparos había conseguido huir. Todos ellos (un total de 64), fueron detenidos y llevados en una camioneta de Asalto a la DGS. Al ser interrogados, negaron su participación en los hechos de que se les hablaba. Sin embargo, parece que cuatro o cinco hicieron cargos concretos contra un obrero llamado Manuel Cau, al que se le encontraron en los bolsillos ocho casquillos de pistola o revólver. A primeras horas de la noche se los trasladó al juzgado de guardia, y a las tres de la madrugada, después de volver a ser interrogados, fueron puestos en libertad.

La Guardia civil practicó numerosos cacheos y bastantes detenciones, pero no encontraron casi ningún arma.

Varias personas recogieron a los heridos, y los trasladaron en automóviles a las Casas de Socorro y clínicas más cercanas. También llegaron ambulancias de la Cruz Roja, que contribuyeron a llevar heridos al edificio de la misma Cruz Roja, en la calle de Miguel Ángel, y las Casas de Socorro de Buenavista y Chamberí, y al Equipo Quirúrgico del Centro.

En la Casa de Socorro de Buenavista ingresó un muerto (Luis Rodríguez Vargas), tres heridos gravísimos y otros cuatro de menor importancia. También en la Casa de Socorro de Chamberí ingresó un muerto, un herido gravísimo y varios de menos importancia.

Uno de los que resultaron heridos, José Rangel Yáñez, un muchacho de 18 años, fue llevado en un automóvil al cuartel de la Guardia civil. Cuando comprobaron que tenía un balazo en el estómago, y que su estado era de mucha gravedad y no se podía asistir en el botiquín del cuartel, fue trasladado en el mismo automóvil al Equipo Quirúrgico del Centro, donde falleció.

Reanudada la marcha, el cortejo fúnebre cambió completamente de formación. La mayor parte de los acompañantes del cadáver, sobre todo militares, dejaron de ir detrás de la presidencia y se situaron en los laterales del cortejo, cubriendo por completo todo el ancho de la Castellana, algunos con sus armas reglamentarias en la mano, con el fin de proteger al cortejo de nuevas agresiones.

Al llegar a la altura de la calle de Lista (actual Ortega y Gasset) desde la azotea de una de las casas de la zona, se hacen contra el cortejo una docena de disparos, que causan de nuevo temor entre los asistentes, muchos de los cuales se tiran al suelo para protegerse. Las fuerzas de la Benemérita y de Asalto penetraron en el interior de la casa, pero los agresores se dieron a la fuga escapando por los tejados de las casas colindantes, sin que se consiguiera detener a ninguno de ellos. Los nuevos heridos fueron también trasladados rápidamente a las Casas de Socorro y clínicas próximas.

La comitiva continuó por la Castellana, y plaza de Colón, hasta entrar en el paseo de Recoletos.

Ya en el paseo de Recoletos, frente a la casa número 6, y desde otra obra en construcción situada al lado de la embajada de Brasil, se vuelven a producir disparos contra los asistentes al entierro. Fuerzas de la Guardia Civil y Asalto, repelieron a tiro limpio la agresión, penetrando en la obra, y deteniendo a una treintena de obreros, que fueron trasladados a la DGS. Al igual que los anteriores obreros detenidos, el juez de guardia los puso en libertad.

Al llegar a la plaza de Cibeles, algunos de los asistentes al entierro intentan que la comitiva se dirija al palacio de las Cortes, en la carrera de San Jerónimo, donde en ese momento se iba a celebrar un pleno del Congreso, al que ya me he referido antes, con las palabras de Calvo Sotelo sobre la esquela mortuoria.

«¡Al Congreso, al Congreso!», gritan muchos. Quieren llegar al palacio de las Cortes, depositar el féretro en la escalinata principal de los leones y allí, delante de los Diputados, rezarle un responso al alférez. Sin embargo, esto no ocurrió, porque el hijo del finado, David de los Reyes, se negó a la idea, continuando el cortejo hacia la Puerta de Alcalá.

En Cibeles, el féretro, que hasta entonces había ido a hombros de guardias civiles, fue colocado en el coche fúnebre, que continuó su marcha. Según la esquela mortuoria publicada en el periódico ABC, aquí se debía despedir el duelo. Los diputados Gil Robles y Calvo Sotelo, se despidieron del cortejo en este punto, para acudir a la sesión parlamentaria, que comenzaba a las cinco de la tarde. La mayoría de los jefes y oficiales de la Guardia Civil y del Ejército, y personalidades que asistían al entierro, continuaron acompañando el cadáver en automóvil.

Cuenta Gil Robles en su libro «No fue posible la paz»: “Cuando llegué al Congreso, pude advertir el pánico que reinaba entre los diputados por creer que los asistentes al entierro se proponían asaltar el edificio”.

Según algunos testimonios, la noticia del posible asalto, pusieron muy nerviosos a los diputados que temen que la Segunda República pudiera terminar como la Primera, esto es con una toma del Congreso por los militares. Por si acaso, las fuerzas de Asalto, que se consideraban las más fieles a la República, con ametralladoras rodearon el Parlamento.

Indalecio Prieto comentó: “La imaginación se nos iba a la calle, donde ya habían caído tres muertos y bastantes heridos… Ante la gravedad de estos hechos, ¿cómo fijar la atención en lo que decían los oradores dentro del salón de sesiones?”.

En el parlamento se acordó someter al voto de la Cámara, una moción de confianza al Gobierno, a fin de que adoptara las medidas necesarias para resolver los problemas de orden público que atenazaban al país. La propuesta es aprobada por 195 votos a favor y 65 en contra, pero curiosamente las medidas que adoptó el Gobierno apuntaron en una sola dirección, hacia la derecha.

LOS SUCESOS SANGRIENTOS EN LA PLAZA DE MANUEL BECERRA

Según la costumbre, el cortejo, después de pasar por la Puerta de Alcalá, seguía hacia la plaza de Manuel Becerra, cerca de Ventas, donde tradicionalmente se le decía el último adiós al cadáver, camino del cementerio del Este. Pero los ánimos de los asistentes al sepelio estaban muy caldeados. El entierro había sido tiroteado y había tenido incidentes en cada instante del recorrido. Un nutrido grupo de jóvenes, dando gritos y vivas a España y a la Guardia Civil, transformó el sepelio en una espontánea manifestación.

Visto el cariz que tomaban los acontecimientos, el Director general de Seguridad, José Alonso Mallol, que iba en el entierro, ordenó que la Guardia de Asalto se movilizara, y que del cuartel de Pontejos, saliera una sección de Asalto con destino a la plaza de Manuel Becerra. Por su parte, el coche fúnebre aceleró en ese punto la marcha hacia el Cementerio Municipal (Almudena), seguido del que llevaba las coronas mortuorias, sobrepasando y dejando atrás a los manifestantes.

A las seis de la tarde, tras entonar un responso el clero, se dio cristiana sepultura al alférez Anastasio de los Reyes.

Cuando la manifestación, que ya tenía un carácter muy violento, llega a Manuel Becerra, también llega a ese lugar las fuerzas de Asalto en tres camionetas, al mando del teniente José del Castillo, que llevaba órdenes concretas y terminantes de disolver la manifestación. Castillo tenía órdenes de dominar algo que era ya muy difícil de dominar.

José del Castillo Sáenz de Tejada, de 35 años, era simpatizante socialista. Cuando se inició la Segunda República, era teniente del Regimiento de Infantería de Alcalá de Henares. Durante la revolución de octubre de 1934, fue destinado, al frente de una sección de morteros, a reprimir una manifestación de obreros en Cuatro Caminos, a lo que se negó alegando: “Yo no tiro sobre el pueblo”. Sometido por este acto de desobediencia a Consejo de guerra, lo condenan a un año de prisión militar. Tras salir de prisión se afilió a la UMRA (Unión Militar Republicana Antifascista) y desde la cual, le fue encargada la instrucción de las milicias de las Juventudes Socialistas. Tras el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936, solicita su pase a la Guardia de Asalto. Su ingreso en este cuerpo se produce el 12 de marzo de dicho año, siendo destinado a la 2ª Compañía de Especialidades, con base en Madrid, en el cuartel de Pontejos, cerca de la Puerta del Sol..

Algunos de los militares que iban en la manifestación reconocieron al teniente Del Castillo, y sabían de su actitud en los hechos de octubre de 1934. Al parecer, iba a caballo, y es posible que lo rodeasen y zarandeasen. Es de imaginar que Castillo pensara que podían, no sólo desmontarlo, sino también agredirlo en el suelo. Quizás fuera la desesperación, lo que motivó que, preso de un gran nerviosismo, desenfundara su pistola y comenzara a disparar con fuego real sobre las personas que le rodeaban, resultando varias personas heridas y muertas. Castillo estuvo a punto de ser linchado allí mismo por los manifestantes, y tuvo que ser sacado, a duras penas, del lugar de los hechos por los agentes bajo su mando, que lo trasladan a la DGS. Tras prestar declaración, el teniente Castillo fue puesto en libertad, sin cargos, regresando al servicio.

Aquí el ministerio de la Gobernación cometió un gran error. El teniente Del Castillo, como parece lo normal, debió ser apartado del servicio y sometido, como mínimo a una investigación oficial por la forma de disolver la manifestación con uso de munición real. Dicha investigación, bien podía haber concluido con que había disparado en defensa propia y por causa de fuerza mayor. Pero el hecho de que ni siquiera fuese apartado del servicio por unos días, fue lo que llevó a pensar a las milicias de derechas que no se había hecho justicia y que se la tenían que tomar por su mano.

José del Castillo Sáenz de Tejada

Como consecuencia de los sucesos acaecidos en el transcurso del entierro del alférez De los Reyes encontrarían la muerte en aquella luctuosa jornada, seis personas, José Rangel Yáñez, Luis Rodríguez Vargas, Manuel Rodríguez Gimeno, Andrés Sáenz de Heredia y Arteta, Julio Mir Costa y Emilio Carro Herrero.
  • A las dos menos cuarto de la madrugada ha fallecido en el Equipo Quirúrgico del Centro José Rangel Yáñez, de dieciséis años, estudiante y natural de Sevilla, herido en los sucesos de la Castellana, donde recibió un balazo en la región epigástrica, cuya lesión fue calificada de pronóstico gravísimo.
  • En la Casa de Socorro del distrito de Buenavista ingresó ya cadáver, conducido por camilleros de la Cruz Roja, Luis Rodríguez Vargas, de veintitrés años, soltero, comerciante, natural de Madrid y con domicilio en la calle de Alcántara, número 17. Presentaba un balazo en la cara, con orificio de salida por la parte posterior de la cabeza.
  • En la Casa de Socorro del distrito de Universidad, y a poco de ingresar, falleció, a consecuencia de un balazo en la cabeza, Manuel Rodríguez Gimeno, de veintiocho años. Era estudiante de Farmacia y militante del SEU
  • En la Casa de Socorro de Cuatro Caminos, ingresó en estado preagónico y falleció a la media hora don Andrés Sáenz de Heredia y Arteta, de veinticuatro años, soltero, estudiante, domiciliado en la calle de Velázquez, número 122. Presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza, con salida de la masa encefálica. La víctima era primo hermano del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera.
  • Julio Mir Costa, domiciliado en la calle Carnicer, número 30. Trabajaba en la obra del Paseo de la Castellana, cuando se inició el primer tiroteo. Murió por los disparos que realizaron desde la comitiva sobre los obreros. Presentaba una herida por arma de fuego en la fosa ilíaca izquierda, de pronóstico grave.
  • El día 18 de abril por la mañana, falleció Emilio Carro Herrero de 47 años, empleado subalterno de Correos. Recibió una herida de bala en el hipocondrio izquierdo, con orificio de entrada y salida, y otra en el muslo de carácter grave, cuando desempeñaba funciones de su servicio fuera de la oficina. Fue ingresado en la casa de socorro de Buenavista, y de allí se le trasladó al Hospital general. A la viuda e hijos se le concedió una pensión anual de 2.500 pesetas, equivalente al sueldo que disfrutaba (Gaceta de Madrid del 27 de mayo de 1936)
Los entierros de los mismos, se hicieron por orden gubernativa, en la más estricta intimidad y con grandes medidas de seguridad:

A las cuatro de la tarde, con pequeños intervalos, recibieron sepultura en el Cementerio Municipal los cadáveres de José Rangel Yáñez, Luis Rodríguez Vargas, Manuel Rodríguez Gimeno y Julio Mir Costa.
En el cementerio había tomadas grandes precauciones, custodiando aquellos alrededores fuerzas de Seguridad y Vigilancia, y no permitiéndose entrar en el recinto más que a familiares de las víctimas.
Como la autoridad había autorizado el traslado a la Sacramental de San Lorenzo del cadáver de don Andrés Sáez de Heredia, éste fue colocado en un furgón y, seguido de un coche de familiares de la víctima y una camioneta con guardias de Asalto, fue conducido a la Sacramental de San Lorenzo.
Ni en uno ni en otro sitio se produjo incidente alguno.
19360419 049 ABC

En varias Casas de Socorro y en otros centros benéficos recibieron también asistencia médica 32 personas heridas, de ellas ocho por arma de fuego.
  • Gregorio Jiménez Duque 25 años, guardia conductor del cuerpo de Seguridad y Asalto, herida por arma de fuego en la cara posterior del muslo izquierdo, con orificio de salida por la cara anterior, pronóstico grave. Trasladado al Hospital Militar de Carabanchel
  • Federico Bertodano Roncali, 67 años, (Tradicionalista) propietario, herida por arma de fuego en la región glútea izquierda, con orificio de entrada y salida, pronóstico reservado.
  • Luis Romero Julián, 20 años, con domicilio en la calle Ayala número 7, herida de arma de fuego en la región glútea derecha, pronóstico reservado, paso al Hospital.
  • Gregorio Morales García, 17 años, natural de Madrid, Olivar 32, herida por arma de fuego en sedal, en el brazo izquierdo, y contusiones en la región escapular izquierda y brazo derecho, pronóstico reservado.
  • José Sainz Ramírez, 58 años, natural de Burdeos, Conde de Peñalver, número 7, herida por arma de fuego, en región hepática, con salida por la misma, grave.
  • Ignacio Marín Carrión, 28 años, natural de Irún con domicilio en Sanz de Baranda, 6, herida por arma de fuego en la en la región inguinal derecha y contusiones, en la cabeza y piernas, pronóstico reservado. Hostilizaba a la fuerza pública desde las obras de la calle Miguel Ángel
  • Carmelo Herece Armando, de 54 años, herido grave por arma de fuego, que ingreso en el Hospital Provincial, trasladado en un taxi por un Guardia civil.
  • Resultó herido de gravedad, por disparos a quemarropa en la región precordial, el joven estudiante de medicina de 19 años, José Luis Llaguno Acha, miembro de la Comunión Tradicionalista, que fue dado por muerto durante muchas horas.
En la Dirección General de Seguridad (DGS) había, en la mañana del 17 de abril, 170 individuos detenidos, de organizaciones extremistas de izquierda y derecha. Casi todos, después de haber prestado declaración ante el Jefe superior de Policía, señor Pedro Rivas, que se hizo cargo de los detenidos en los primeros momentos, pasaron a la cárcel, a disposición de la DGS.

EL ASESINATO DEL JUEZ MANUEL PEDREGAL LUEGE

Además, el 15 de abril, el Gobierno tenía que ocuparse de otro entierro, el del magistrado Manuel Pedregal Luege, de 60 años, presidente de la Sala primera de la Audiencia, asesinado a la salida del Metro de Chamberí en Madrid, cuando iba por el Paseo de Luchana, por dos falangistas a últimas horas de la tarde del lunes día 13.

Manuel Pedregal

Pedregal había sido ponente en la causa instruida contra unos falangistas implicados en el atentado cometido en marzo de ese año, contra el catedrático socialista Luis Jiménez de Asúa, en el cual murió su escolta, el agente de Vigilancia Jesús Gisbert Urreta, de veintiséis años. Los autores del atentado eran los falangistas Alberto Aníbal Álvarez, José María Díaz Aguado, Alberto Ortega Marín y Guillermo Aznar Germes. La policía española solo pudo detener a Alberto Ortega, los demás huyeron a Francia.

En el juicio celebrado el 6 de abril en la Audiencia Provincial de Madrid, Alberto Ortega fue condenado a veinticinco años y nueve meses de reclusión mayor por asesinato con premeditación, y a otros cinco de prisión menor por tenencia ilícita de armas.

Las sentencias dictada fue muy dura y, en opinión de la Falange, injusta, ya que los verdaderos autores del atentado eran los que se habían refugiado en el extranjero.

El entierro de Pedregal, presidido por el ministro de Justicia, se realizó en la mañana del día 15, en medio de grandes medidas de seguridad, con el fin de evitar posibles disturbios.

El féretro del magistrado Pedregal bajando por las escalinatas de la Audiencia de Madrid, donde se instaló la capilla ardiente

17 DE ABRIL. REACCIÓN DE LOS SINDICATOS

Desde las nueve de la noche del jueves 16, tras los sucesos ocurridos en el entierro del alférez del Guardia civil, estuvo reunida en la Casa del Pueblo su Junta directiva, asistiendo a la reunión representantes de la Agrupación Socialista, del partido Comunista y del Comité de unificación de las Juventudes socialistas y comunistas, para decidir lo que se debía hacer en ese momento, que fuese mejor al interés de la clase obrera. Se acordó no hacer una huelga general en protesta por lo ocurrido ese día.

Esa misma noche, una representación de las mencionadas directivas se dirigió al ministerio de la Gobernación, entre ellos el diputado socialista Julio Álvarez del Vayo. En uno de los despachos del ministerio, a la una de la noche ya del día 17, se hallaban reunidos con el jefe del Gobierno, Manuel Azaña, varios ministros, entre ellos el de Obras Públicas y el de Hacienda. Se decidió que por “enfermedad” de Amós Salvador, se encargaría de la cartera de Gobernación, Casares Quiroga, que ya ocupaba la cartera de Obras Públicas.

La representación de los sindicatos obreros, se reunió con el jefe del Gobierno y con Casares Quiroga. Le expusieron la indignación que al proletariado le producen las provocaciones de los elementos fascistas y reaccionarios. Le señalaron la necesidad de que el Gobierno adoptara resoluciones enérgicas para cortar terminantemente las provocaciones, cuya finalidad es dar lugar a estados de violencia por parte de la clase trabajadora. En otras palabras, le pedían que atacara a los provocadores, pero justificaban a los violentos.

Azaña comunicó a los visitantes que habían sido encarcelados todos los coroneles, teniente coroneles y elementos del Ejército e institutos armados que el día anterior se destacaron en la provocación durante el entierro del guardia civil muerto el 14 de abril. También les dijo que habían sido cursadas las oportunas órdenes para proceder a la detención, en toda España, de los más destacados elementos fascistas.

A pesar que los directivos de la Casa del Pueblo, y los representantes de las organizaciones socialista y comunista, estaban en contra de la huelga general, al día siguiente, los trabajadores madrileños respondieron a los sucesos con un paro absoluto. Bastó que lo decretara la C.N.T.

17 DE ABRIL. LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO

Desde las once de la mañana hasta las dos y diez de la tarde estuvo reunido el Consejo de ministros en la Presidencia.

El Gobierno examinó las circunstancias en que ayer (16) se produjo el entierro del alférez de la Guardia civil, señor De los Reyes y los incidentes graves a que dio lugar la fúnebre manifestación. Según los informes que el Gobierno tiene, todo fue producido por haberse desobedecido las órdenes cursadas por el Ministerio de la Gobernación, en relación con el itinerario que el cortejo había de seguir. Los que dirigían la manifestación cambiaron a su antojo ese itinerario. La Dirección de Seguridad había montado los servicios de vigilancia y protección con arreglo a la ruta oficialmente marcada, y por ello al cambiarse, la información sobre los sucesos ha tenido que ser más deficiente, como asimismo hubo una deficiencia notoria en la prestación de aquellos servicios policíacos.
El Gobierno ha tenido informes fidedignos en el sentido de que en esa manifestación hubo numerosos jefes y oficiales, a los que se sumaron extensos núcleos fascistas que no se portaron con la corrección obligada. Por parte del elemento oficial que asistía al acto, hubo también un exceso de nerviosismo, que en buena parte contribuyó a que se produjeran los incidentes.
El examen de estos hechos ha llevado al Consejo de ministros al planteamiento de un problema que ya en alguna otra ocasión había sido analizado por el Gobierno. Hay muchos elementos en el Ejército, en la Guardia civil y en los Cuerpos de Vigilancia y Seguridad, que según el propio Gobierno, no actúan con la adhesión y con el entusiasmo que les impone a unos el uniforme y a otros la significación de su propio cargo. El Gobierno conoce perfectamente esta situación de ánimo de algunos de sus servidores, así como las intervenciones de diversos militares retirados de los que se acogieron el año 1931 a los beneficios de la ley, que aprobaron las Cortes Constituyentes, a propuesta del señor Azaña, cuando éste era ministro de la Guerra.
El Consejo consideró que era ya inaplazable la necesidad de adoptar medidas contra esos militares retirados para eliminar la eficacia de su intervención en las perturbaciones y asegurar de ese modo, no sólo la tranquilidad, sino la disciplina en los elementos armados, ya que, aunque esos jefes y oficiales no están en activo, mantienen estrecha relación con los que lo están. En vista de ello, se acordó la redacción inmediata y la lectura para esta misma tarde, en la sesión de Cortes, de un proyecto de ley de la Presidencia del Consejo, a virtud del cual se pueda privar de sus derechos, remuneraciones, armamentos y uniformes a esos militares.
Se acordó después, la substitución en el mando de algunos Cuerpos y unidades del Ejército, de la Guardia civil, de los jefes que los tienen a su cargo y que no merecen la confianza del Gobierno.
También se adoptaron decisiones en el sentido de arrestar a algunos de los jefes y oficiales que se distinguieron en al aspecto de rebeldía, que en determinados momentos tuvo la manifestación de ayer. Esos jefes y oficiales han sido recluidos en la Prisión Militar de Guadalajara.
19360418 022 LA VANGUARDIA



El mismo día 17, el teniente coronel Florentino González Vallés, clave en la organización de la comitiva y superior directo de Anastasio de los Reyes, y otros cinco oficiales de la Guardia Civil fueron pasados a la situación de disponibles forzosos. El decreto firmado por Santiago Casares, se publicó en la Gaceta de Madrid del 18 de abril de 1936.

Los jefes y oficiales del cuerpo fueron el comandante Marcelino Muñoz Lozano (51 años) y los capitanes José Argelés Escrich (44), Jesús Cejudo Belmonte (42), Rafael Bueno Bueno (43) y Antonio Jover Bedia (36). Fueron recluidos en la Prisión Militar de Guadalajara.

Se acordó también la prórroga por otros treinta días del Estado de Alarma, declarado por Decreto de 17 de febrero de 1936, en todo el territorio nacional y plazas de soberanía, Ceuta y Melilla (Gaceta de Madrid del 18 de abril de 1936).

También el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros, un proyecto de ley sancionando y privando de derechos a los militares retirados por la ley de 1931, conocida como ley Azaña, que participasen en actividades políticas contrarias a la paz pública y a lo que ellos consideraban el régimen. (Gaceta de Madrid del 18 de abril de 1936). Por este proyecto se proponía que perdieran sus derechos al percibo de los haberes pasivos, al uso de uniforme y a las demás ventajas que les otorgan las leyes, aquellos militares afectos a ellas cuando pertenezcan a Ligas, Asociaciones u organizaciones ilegales o contribuyan a su sostenimiento, y cuando tomen parte en actos de los que resulte perturbación de orden público o se dirijan a perturbarlo, como también cuando favorezcan con actos personales, públicos o clandestinos, las propagandas o manejos contrarios al régimen republicano. El proyecto de ley, fue aprobado y convertido en ley por las Cortes con el voto a favor de 212 diputados y 4 en contra (Gaceta de Madrid del 24 de abril de 1936).

El argumento que se esgrimía para incurrir en esta tremenda arbitrariedad, fue que la mayoría de los asistentes al entierro eran militares retirados acogidos a aquella ley Azaña de 1931. Como no podía ser de otra forma, esta nueva ley que afectaba a los militares retirados, fue recibida en los ambientes castrenses con notorio disgusto. Se entendió como un ataque a la colectividad militar, por parte del gobierno del Frente Popular.

DETENCIONES DE PERSONAS DE DERECHAS

Ese mismo día 17, el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministro un decreto, acordando la disolución e ilegalización de todas las Ligas fascistas y organizaciones de tipo análogo. Mediante dicho decreto se declaró a la Falange asociación ilícita. Al declarar fuera de la ley a Falange Española, se persiguió y encarceló en todas las provincias, a sus principales mandos, así como a un elevado número de militantes.

Desde la DGS, siguiendo instrucciones del ministro de Gobernación, se dieron órdenes a los Gobernadores civiles provinciales, para que la policía y Guardia civil detuviera a los directivos provinciales y locales de Falange.

Se produjeron muchísimas detenciones en toda España, no solo de falangistas, sino de personas de derechas o católicas, sin ninguna razón o criterio. Muchas de ellas realizadas por algunos alcaldes de pueblos, que arrogándose una autoridad que no les correspondía, dieron orden a policías municipales o incluso a guardias civiles para que detuvieran a sus enemigos políticos, llegando incluso a realizar registros en domicilios particulares y en sedes de partidos o agrupaciones de derechas.

La inmensa mayoría de los detenidos, eran llevados a las Comisarías o a los cuartelillos, y después a la cárcel, sin que se les justificara el motivo de su detención.

En algunos lugares se detuvieron a periodistas, como en Baza (Jaén) donde los corresponsales de “Prensa Española” y “Ahora” fueron arrestados. También a miembros de partidos políticos de derechas con representación parlamentaria, como Acción Popular y Renovación Española, los partidos de Gil Robles y Calvo Sotelo. Hay noticias de prensa que informan de estos hechos en las provincias de Córdoba, Murcia, Salamanca, Ciudad Real, Segovia, etc. En Oruña (Cantabria) detuvieron al párroco, que tenía setenta y dos años. El vecindario hizo constar su protesta contra esa detención, y el gobernador ordenó su libertad.

Un caso singular fue el ocurrido en el pueblo de Almáchar, en la Axarquía malagueña. El alcalde del pueblo decidió detener a las derechas del pueblo, y para ello no tuvo mejor idea que ordenar la detención cuando estaban en la iglesia parroquial del pueblo, donde se estaba realizando la Vigilia de Adoración nocturna:

Málaga 20, 3 tarde. La noche del sábado (18), en el pueblo de Almáchar, se celebraba en la iglesia parroquial la Vigilia de la Adoración Nocturna, asistiendo también nueve jóvenes de Acción Católica de Moclinejo, en unión de los curas párrocos de ambos pueblos.
A media noche, se presentaron en el templo el secretario del Ayuntamiento y el cabo de la Guardia civil, procediendo al cacheo de todos, sin resultado alguno. Después por orden del alcalde, de filiación socialista, fueron detenidos todos los adoradores de los mencionados pueblos y conducidos (andando) por la Guardia civil, por carretera hasta La Cala, cerca de Málaga, donde fueron recogidos por un coche celular y trasladados a la Comisaría de Vigilancia, donde después de cacheados nuevamente, también sin resultado positivo, fueron enviados en un camión, con fuerzas de Asalto, a Vélez-Málaga, y puestos a disposición del juez de instrucción de aquel partido, que es al que pertenece Almáchar.
El número de detenidos es de veintiuno, encontrándose entre ellos el presidente de la Adoración de Almáchar, don Manuel Martin España, anciano de setenta y cinco años. La detención se efectuó por suponerse el acto de culto como reunión clandestina; pero de ella no ha llegado a instruirse atestado alguno.
19360421 019 ABC

La noticia fue dada, censurada, por el Diario de Málaga el 20 de abril, en la página 7, y fue motivo de un comentario editorial al día siguiente, en el mismo periódico, recriminando la actuación del alcalde socialista.

Veamos el caso de Córdoba, en que el Gobernador civil, Antonio Rodríguez de León, tuvo que poner en libertad a elementos de derechas que habían sido detenidos por los alcaldes de algunos pueblos.

El gobernador civil don Antonio Rodríguez de León, al hablar ayer a los periodistas, les hizo las siguientes manifestaciones:
He recibido denuncias con motivo de las detenciones de elementos de derechas decretadas por los alcaldes de algunos pueblos de la provincia.
El sábado último y cumpliendo órdenes recibidas de la superioridad, dirigí un telegrama circular a los comandantes de puestos de la Guardia civil de los pueblos, interesándoles la detención de las juntas directivas de Falange Española y de aquéllos otros significados elementos de ideología análoga.
Por un error muy significativo de la oficina de Telégrafos, algunos de aquéllos telegramas, fueron dirigidos a los alcaldes de determinados pueblos, donde existían cuestiones de carácter personal, y los aludidos alcaldes ordenaron la detención de elementos de partidos de derechas, no comprendidos en la resolución de la superioridad.
Al recibir las denuncias, me puse al habla por teléfono con el ministro de la Gobernación, quien me ordenó que averiguara rápidamente cómo se había producido aquél error. Esta mañana he conferenciado con el jefe de Telégrafos, quien ha dispuesto que se abra una información para depurar lo sucedido, Entre tanto, he ordenado que sean puestos en libertad los elementos de derechas, no fascistas, (la mayoría de Acción Popular, radicales y monárquicos) que fueron detenidos por los alcaldes.
Diario de Córdoba 21 de abril de 1936

Otro caso distinto fue el del Gobernador civil de Asturias, Rafael Bosque Albiac. El periódico comunista “Mundo Obrero” del 20 de abril reproduce unas palabras suyas, que hablan por sí solas del estado del orden público:

He nombrado delegados del Frente Popular en toda Asturias —dice, el gobernador—, los cuales realizan batidas antifascistas con buen resultado: meten en la cárcel a curas, médicos, secretarios de ayuntamiento, y al que sea. Cumplen admirablemente su cometido. Algunos de los delegados son comunistas, e incluso como Fermín López, de Irún, condenado a muerte por su intervención en los sucesos de octubre. […] El de Teverga tiene en la cárcel al telegrafista y al secretario judicial; al primero le hace atender por el día el servicio telegráfico y por la noche lo encarcela. Entre los detenidos figuran dos canónigos de Covadonga.

En Málaga y su provincia, nos consta que se produjeron detenciones de miembros de Falange Española en Málaga, Antequera, Ronda y Campillos.

Málaga 20, 3 tarde. La Policía ha procedido, durante la pasada madrugada, a la detención de ocho individuos, afiliados a Falange Española, a uno de los cuales le fue ocupado un cuchillo. Todos ellos han ingresado en la cárcel.
19360421 019 ABC

Juan Sánchez Pérez (40 años), Salvador Miranda Molina (50), Manuel Atienza Barcenilla (32), Antonio Aragonés López (18), Antonio Tapia Liñán (15), José María Copello Sanz (16), y Eugenio Rioboo Hinojosa (16).
Diario de Málaga 19360420 003

Antequera.- El martes fueron detenidos, como presuntos fascistas, por disposición de la autoridad gubernativa, los jóvenes Juan Becerra García, Fernando Garzón García, José y Francisco Morente Caniego, Nicolás y José Ramos Castilla, José Hernández Santurtún, José Moreno de Luna, Agustín Zurita Chacón, Francisco Guerrero Galisteo y Francisco Gallardo Llamas.
Los detenidos fueron ingresados en la Cárcel, donde continúan.
19360426 El Sol de Antequera

Ronda 20, 11 mañana. Cumpliendo órdenes gubernativas, han sido trasladados a Málaga ocho fascistas detenidos. También se han efectuado registros, que han resultado infructuosos, en los domicilios de varios afiliados a Falange.

Campillos.- El 23 de abril fueron detenidos por orden gubernativa los elementos directivos de Falange, Don Diego Campos Moreno, jefe local, Don José Morgado Olmo, secretario, Don Antonio Campos Giles, Don Antonio Campos García, Don Pedro García Pérez, Don Pedro Cañamero Vargas y Don Cosme Padilla Santacruz, todos ellos falangistas, los que fueron puestos en libertad el 26 de mayo.
Baltasar Peña Hinojosa.- “Pequeña historia de la villa de Campillos”

Ayer en Campillos, fueron detenidos los vecinos del citado pueblo, José Morgado Olmo, de 28 años, Pedro García Pérez, de 24 y Antonio Campos García, de 23, por ser afiliados al partido Falange Española.
Hubo un registro en sus respectivos domicilios, no les fueron encontradas armas, ni documento alguno comprometedor.
Los detenidos ingresaron en el arresto municipal, a disposición de las correspondientes autoridades.
19360427 011 Diario de Málaga

Nada dictaminó el Gobierno contra los asaltos y quema de templos, invasiones de fincas, agresiones personales, asesinatos políticos... Estos hechos ni siquiera se mencionan en las órdenes o decretos que dictó el ejecutivo en virtud de la confianza otorgada por el Parlamento. Toda la culpabilidad de lo acaecido ese día, quiso hacerse recaer sobre la Falange en cuanto a los tiroteos, y de los guardias civiles y militares en lo tocante a la organización del entierro. 

Un día después del entierro del alférez De los Reyes, en el curso de una conversación en un salón del Congreso, Azaña culpó de lo ocurrido al nerviosismo que cundió al oírse los primeros disparos, a lo que el conservador Miguel Maura contesto: “De todas maneras, en treinta años que llevo en la vida política, no he presenciado un hecho que tenga, a mi juicio, tanta gravedad como el de ayer”. La conversación terminó al decir el Presidente del Gobierno: “Crean ustedes que todo ha sido producto del fascio”. Como vemos, Azaña estaba convencido que todo lo ocurrido había sido producto de la provocación fascista.

Cabría valorar también, la responsabilidad del Gobierno por sus titubeos, indecisiones, falta de autoridad y carencia de visión política. Aquel pudo haber sido un entierro normal, si desde el primer momento se hubiese organizado con sencillez y dignidad. Se quiso ocultar al mismo hasta límites vergonzantes, la prueba de la censura de la esquela mortuoria es incontestable, y sólo se consiguió una jornada de gran violencia en las calles de Madrid.

En la prensa, se decía algunos días más tarde:

"Ante los hechos que se han venido desarrollando estos días en Madrid y en otras partes del territorio de la República, fuera de la región autónoma, nos han parecido acertadas las medidas tomadas por el Gobierno central al disponer el desarme y la disolución de las milicias de partido; pero es evidente que si aquellas medidas han de tener alguna eficacia en orden a la pacificación material del país, es preciso que no sean unilaterales. Han de ser disueltas todas las organizaciones ilegales, sean, del color que sean. Han de ser desarmadas todas las milicias de partido de cualquier significación. […]
El Gobierno ha decidido que sean disueltas unas milicias de partido. Nos parece muy bien. Precisa, no obstante, que sean disueltas también todas las otras milicias de partido que existen. El señor Azaña dijo a las Cortes: "No hemos venido a presidir una guerra civil, y tampoco toleraremos que nadie la suscite".
Pues bien, es eso precisamente lo que pedimos al Gobierno: El desarme que no sea unilateral y sea efectivo".
19360421 002 El día de Palencia

12 Y 13 DE JULIO

El asesinato en abril del alférez Anastasio de los Reyes, y de otras personas de derechas, entre ellas el falangista Andrés Sáenz de Heredia, primo de José Antonio Primo de Rivera, sería el primero de una cadena de solo tres eslabones; una cadena trágica que llevaría al desenlace fatal de la Guerra civil.

El segundo eslabón de la cadena, fue el asesinato del teniente de Asalto José del Castillo, que estuvo al frente de los guardias de Asalto que tan enérgicamente se mostraron para la disolución de la manifestación que se produjo en el entierro del alférez De los Reyes en la plaza de Manuel Becerra. Desde aquel día, estaba marcado por los falangistas.

Sobre las nueve de la noche del 12 de julio, el teniente José del Castillo, se despide de su mujer, Consuelo Morales, y sale de su domicilio en la calle de Augusto Figueroa, para dirigirse al cuartel de Pontejos. Cuatro individuos de extrema derecha le están esperando. Cuando el teniente alcanza la esquina de la calle de Fuencarral, junto al Oratorio de la Virgen de la Soledad, alguien dice a su espalda: «¡Ese es...!». En ese momento, el comandante Alfonso Gómez Cobián, afín a Falange, dispara sobre el teniente su pistola ametralladora. Herido de muerte, en un taxi lo trasladan a un equipo quirúrgico cercano, donde certifican su defunción. Una de las balas había alcanzado la región precordial, con entrada por el quinto espacio intercostal y sin orificio de salida, mortal de necesidad. Los atacantes se dieron a la fuga, y hasta muchos años después, por declaración del propio Gómez Covián, no se supo quien fue el autor de los disparos.

«Al teniente Castillo lo maté yo. Estaba haciendo una labor peligrosísima, puesto que instruía a las juventudes rojas en la lucha revolucionaria y callejera. En Falange se decidió quitarlo de en medio, y fue muy fácil. Aquella noche le seguí con la pistola ametralladora preparada y en el momento oportuno le metí la ráfaga en los riñones…»

El cuartel de Pontejos, estaba situado en la plaza del mismo nombre, cerca de la Puerta del Sol, y era la sede de la plana Mayor y de las Compañías del 2º Grupo de Asalto.

La capilla ardiente del teniente se instaló en la Dirección General de Seguridad (DGS). Al pie de féretro, la joven viuda llora desconsoladamente. No hacía ni dos meses que se habían casado. Muy cerca, en el cuarto de banderas del cuartel de Pontejos, algunos compañeros y correligionarios del teniente se conjuran para asesinar, esa misma noche, a algún significado personaje de derechas.

Alrededor de la medianoche se concentraron en el cuartel de Pontejos varios oficiales, suboficiales y guardias compañeros de Castillo, algunos de ellos de paisano como el guardia José del Rey. También acudieron civiles pertenecientes a las milicias socialistas, sobre todo de «La Motorizada» de Indalecio Prieto, que eran sus guardaespaldas.

LA MOTORIZADA

Hacia la una y media de la noche del 12 al 13 de julio, a las órdenes del capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés, que viste de paisano, sacan del garaje la camioneta número 17. La misma la ocupan, además de Condés, varios guardias de Asalto, y varios milicianos, algunos de ellos, guardaespaldas de Prieto, como Luis Cuenca Estevas y Santiago Garcés Arroyo. La camioneta la conducía el guardia Orencio Bayo.

El capitán de la Guardia civil, Fernando Condés Romero (14/10/1906), era militante del PSOE. Al igual que su amigo el teniente de Asalto José del Castillo, tomó parte en la intentona golpista de octubre de 1934, queriendo ocupar el Parque de Automóviles de la Guardia Civil, con el apoyo de la sección de Infantería de Castillo, sin conseguirlo. Condés fue juzgado, condenado, expulsado de la Guardia Civil, y enviado a Prisiones Militares.

Fernando Condés

Con el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, fue amnistiado, siendo reincorporado y ascendido, por escalafón, al rango de capitán, aunque la Guardia Civil le dejó en situación de disponible forzoso, por su participación en los hechos de octubre de 1934. Ingresó también, junto con Castillo, en la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA). Tras su salida de la cárcel fue instructor de "La Motorizada", una milicia socialista compuesta por miembros de las Juventudes Socialistas madrileñas, y que, entre otras funciones, servía habitualmente de escolta a Indalecio Prieto. El teniente Castillo también era uno de los instructores de «La Motorizada».

La víctima designada era el líder monárquico Antonio Goicoechea, pero no lo encuentran en su casa. Entonces se dirigen al domicilio del líder de la CEDA, José María Gil Robles, pero se había marchado a Biarritz para pasar el fin de semana.

Entonces se dirigen a la calle Velázquez, donde vive José Calvo Sotelo, diputado y líder de Renovación Española. Aparcan la camioneta junto a la acera, en el número 89. En el portal, había una pareja de policías montando guardia de protección del diputado.

En el cuarto piso viven Calvo Sotelo con su mujer, Enriqueta Grondona, sus hijos, dos chicos y dos chicas de edades comprendidas entre los nueve y los catorce años. Después de escuchar la retransmisión radiofónica de "La Bohéme", Calvo Sotelo y su esposa se habían acostado.

El capitán Condés se identifica ante los guardias del portal, y acompañado de Luis Cuenca, de un guardia de Asalto José del Rey de paisano, y otros dos de uniforme, suben al piso del político.

Con el pretexto de efectuar un registro, y amparados en las credenciales de capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés, penetran en casa de Calvo Sotelo, a quien pidieron les acompañase a la DGS. Calvo Sotelo se resistió, alegando que “ningún ciudadano puede ser detenido sin una orden de la autoridad competente; pero yo, además, gozo de inmunidad parlamentaria como diputado. Para detenerme es necesario que un juez pida un suplicatorio a las Cortes y que éstas lo concedan”.

Calvo Sotelo intenta utilizar el teléfono, pero un guardia arranca el cable de un tirón. Se terminaron las contemplaciones. Calvo Sotelo se deja conducir al dormitorio, y se pone una ropa de calle. A todo trance quiere alejar a aquella gente de su familia.

Escoltado por los guardias, el diputado sale a la calle. Antes de subir a la camioneta, dice adiós con la mano a su esposa, que presencia la escena desde un balcón. Después se sienta donde le indican, en el tercer banco del vehículo, entre dos guardias.
 
La camioneta donde fue asesinado José Calvo Sotelo

Según el relato de Aniceto Castro Piñeiro, uno de los guardias de Asalto, que iba en la camioneta:

«Tardaron un cuarto de hora escasamente. Bajaron acompañados de Calvo Sotelo, quien vestía un traje gris y daba muestras de una absoluta tranquilidad. Le ordenaron que subiera y ocupó el tercer banco de la camioneta. (...) El chofer debía tener instrucciones concretas, pues seguía un itinerario sin que nadie le advirtiera nada. Fuimos por las calles de Ayala, Padilla y Juan Bravo. De pronto, el pistolero (Luis Cuenca) que se había colocado a la espalda del señor Calvo Sotelo, hizo un disparo sobre la cabeza. Fue un ruido sordo que casi se apagó con el ruido del motor. El capitán Condés, el conductor y los que iban en los bancos delanteros ni se volvieron siquiera a mirar. Nadie dijo una palabra. Inmediatamente, el mismo paisano hizo un segundo disparo sobre el señor Calvo Sotelo. Seguimos hacia el cementerio del Este (Almudena). El capitán y el Guardia (José del) Rey descendieron y hablaron con los guardias del cementerio. Nos mandó sacar el cadáver y allí lo dejamos en el suelo, junto a la entrada».


Serían sobre las dos treinta de la noche del 12 al 13 de julio. No habían pasado aún cinco horas de la muerte del teniente José del Castillo. Fue el tercer eslabón de la cadena de sucesos que nos llevó a la Guerra civil.

Mientras tanto, la familia del secuestrado estuvo telefoneando a amigos y correligionarios para denunciar la detención. En la Dirección General de Seguridad niegan haber enviado a un piquete de guardias para detenerlo. Pasan todavía unas horas antes de que se esclarezca lo ocurrido. Finalmente se divulga la noticia: han asesinado a José Calvo Sotelo.

El socialista Julián Zugazagoitia afirmó cuando se enteró de la noticia: "Este atentado es la guerra".

El juez don Ursicino Gómez Carbajo, del Juzgado número 3 de Madrid, que estaba de guardia el día 13 de julio, se hace cargo del caso del asesinato de José Calvo Sotelo. Abre el sumario 286/36 y llama a declarar a los dos guardias que custodiaban el domicilio del diputado. Cuando el juez los interroga, se da cuenta de la gravedad del caso, pues estos le manifiestan que la detención a altas horas de la madrugada de Calvo Sotelo, la había llevado a cabo un destacamento de guardias de Asalto que había llegado allí en una camioneta oficial, y que estaban bajo las órdenes de un capitán de la Guardia Civil que les mostró su documentación.

Tras haber averiguado que desde el cuartel de Pontejos, habían salido varias camionetas durante la madrugada, el juez ordena que traigan al juzgado a los guardias de Asalto que estuvieron de servicio esa noche en el cuartel. También ordena que lleven al juzgado al portero de la finca de Calvo Sotelo y a cuantos testigos hubiera en la casa que no sean familiares de la víctima, con la finalidad de realizar una rueda de reconocimiento.

A las nueve de la noche el juez Gómez Carbajo suspende la rueda de reconocimiento con la intención de reanudarla al día siguiente. A pesar de la hora decide ir al domicilio de Calvo Sotelo para realizar una inspección ocular e interrogar a la familia. Habla con la viuda cuyo testimonio coincide con lo declarado por las personas del servicio, y reconoce a Fernando Condés en unas fotografías que le enseñan.

Cuando cerca de la medianoche vuelve al Juzgado de Guardia, le está esperando el magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Iglesias Portal, que ha sido nombrado por el Gobierno juez especial del caso. A partir de ese momento este juez es quien llevará el sumario del asesinato de Calvo Sotelo.

El juez Gómez Carbajo, estuvo al frente de la investigación algo más de medio día, realizando una labor impecable, y consiguiendo grandes avances en la investigación. Cuando las autoridades designan a Eduardo Iglesias Portal como presidente del Tribunal especial, el sumario se ralentiza.

El 25 de julio, una semana después de iniciada la guerra civil, un grupo de diez o doce milicianos socialistas irrumpió en la sede del Tribunal Supremo, y a punta de fusil se apoderaron del sumario del asesinato de Calvo Sotelo. Según Ian Gibson, los milicianos pertenecían a «La Motorizada». Los documentos robados fueron inmediatamente quemados por los milicianos.

14 DE JULIO. LOS ENTIERROS DEL TENIENTE CASTILLO Y DE CALVO SOTELO

Al día siguiente, el presidente Casares Quiroga mantuvo una reunión con miembros del Frente Popular, entre ellos Indalecio Prieto y Juan Simeón Vidarte, y algunos oficiales de Asalto. En un momento dado, Casares anunció su intención de detener a todos los oficiales de Pontejos, pero Prieto se opuso diciéndole: “Si usted comete esa tontería, le aseguro que la minoría socialista se marchará del Congreso”.

Según Alfredo Semprún en su libro «El crimen que desató la Guerra civil» (página 176): “Prieto se salió con la suya y no se detuvo a nadie. A esas alturas, don Indalecio Prieto defendía al partido por encima de todas las cosas y, quizás, también a sí mismo: había demasiados militantes cercanos a él, implicados en el crimen". Los culpables del asesinato nunca fueron castigados.

Ese día, a las cinco de la tarde, acompañado por unas treinta mil personas, fue enterrado el cadáver de José Calvo Sotelo. El Gobierno había impedido que se le velara en la Academia de Jurisprudencia, de la que era presidente, y se tuvo que instalar la capilla ardiente en el depósito del cementerio donde su cadáver fue abandonado. Fue directamente del depósito al panteón familiar, a hombros de sus correligionarios.

En representación de la Cámara acudieron al cementerio del Este, para asistir al entierro del señor Calvo Sotelo, el vicepresidente de la Cámara señor Fernández Clérigo; el secretario señor La Bandera, y el oficial mayor don Luis San Martín. Al llegar el coche oficial a la puerta, cerca de la capilla, grupos de falangistas comenzaron a gritar: «¡Fuera! ¡Abajo el Parlamento! ¡Arriba España! ¡Viva el fascio! ¡Viva Falange!», y rodearon el coche, sobre el que cayeron algunas piedras.
La Policía de escolta descendió de los autos que ocupaba y se vio precisa a intervenir, procediendo a la detención de uno de los fascistas, al que le fue ocupada una navaja, con la que al parecer, iba a agredir a los miembros del Parlamento. Ante la actitud de los grupos, la representación parlamentaria abandonó el cementerio.
Terminado el entierro del señor Calvo Sotelo, comenzó seguidamente el desfile de las numerosísimas personalidades que habían acudido al fúnebre acto
19370715 El Diario de Burgos.

Cuando ya todo parecía en calma, y los asistentes al entierro de Calvo Sotelo regresaban a Madrid, en la plaza de Manuel Becerra, se formó una manifestación de varios centenares de jóvenes que venían del cementerio, y que iban dando gritos y vivas tal como ocurrió con anterioridad en el mismo. Varias camionetas de guardias de Asalto, fueron acompañando la manifestación por la calle de Alcalá.

Existe gran confusión para conocer al detalle cómo se produjeron los sucesos. Una versión dice que los manifestantes rodearon a un automóvil pequeño, que iba ocupado por un guardia conductor y un médico de las fuerzas de Asalto, tratando de que saludaran al estilo fascista. Otra de las versiones afirma que los grupos, indignados por suponer que desde una farmacia habían saludado con el puño en alto, se abalanzaron sobre el establecimiento y destrozaron las lunas a pedradas y palos.
No se sabe cuál de las dos provocó, los sucesos. Lo cierto es que se oyó; un disparo de pistola, después cuatro o cinco más, y entonces la fuerza pública repelió en igual modo la agresión, entablándose un fuerte tiroteo, que produjo extraordinario pánico entre los vecinos de aquella barriada y pacíficos transeúntes, que se apresuraron a guarecerse en tiendas y portales.
Los manifestantes huyeron en todas las direcciones, […] Restablecida la calma, guardias y vecinos se apresuraron a recoger a bastantes personas que estaban en el suelo heridas, que fueron trasladados a los centros benéficos más inmediatos al lugar de los sucesos.
19370715 El Diario de Burgos

Esta noticia fue totalmente censurada en toda la prensa nacional. Solo en “El Diario de Burgos", he podido encontrar lo sucedido ese día. Murieron cinco personas y unas treinta resultaron heridas, todos de bala. La policía practicó cerca de un centenar de detenciones, que fueron ingresados en los calabozos de la DGS.

Aquella misma mañana, a las once, había tenido lugar, en el antiguo cementerio civil el entierro del teniente José del Castillo, con asistencia también de varios millares de personas. La capilla ardiente había estado en la DGS y había sido trasladado a las cuatro de la madrugada al depósito judicial del cementerio. Ante el féretro, envuelto en una bandera roja, desfilaron las milicias unificadas puño en alto.

Indalecio Prieto, en el artículo publicado el día 15 en “El Liberal”, de Bilbao, comentó así el dramático contraste de los dos entierros:

"Son tan profundas nuestras diferencias, que ya no pueden estar juntos ni los vivos ni los muertos... Los cadáveres de don José del Castillo y don José Calvo Sotelo no podían ser expuestos en el mismo depósito... El cadáver del señor Calvo Sotelo quedó en el depósito general, y el del señor Castillo se llevó al depósito del que fue cementerio civil... El cadáver del señor Castillo estaba custodiado por guardias de Asalto. El del señor Calvo Sotelo por guardias civiles. Al primero le rindió homenaje una gran masa proletaria. Al segundo le escoltó hasta la fosa una legión de señoritos. ¿Se quiere una expresión que pinte con mayor patetismo el actual estado de España? Difícilmente podrá hallarse otra más gráfica. Los odios de una y otra muchedumbre saltaban por encima de las tapias que acotan los dos recintos mortuorios".

De la crispación del momento fue elocuente el tenso diálogo telefónico mantenido entre José María Gil Robles, al regresar de Biarritz para el entierro de Calvo Sotelo, y el presidente del Congreso, Diego Martínez Barrio, que se oponía a que las Cortes celebrasen el pleno que tenían previsto para el día 14, ante el temor de que los diputados se asesinasen entre sí. Así lo recoge Martínez Barrio en sus “Memorias”, página 343, y también Gil Robles en «No fue posible la paz», página 759: "Ya comprenderá que una sesión de Cortes, en estos momentos, puede ser una catástrofe. Yo no puedo registrarles a ustedes, y sé que todos ustedes están armados", dijo Martínez Barrio, a lo que le respondió Gil Robles:

—Estoy dispuesto a decir en las Cortes lo que sea preciso, sin preocuparme de las consecuencias de cualquier índole que de ello puedan derivarse.
—En este caso el Gobierno suspenderá las sesiones por decreto, le contestó Martínez Barrio
—Eso es otra cosa. Pero con mi asentimiento no se tomará la iniciativa de escamotear a la opinión pública el conocimiento de los hechos. Y conste que puede ser esa la última vez que estemos presentes en el Parlamento.
Como estimara el señor Martínez Barrio, que ese hecho podría ser considerado como el anuncio de la guerra civil, le repliqué:
—Si ello ocurriese, la responsabilidad caería plenamente sobre el Gobierno y los partidos que viven y actúan en complicidad, por acción o por omisión, con los inspiradores, promotores o agentes activos de la anarquía.
Dominado por la indignación, llegué a decirle: 
Comunique usted a los autores de la muerte de Calvo Sotelo que esta noche duermo en casa, por si quieren venir a asesinarme.
—Eso es llamarnos asesinos, gritó al aparato el señor Martínez Barrio.
—Tómelo usted por donde quiera, le repliqué.

15 DE JULIO. REUNIÓN DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE CORTES 

Como hemos visto, Gil Robles se opuso a que la sesión parlamentaria del día 14 de julio se suspendiera, por lo que el Presidente de las Cortes, Martínez Barrio, tuvo que recurrir al presidente del Gobierno Casares Quiroga, para que mediante la publicación de un Decreto firmado por el Presidente de la República, se suspendieran las sesiones de Cortes durante siete días. Según él, lo hizo como medida de prudencia para apaciguar los ánimos.

En uso de la prerrogativa que me confiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Constitución de la República, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 58 del mismo texto constitucional; de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta de su Presidente,

Vengo en decretar:

Artículo único. A partir de esta fecha, quedan suspendidas las sesiones de Cortes durante el plazo de siete días.

Dado en El Pardo a catorce de Julio de mil novecientos treinta y seis.

MANUEL AZAÑA

El Presidente del Consejo de Ministros, Santiago Casares Quiroga 

(Gaceta del 17 de julio de 1936)

Pero ocurría que la declaración del Estado de Alarma, había que renovarla cada treinta días en las Cortes, y la que estaba vigente caducaba ya, y al considerar el Gobierno necesario prorrogarlo por otros treinta días más, no quedó más remedio que convocar a la Diputación Permanente de las Cortes en la mañana del 15 de julio de 1936, con el fin de someter a su aprobación dicha prórroga. El presidente de las Cortes, tenía la esperanza de que no hubiera incidentes al ser solo veintidós el número de diputados presentes, de ellos, solo siete de derechas.

La sesión empezó a las once y media de la mañana, y entre los reunidos estaban Gil Robles, Fernando Suárez de Tangil, en su condición de suplente de Calvo Sotelo, Marcelino Domingo, Portela Valladares, Indalecio Prieto, Álvarez del Vayo, José Díaz Ramos, Juan Ventosa, etc. No estuvo presente el presidente del gobierno Casares Quiroga. En su lugar asistieron el ministro de Estado y el ministro de la Gobernación.

La situación alrededor del Congreso era de alerta máxima, con la presencia de retenes de guardias de Asalto en todas las esquinas cercanas.

La lectura de la proposición del Gobierno de la prórroga, no mereció el más mínimo interés y fue aprobada, al final de la sesión, por trece votos a favor y cinco en contra.

La sesión fue muy tensa y polémica. Tras la lectura de la proposición de prórroga del Estado de Alarma, Martínez Barrio cede la palabra a Suárez de Tangil, que en nombre de los diputados tradicionalistas y de Renovación Española, dio lectura a un durísimo comunicado sobre el asesinato de su compañero Calvo Sotelo, en el que acusaba directamente al Gobierno y a las izquierdas:

«Este crimen, sin precedente en nuestra historia política, ha podido realizarse merced al ambiente creado por las incitaciones a la violencia y al atentado personal contra los Diputados de derechas que a diario se profieren en el Parlamento. “Tratándose de Calvo Sotelo, el atentado personal es licito y plausible", han declarado algunos. Nosotros no podemos convivir un momento más con los amparadores y cómplices morales de este acto».

Martínez Barrio ordenó eliminar del Diario de Sesiones parte del discurso de Suarez de Tangil, como la frase que había sido un «verdadero crimen de Estado». Y también las duras acusaciones dirigidas contra el presidente del Gobierno Casares Quiroga. Finalizado el discurso, Suarez de Tangil, anunció la retirada definitiva de las Cortes de todos los diputados de su grupo.

Las palabras de que el atentado personal contra Calvo Sotelo es lícito y plausible, fueron pronunciadas por el diputado socialista Ángel Galarza en la sesión plenaria de las Cortes, del 1 de julio de 1936. Tras la intervención ese día de Calvo Sotelo, que fue interrumpida, como era habitual, en numerosas ocasiones, Ángel Galarza le lanzó al líder de Renovación Española una amenaza nada velada:

«Pero contra quien pretende ser jefe del movimiento fascista español y conquistar el poder por la violencia, para llevar a quienes militan en los partidos de izquierda a los campos de concentración y a las cárceles, la violencia es legítima, y se puede llegar en tal caso hasta el atentado personal».

El discurso de Galarza fue aplaudido por sus compañeros de partido, pero el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, visiblemente indignado, intervino inmediatamente para replicarle:

«La violencia, Sr. Galarza, no es legítima en ningún momento ni en ningún sitio; pero si en alguna parte esa ilegitimidad sube de punto es aquí. Desde aquí, desde el Parlamento, no se puede aconsejar la violencia. Las palabras de S.S., en lo que a eso respecta, no constarán en el Diario de Sesiones».

Posteriormente al discurso de Fernando Suárez de Tangil, conde de Vallellano, tomó la palabra José María Gil Robles en nombre de la CEDA, pronunciando un violento discurso ante la Diputación permanente de las Cortes. Con palabras tremendamente apasionadas, lanzó gravísimas acusaciones contra el Gobierno de la República en relación con el asesinato de Calvo Sotelo. En su libro “No fue posible la paz”, dejó escrito:

«Quise que mi último discurso parlamentario representase el más solemne repudio de una política suicida que nos echaba fuera de la legalidad. Reconozco que hablé con dureza, con acritud, con violencia máxima. Quería que mis palabras llevaran a los últimos rincones de España la tremenda verdad de la tragedia que vivíamos».

Dada la importancia del discurso de Gil Robles, lo he transcrito,casi en su totalidad, en la Crónica «DISCURSO DE GIL-ROBLES, EL DÍA 15 DE JULIO DE 1936, EN LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LAS CORTES» 

https://cronicasdelvientosolano.blogspot.com/2024/04/discurso-de-gil-robles-el-dia-15-de.html

Dos días más tarde, el 17 de julio, se producía el levantamiento militar en la ciudad de Melilla, que nos llevaría a la Guerra civil 


Comentarios

Entradas populares de este blog

CAÑETE LA REAL, VERANO DEL 36

SIERRA DE YEGUAS, VERANO DEL 36

LOS PRIMEROS VEINTICINCO DÍAS DE LA GUERRA CIVIL EN ANTEQUERA

LA CANTINA ESCOLAR

JUAN MARÍA PÉREZ AVILÉS (1784-1845), CURA Y POLÍTICO. SEGUNDA PARTE