LA VICTORIA DEL FRENTE POPULAR EN MÁLAGA
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| Manuel Azaña en el momento de depositar su voto |
En mi anterior Crónica «LAS ELECCIONES GENERALES DEL 16 DE FEBRERO DE 1936 EN CAMPILLOS», ya describí como fueron esas elecciones en toda España, y en Campillos en particular. En ella me detuve en explicar cómo se realizaba la elección de Diputados y las particularidades que tenía la ley electoral por la que se realizaría dicha elección.
Haciendo un recuerdo rápido, la circunscripción electoral era
la provincia, y también las capitales con más 150.000 habitantes, como era el caso de
Málaga. Por tanto, Málaga tenía dos circunscripciones: Málaga capital que
elegía a cuatro diputados y Málaga provincia que elegía a ocho diputados
Se votaba a los candidatos con un voto restringido, con un
reparto fijo de escaños muy desproporcionado, en mayorías y minorías, aunque la
diferencia de votos entre ambos grupos fuera muy pequeña.
En dicha Crónica detuve el relato en la tarde del 16 de
febrero de 1936, cuando se cerraron las mesas electorales a las cuatro de la
tarde.
16 DE
FEBRERO
A diferencia de lo sucedido durante la campaña electoral, en
que hubo un grado alto de violencia, en la mayoría de las circunscripciones,
las medidas adoptadas por las autoridades permitieron que la constitución de
las mesas y que, según la versión del gobierno, la movilización de millones de
electores, se hiciera con una cierta normalidad, gracias,
en parte, a que las fuerzas de orden público, Asalto, Guardia civil
y Policía, patrullaron constantemente por las ciudades.
La realidad fue que durante la jornada electoral, hubo muchos
incidentes, como rotura de urnas, agresiones a autoridades (jueces, notarios,
interventores), coacciones a religiosos, choques entre simpatizantes de
distintas candidaturas, en algunas de los cuales se exhibieron armas, lo que
motivó la intervención de la policía y la detención de algunos individuos. En
Galicia, con mucha diferencia, fue donde se produjeron más altercados.
En algunas provincias, hubo muertos y heridos. Según Manuel Álvarez
Tardío y Roberto Villa García en su libro “1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente
Popular” (. 282), ese día 16 de febrero, hubo diez muertos y
dieciséis heridos de gravedad. La realidad de ese día, estuvo muy alejada de la
imagen que quiso trasladar el gobierno de una jornada tranquila.
Los desórdenes comenzaron a propagarse, sobre todo a partir de las cuatro
de la tarde, momento del cierre de las mesas electorales. En Madrid, nada más
cesar la lluvia, al atardecer, grandes multitudes de personas, se lanzaron a la
calle a proclamar la victoria de la izquierda, recorriendo en manifestaciones,
que no parece que fueran espontáneas, las calles de la capital.
En ese contexto, el gobierno
de Portela empezó a filtrar a media tarde del día 16 los resultados recabados hasta
ese momento por el ministerio de la Gobernación. Las noticias apuntaban al
triunfo del Frente Popular en las dos circunscripciones madrileñas, obteniendo trece de los diecisiete escaños en la capital, y seis de ocho en la
provincia, así como en otras circunscripciones provinciales.
Las noticias recibidas esa
misma noche desde Cataluña eran, que el «Front d’Esquerres», la marca del
Frente Popular en la región, triunfaba de forma considerable en Barcelona
capital e iba por delante en la provincia, así como en Gerona y Tarragona.
Hacia las diez y cuarto de la noche, el secretario del jefe de Gobierno,
confirmaba por la radio el triunfo de la Esquerra, y la dimisión del
Gobernador General de Cataluña, Félix Escalas.
A las once
de la noche, ya era imponente la concentración humana que había en la Puerta
del Sol madrileña, celebrando la victoria del Frente Popular. Era
una movilización mitad pacífica y festiva, y mitad reivindicativa, con brotes
de violencia muy notables en distintos lugares, que los partidos de izquierda
republicana querían atajar, mientras que los partidos obreros los aprovechaban
y alentaban. Algunos dirigentes de izquierda, Azaña
entre ellos, pidieron a sus seguidores que esperasen a que estuvieran contadas
todas las papeletas en las mesas electorales.
Además de reivindicar el
triunfo electoral, en muchas ocasiones ya pedían la aplicación inmediata del
programa político del Frente Popular: proceder a amnistiar a los presos
políticos encarcelados por su participación en la revolución de octubre de
1934, reponer en sus cargos a los alcaldes y ayuntamientos dominados por las
izquierdas, y anulados como resultado de su actuación en 1934, exigir la
readmisión de los trabajadores despedidos por secundar aquella huelga general,
etc.
Era
una situación revolucionaria, que se mantendría a lo largo de los días
sucesivos, logrando influir en los cargos públicos existentes, de una manera
parecida a lo que ocurrió el 14 abril de 1931, es decir, provocando la euforia
por una victoria que todavía no existía, y desmoralizando a la derecha ante
cualquier posibilidad de resistencia al movimiento subversivo.
Según Álvarez Tardío y Villa García (pp. 286 y 287):
“La noche del 16, cuando comenzaron los desórdenes, la
composición de las Cortes, estaba en el aire. El resultado era ajustado en unas
circunscripciones, por lo que las mayorías y las minorías se decidirían por
unos pocos miles de votos; en otras, sencillamente, tan incompleto que era
imposible conocer el vencedor. En esas circunstancias, la gestión del orden
público era capital para asegurar un recuento tranquilo y, posteriormente, un
traspaso de poderes ordenado a quien señalara el presidente de la República”
El presidente de gobierno, Manuel Portela
Valladares, según confiesa en sus “Memorias”,
vistas las noticias que llegaban a su despacho, y el fracaso de su proyecto
político de centro, decidió la misma noche de las votaciones, presentar su
dimisión inmediatamente al presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora.
“Los encargados de recoger los datos iban estableciendo los gráficos de los cuales resultaba a las diez de la noche mayoría para el Frente Popular. A las once y media podíase calcular que tendría quizá más de cuarenta actas sobre todos los demás partidos en el futuro Congreso. No quedaba más que someterse a aquella realidad, desvanecedora de esperanzas, de ilusiones, de sanos y nobles anhelos. Concluido el combate había que aceptar sana y noblemente también la derrota. Con este dolor me retiré a descansar considerando finalizada mi misión de Gobierno, mi aventura de gobierno. […] Pero mi inquietud en aquella noche no venía de las derechas. Vencidas en las elecciones, el momento psicológico, el clima del país no les era favorable para que intentasen una apelación a la fuerza. […] La preocupación surgía de ver que las izquierdas podían lanzarse a serios disturbios, exaltadas sus masas por el triunfo electoral, por las propagandas y promesas, por la natural ansia de ejercer el mando, y no contenidas, o mal dirigidas, por quienes estaban a su frente”.
En la sede de la CEDA,
preocupaban las noticias que llegaban de las manifestaciones que se estaban
produciendo en toda España, que podían ser motivo de coacciones a la hora del
recuentos de votos, y de la inacción de muchos gobernadores civiles que no las
disolvían, a pesar de estar prohibidas en esas fechas electorales.
En esa noche del 16 al 17 de febrero, poco
después de las tres de la madrugada, José María Gil-Robles, el líder de la CEDA,
llegó al ministerio de la Gobernación en la Puerta del Sol, para entrevistarse
con el presidente del Gobierno, y pedirle que adoptara las medidas de orden
público necesarias, que permitieran que el escrutinio de votos no se viera
coartado. A esa hora continuaba la concentración de manifestantes en la puerta
del ministerio. Gil-Robles, en su libro de memorias “No
fue posible la paz” (p. 492), así lo describe:
En breves palabras le pinté la situación.
Dominaba ya la anarquía en algunas provincias, los gobernadores civiles
desertaban de sus puestos, las turbas amotinadas se apoderaban de las actas. De
no dictarse urgentes medidas, con mano férrea, sería inmenso el peligro de que
se cubriera de tragedia el porvenir de España. […] “Deben darse —le dije—
órdenes severísimas a los gobernadores, para que actúen con toda energía en las
secciones donde haya de repetirse la elección y después en las circunscripciones
de segunda vuelta...” Ante el desconfiado gesto de abatimiento en que parecía
escudarse mi interlocutor, procuré, sobre todo, levantar su decaído ánimo: “Aún
es tiempo, Portela, aún es tiempo... Tiene usted en sus manos los principales
resortes del mando... Esos teléfonos bastan... Ellos le ponen en comunicación
con las capitanías generales y con los gobiernos civiles de toda España...
Prepárese a cualquier eventualidad, y empiece por declarar inmediatamente el Estado
de Guerra...”.
Impresionado por las palabras de Gil-Robles,
el presidente del gobierno, a pesar de la hora que era, cuatro y veinte de la
noche, telefoneó al presidente de la República, que rechazó de plano el
declarar el Estado de Guerra, aunque le prometió meditar sobre ello.
El Estado de Guerra, era un supuesto
permitido por la Ley de Orden Público del 28 de julio de 1933, que podía ser declarado por el Gobierno, si la
autoridad civil no podía «dominar en
breve término la agitación y restablecer el orden». Bajo el Estado de Guerra
el mando supremo era asumido por las autoridades militares. No implicaba en
absoluto un golpe de estado, ni ir a una dictadura militar, como he leído en
algunos supuestos libros de historia. La Segunda República, ya declaró el
Estado de Guerra en Asturias durante la revolución de octubre de 1934, sin que
impidiera el retorno a la normalidad constitucional, una vez superado el
conflicto.
Según cuenta Portela Valladares en sus “Memorias”,
Al
marcharse Gil Robles, en la quietud de aquellas horas de la madrugada, sin
telegramas, sin teléfono y sin visitas, dispuse de tiempo para examinar el
momento creado por el sufragio y tomar decisiones. […] En dos puntos recayó mi
examen: el momento de dimitir, y la política de conducta durante el breve y
complicado intermedio. […] Me propuse, pues, dimitir en el día 20, después de
celebrados los escrutinios, esperando esta fecha más que nada para conocer el
formalismo de la filiación de los candidatos, que de sobra era ya conocida. […]
Como primer paso para la dimisión, me decidí a advertir al señor Azaña, jefe
del Frente Popular, de mi propósito, guardándole la obligada consideración
política de prevenirlo, para que tuviese acoplados los nombres de sus
colaboradores para el día 20.
A primera hora de
la mañana, en la Puerta del Sol la multitud de personas iba en aumento. Un
grupo de ellos, intentó arrancar un cartel monumental de propaganda electoral, con
la imagen de Gil Robles, que estaba fijado en el tejado de la casa situada
entre las calles Mayor y Arenal. Como el grupo adoptase una actitud peligrosa,
llegando algunos de los individuos a arrojar piedras sobre el mismo, la
autoridad decidió desmontarlo, en previsión de posibles daños, trabajo que
realizaron los bomberos.
Esa mañana, las manifestaciones se generalizaron por todo el país. Los noticias eran claras, en que el Frente Popular iba por delante en el escrutinio, y en que sus adversarios sólo podían encomendarse, para ganarles, a los votos en los distritos rurales aún por contar.
Era
imposible, en aquel momento, saber cuál sería la composición definitiva de las
Cortes. Faltaba por conocer el resultado del escrutinio general que debía
realizarse el jueves 20 de febrero; en algunas provincias habría que esperar a
la celebración de la segunda vuelta el 1 de marzo, y además quedaba por
desarrollar la labor de la Comisión de Actas para que tuviera lugar la
constitución definitiva del Congreso de los Diputados.
SE
DECLARA EL ESTADO DE ALARMA
Esa
mañana, sobre las doce, se celebró en el Palacio Nacional, un Consejo de Ministros al
que asistió Alcalá Zamora, para analizar cómo
se había desarrollado la jornada electoral del día anterior, y el avance de los
resultados conocidos, que auguraban el triunfo de la izquierda y el fracaso,
sin paliativos, del proyecto de centro que impulsaban Portela Valladares y
Alcalá-Zamora.
Con referencia a lo hablado en el Consejo, dice
Alcalá-Zamora en el libro “Asalto a la
República” (p. 166 y 168):
El Consejo ha sido como lo exigen las circunstancias, tan
breve como decisivo. Portela, deciblemente impresionado, ha dado cuenta de los
resultados electorales hasta ahora conocidos o calculados. […] Acerca del orden público, confirmé mi criterio iniciado ya esta
madrugada, para que no hubiera apresuramiento sin perjuicio de tenerlo todo
preparado, ya que una declaración precipitada, innecesaria, para contener la
revuelta hasta ahora contenida y fácilmente dominable, podía atraer el otro
peligro, el de un golpe de Estado reaccionario, que exasperase además los
ánimos harto exaltados. En cambio brindé la firma del decreto de alarma, o
suspensión de garantías, aconsejando que de publicarse, como se acordó unánimemente,
se anunciara el deseo de usarlo con moderación, para evitar que la prensa y las
reuniones encendieran más las pasiones; y mostrando la esperanza de poder alzar
dicha suspensión antes de los ocho días en que habría de reunirse la Diputación
Permanente de las Cortes disueltas.
Los
ministros también aprobaron la propuesta del general Nicolás Molero, ministro
de la Guerra, sobre tener preparada la declaración del Estado de Guerra. La
misma se firmó sin fecha concreta, para que fuera aplicado a criterio del
Gobierno, el cual lo dio a conocer a la opinión pública para disuadir a los
alborotadores.
PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DE MINISTROS
De
acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta de su Presidente,
Vengo
en decretar lo siguiente:
Artículo
1° Se declara en todo el territorio nacional, incluso en las plazas de
Soberanía, el estado de alarma a que se refiere el artículo 34 de la Ley de 28
de Julio de 1933, en los términos prevenidos por el artículo 42 de la
Constitución de la República.
Artículo
2° De este Decreto se dará inmediata cuenta a la Diputación permanente de las
Cortes, quedando en esta forma cumplido el requisito que previene el párrafo
cuarto del artículo 42 del propio Código constitucional.
Dado
en Madrid a diecisiete de Febrero de mil novecientos treinta y seis.
NICETO
ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El
Presidente del Consejo de Ministros,
Manuel
Portela Valladares.
Gaceta de Madrid núm. 49, de 18/02/1936, página 1427.
El gobernador civil de Málaga, Valeriano del Castillo, hizo público en un Boletín Oficial de la Provincia extraordinario, el decreto que declaraba el Estado de Alarma en la provincia, “para conocimiento de todos los habitantes de esta provincia, y al propio tiempo, acuerdo que se somete a la previa censura la prensa periódica de toda clase y que queda en suspenso el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación, reservándose también la facultad de utilizar las atribuciones que la vigente Ley de Orden Público me concede en sus artículos 34 al 47, ambos inclusive”
Esta mañana en la Presidencia se celebró Consejo de Ministros. Se acordó en la reunión ministerial, declarar el estado de alarma en toda España, establecer la previa censura y facultar al señor Portela Valladares para establecer el estado de guerra en aquellas provincias en donde la efervescencia sea mayor y levantisca. 19360217 04 El Día de Palencia
Por su parte, el general Franco, Jefe del Estado Mayor, se puso en contacto con las autoridades militares de las distintas regiones, ordenándoles que tuvieran preparados los bandos correspondientes por si hubiera necesidad de declarar el Estado de Guerra.
MADRID.—El Consejo de ministros ha tornado el acuerdo de darle un voto de confianza al presidente por el que queda autorizado para declarar, si ello fuera necesario, el estado de guerra en cualquiera de las provincias del territorio nacional; de esta medida usará de ella con toda discreción y procurará no llegar a ella, pero esto claro está, no dependerá tanto de la voluntad del Gobierno como de la actitud de los distintos sectores políticos que son los que intervienen en la vida pública de España. 19360217 01 La Tarde (Zamora)
Este es el Bando que tenía preparado el general Francisco Patxot Madoz, Gobernador
militar de Málaga
Muy pronto estuvo claro, que
la sublevación militar del 18 de julio había fracasado, que lo que iba a ser un
simple golpe de estado, se había transformado en una guerra, y como guerra
había que afrontarla, y eso era propio de los profesionales de la guerra: los
militares. Pero el gobierno del Frente Popular nunca acabó de confiar en sus militares,
y evitó que la autoridad pasara a los mismos, y que fueran ellos los que manejaran
las riendas de la contienda. Dicha desconfianza del poder político sobre el
militar profesional, fue una constante en el bando gubernamental, y uno de sus
principales errores a lo largo de toda la Guerra civil.
Solo
los dos últimos meses de la guerra, el control pasó a manos de los militares,
cuando el 23 de enero de 1939, siendo presidente de la República, Manuel Azaña,
y presidente del gobierno Juan Negrín, se proclamó el Estado de Guerra,
autorizando por fin a las autoridades militares a dictar los oportunos bandos.
Ya para entonces la contienda estaba perdida. Tres días después de declararse
el Estado de Guerra, la ciudad de Barcelona era ocupada por los sublevados.
Siguiendo con las memorias de Portela
Valladares, a las siete de la tarde del lunes 17 de febrero:
“En mi despacho de la Presidencia del Consejo, me
anunciaron la visita del general Franco. Nunca había hablado con él, ni casi lo
conocía. Sólo tenía las referencias públicas sobre sus destacadas actuaciones,
en Marruecos, al frente de la Academia General Militar, y como Jefe de Estado
Mayor con Gil Robles, quien, se aseguraba, ponía en él absoluta confianza. […]
Venía a ofrecerme, a mí, personalmente, su adhesión y la del ejército, y a
invitarme a que me mantuviese en el Gobierno haciéndome fuerte con ese apoyo,
con el que podía contar. Mi respuesta, después de las frases corteses de rigor,
fue terminantemente negativa. No recuerdo si hicimos referencia a la
conversación que sobre ese tema había tenido aquella madrugada con Gil Robles,
creo que no; pero sí que Franco, cortés y respetuosamente, insistió en las
responsabilidades que yo contraería si dejaba el Ministerio, exponiendo España
a los riesgos más graves”.
José
María Gil-Robles hizo ese mismo día 17, a un redactor del periódico
"Ya", las siguientes declaraciones:
Las posibilidades de mayoría
están tan equilibradas entre derechas e izquierdas, que aventurar un vaticinio
resulta muy difícil. Por consiguiente, cuanto se diga sobre el futuro Gobierno
es prematuro. Por ahora no hay más Gobierno posible que el del señor Portela.
Tiene el deber de mantenerse en su puesto. Primero, porque hasta que las Cortes
estén constituidas y se sepa quienes tienen la mayoría en ellas, no se puede ni
se debe pensar en una sustitución anticipada. Después, porque el señor Portela
y sus ministros tienen el deber ineludible de acudir a las Cortes para dar
cuenta de su gestión electoral y responder de la actuación del Gobierno. Eso se
hizo el año 1933 y eso mismo se debe hacer ahora. No es admisible ni es
democrático que se piense en la constitución de un Gobierno a las pocas horas o
a los pocos días de un escrutinio. Sobre todo cuando el perfil de éste es
todavía una incógnita. Falta una segunda vuelta y falta, sobre todo, una
discusión de actas, en la cual el Parlamento, con su soberanía, puede modificar
el resultado aparentemente legal de la lucha en los comicios. […]
El Gobierno Portela tiene ahora una misión que no puede abandonar y que espero no abandonará. La de defender a toda costa, con la máxima energía, el orden público. Después tiene otra obligación: la de llegar a las Cortes. Si tuviera dificultades para ello, si hubiese sucesos graves que pudieran significar un peligro, nosotros, nuestros diputados, lo que nosotros representamos en España, estamos incondicionalmente a su lado, como lo estuvo al lado del señor Martínez Barrio cuando, a raíz de las otras elecciones, se produjo el alzamiento anarcosindicalista.
Tanto Gil Robles como el general Francisco
Franco, que era Jefe del Estado Mayor, le ofrecieron su colaboración
incondicional, pidiéndole que continuara al frente del Gobierno, por lo menos
hasta la realización de la segunda vuelta y la constitución de las nuevas Cortes.
Le evocaron el precedente de las elecciones de 1933, presididas por Martínez
Barrio, en que éste, que no tuvo más que 105 diputados para su partido,
continuó al frente del Gobierno hasta presentarse a las Cortes y quedar éstas
definitivamente constituidas.
Según
el Decreto de convocatoria de
elecciones del 7 de enero de 1936, las Cortes debían reunirse el 16 de
marzo, a partir de la cual debía de transcurrir otro mes más para la discusión
de actas, constitución del Congreso, debate político, etc. Total, unos de
sesenta días de interinidad del Gobierno.
ARRECIAN LAS MANIFESTACIONES
Ese día 17, los
manifestantes, en actitud muy agresiva, se presentaron ante los edificios
oficiales, especialmente los gobiernos civiles y los ayuntamientos, intimidando
a las autoridades provinciales y
municipales, y reivindicando todo el poder para la izquierda. En Madrid
intentaron asaltar la Cárcel Modelo, para liberar los presos, produciéndose un
muerto y dieciocho heridos al ser repelidos por los Guardias de Asalto.
Ese día fue especialmente
violento en ciudades como Valencia, Murcia, Santander, Vizcaya, Las Palmas,
Cáceres y Zaragoza. Se incendiaron iglesias en las provincias de Madrid,
Santander y Valencia.
En Zaragoza se amotinaron
los presos, y los sindicatos declararon una huelga general contra el gobierno
por declarar el Estado de Alarma. Los manifestantes, entre los que había grupos
armados, provocaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que
provocaron un muerto. El gobernador de la provincia no le quedó más remedio que
declarar el Estado de Guerra y entregar el mando al general Cabanellas que era
el gobernador militar de la provincia. La normalidad no se empezó a recuperar
hasta bien avanzado el día 18.
En el penal valenciano de
San Miguel de los Reyes, los reclusos, que reclamaban su libertad, se
amotinaron e incendiaron parte de la prisión, se arrojaron sobre algunos
vigilantes llegando a desarmarlos y someterlos. Se intercambiaron disparos,
produciéndose varios heridos. Ante la imposibilidad de controlar el motín
carcelario, y la situación existente en la ciudad, donde los huelguistas habían
paralizado la circulación de tranvías, el gobernador civil de Valencia también declaró
el Estado de Guerra, entregando el mando a las autoridades militares, según
autorizaba la Ley.
La declaración del Estado de
Guerra, durante la noche del día 17, se extendió también a Oviedo, Alicante y
Murcia, donde las fuerzas de orden público, se había visto impotentes para
disolver a los manifestantes.
En el periódico “El Heraldo
de Madrid” de ese día (19360217 012), se
publicaron unas declaraciones del líder socialista Francisco Largo Caballero.
Es urgentísimo dar la amnistía. No se puede
pedir serenidad cuando se olvida la justicia. Que se abran las puertas de las
cárceles y de los penales. La ley la hace el pueblo. Y el pueblo ha decretado
la amnistía. […] El Gobierno dimitirá. Los presos saldrán y los republicanos
ocuparán el Poder, respaldados por las masas, cuyo entusiasmo, si alguien se
opusiese, arrollaría todos los obstáculos.
Nadie puede
llamarse a engaño. Largo Caballero era coherente con lo había proclamado
durante la campaña electoral.
Los datos oficiales disponibles por el Gobierno de Portela, en la tarde del 18 de febrero, sólo confirmaban que el Frente Popular tenía 217 escaños asegurados, lejos aún de los 237 escaños de la mayoría absoluta.
Sin embargo, a pesar de la
precariedad de los datos, la prensa de izquierdas, solicitaba que se entregara
ya el poder a los vencedores de las elecciones.
“Las palabras que anoche pronunciara el señor Portela son bastante expresivas a este respecto. Pero a ellas hemos de agregar nosotros muy pocas. Las suficientes para decir que urgentemente debe entregarse el Poder al Frente Popular. De todo el clamor del país, de toda la ansiedad que ahora estremece a republicanos y socialistas para demandar con apremio aquellas aspiraciones más fundamentales, solo queremos recoger una: la entrega del Poder. Es el Frente Popular a quien corresponde liberar a nuestros presos. Ya ayer han comenzado a abrirse las cárceles y a salir de ellas nuestros camaradas. El pueblo ahora debe pedir una sola cosa: el Poder. Es suyo. Lo ha conquistado y nadie puede oponerse a que vaya a sus manos. Con el Poder en las manos, ya no tendrá que pedir nada.” El Socialista 19360218
Estaba claro que el Frente Popular había ganado las elecciones por una mayoría clara, aunque todavía incierta en su proporción parlamentaria final. Y en ese resultado, como indican Álvarez Tardío y Villa García en su libro, el fraude electoral tenía muy poco que ver. La causa hay que buscarla en la mayor cohesión y amplitud de las candidaturas del Frente Popular, una mayor movilización de sus votantes a la hora de acudir a las urnas, que contrastó con la división de los partidos de centro y derechas.
19 DE FEBRERO. LA DIMISIÓN DE MANUEL PORTELA VALLADARES
Ante las manifestaciones, alborotos y
tumultos, Portela Valladares no aguantó más y el día 19, sin
esperar a los escrutinios oficiales del día 20, presentó su dimisión al presidente de la República, quien
no consiguió persuadirlo de que continuara hasta la constitución de las Cortes.
El día 19 se reunió el Consejo de Ministros bajo mi Presidencia, a las diez y media de la mañana. Di cuenta exacta de la situación del orden público, y sin exponer parecer solicité el de los ministros sobre la situación política. Sin duda, ya la tenían formada. Uno a uno, y absolutamente conformes, estimaron que debíamos presentar la dimisión, llegándose al acuerdo de autorizarme para comunicarla al Presidente de la República, cuando lo tuviera por conveniente.Se despacharon los asuntos pendientes y terminado el Consejo a las doce, allí mismo me dieron las últimas noticias: incendio de una cárcel en Vizcaya o Santander; chispazos de manifestaciones y de tumultos, finalmente vencidos, en varias provincias; preocupación grande de los gobernadores por la agitación popular; y, finalmente, que en los Ayuntamientos de Chamartín y Vallecas, suburbios muy poblados de Madrid, la multitud había penetrado en las Casas Consistoriales e instalado en ellas a los concejales de elección. […]Según mis recuerdos los sucesos evocados ante el Consejo de Ministros fueron: el 17 los penados de San Miguel de los Reyes y Cartagena se amotinan con incendio de los edificios y agresión a los vigilantes; el 18 las turbas recorren las calles de Zaragoza, arrollan a los guardias y golpean a un teniente cruzándose bastantes disparos que ocasionan un muerto y trece heridos; el 19 se amotinan los reclusos de Santoña y acometen a los soldados, quienes matan a tres y hieren a cinco; el mismo día en Zaragoza, es general el tiroteo por toda la ciudad. Las noticias de los ministros confirmaban las graves amenazas de desorden.Todo ello venía auspiciado por el Frente Popular, y especialmente por Izquierda Republicana, en cuyo Círculo de la calle Mayor residía un a modo de Consejo Supremo que impulsaba y dirigía los alborotos. Era intolerable ese juego indigno e insolente de negarse a aceptar el Poder y hacer la vida imposible al Gobierno, echando mano de las turbas para producir choques sangrientos.
La situación era tan crítica
que el general Francisco Franco, Jefe del Estado Mayor del Ejército, solicitó
del jefe del Gobierno que no presentara la dimisión y que declarara el Estado
de Guerra.
Decidida la dimisión inmediata, antes de ir al Palacio presidencial entré en el Ministerio de la Gobernación para inquirir de las últimas nuevas. Con gran sorpresa encontré que allí estaba esperando desde hacía una hora el general Franco. Le recibí de seguida. Volvió a insistir para que no presentara la dimisión en ningún caso, reiterándome su adhesión y la de todos los elementos que le seguían. Por respuesta le dije que en aquel mismo momento salía para plantear la crisis, acordada por los ministros, ante el Jefe del Estado. Hablamos breves minutos.Pero, durante su espera, había sido bastante comunicativo. Sostuvo en esta conversación con mi secretario, que él era apolítico, pero que la causa del orden y el bien de la Patria le preocupaban hondamente en aquella hora, y que para resguardar uno y otro, yo debía continuar en el gobierno, publicando el derecho de estado de guerra en toda España […]
Después
de hablar con el general Franco, Portela Valladares, sobre las doce y media de
la mañana, se dirigió al Palacio presidencial en la Plaza de Oriente, donde
sería recibido por el Presidente de la República.
Expuse que, ante la situación creada en el orden público y en el orden político, el Consejo de Ministros, por unanimidad, había acordado presentar inmediatamente la dimisión.¡Nada de eso!, repuso don Niceto Alcalá Zamora. ¡A continuar en los puestos y a publicar el decreto del Estado de Guerra que usted ya tiene! Y comenzó a razonar que debíamos proseguir en el Gobierno hasta que se reuniesen las Cortes. Me permití interrumpirle:“Excúseme, señor Presidente. […] Mi resolución de dimitir está meditada, y es inmodificable”.
Alrededor
de las dos de la tarde, se comunicaba a los periodistas, en medio de la mayor
expectación, que el Gobierno había dimitido. La combinación de la movilización
callejera, y la fuga del poder institucional, creó una crisis sociopolítica muy
grave en todo el país.
Calificados
elementos de izquierda en todas las zonas (de las derechas no hay que hablar),
lamentaron mi dimisión y muchos la tacharon de precipitada, de huida, de
cobardía.
Alcalá-Zamora, para quien la dimisión de Portela fue
una deserción, decidió a media tarde de ese día 19, sin celebrar consultas, entregar el
Gobierno al líder del Frente Popular, Manuel Azaña, con el fin de lograr la
desmovilización y restablecer el orden público. Era una decisión inédita
y anormal, aunque no anticonstitucional.
Ese cambio de gobierno en medio de un proceso electoral inconcluso, era algo anormal, porque el supuesto ganador, no confirmado aún oficialmente, y sin saber exactamente cuál iba a ser su mayoría parlamentaria (relativa, o absoluta), asumía la gestión de supervisar el final de dicho proceso.
Así lo relata Manuel Azaña en su diario
del 19 de febrero:
Hoy, ni siquiera sabemos exactamente cuál es
el resultado electoral ni, por tanto, qué mayoría
tenemos. Falta repetir la elección en algunas provincias. Todos
estábamos en la creencia de que, aun ganando, no entraríamos en el
Gobierno hasta dentro de unas semanas, y no tengo nada preparado respecto del
personal.
A pesar de
no tener nada preparado, ese mismo día, Manuel Azaña formó un nuevo gobierno, con nueve miembros de su
partido Izquierda Republicana, dos de Martínez Barrio de Unión Republicana y un
republicano independiente. Se trataba de un gobierno republicano moderado, en
el que no había un solo socialista.
El nuevo ministro de la Gobernación, Amós Salvador Carreras, un arquitecto
riojano, antiguo monárquico, intimo amigo de Azaña, cuenta que “se asustó mucho” por el nombramiento, y
según el propio interesado fue “un error,
un gran error traerme a este departamento tan complicado y difícil; he venido
por obediencia”. Muy pronto, el titular de aquella cartera fue desbordado
por el curso de los acontecimientos.
Pero en otras, especialmente las que tenían un resultado apretado, el cambio de gobierno tuvo un impacto decisivo. Apenas tomó posesión el Gobierno de Azaña, muchos dirigentes del Frente Popular, se apoderaron de los edificios y cargos públicos, y empezaron a actuar sobre la documentación electoral. En numerosos lugares donde habían triunfado las derechas, en la madrugada del 19 al 20, se abrieron los sobres que contenían las actas de votación y se sustituyeron por otras falsificadas, en número suficiente para trasladar a las candidaturas de izquierda el triunfo que allí habían logrado las derechas.
Así
ocurrió, al menos, en las cuatro provincias gallegas, en Cáceres y en Valencia.
Esto permitió redondear los resultados de las elecciones y forzar la mayoría
para el Frente Popular. En Cáceres en concreto, fue detenido el gobernador
civil, Domingo Palmar Brandido, para poder intervenir libre y descaradamente en
las operaciones de escrutinio, y ganar tres actas el Frente Popular.
Honorio Maura Gamazo, candidato de las derechas por Cáceres, relató así lo sucedido en la provincia:
Hasta el día 19, el triunfo de las derechas en Cáceres era indiscutible:
Han salido seis candidatos de derechas y tres de izquierdas. Ese mismo día, a
las diez de la noche, ya Azaña en el poder, todo cambia. El gobernador
interino, un teniente alcalde socialista, ordena al dimisionario Palmar que se
recluya en sus habitaciones hasta nueva orden. Llaman luego al presidente de la
Diputación y le piden que entregue las actas del escrutinio, que están depositadas
en la caja fuerte de la Corporación. El presidente se niega. Es destituido y se
nombra otro. EI secretario de la Diputación, que también se opone a la
exigencia, es igualmente destituido. Entonces se requiere a un capitán de Asalto
para que acompañe al nuevo secretario a sacar las actas de la Diputación. El
capitán se niega y se le castiga enviándole a Las Hurdes para apaciguar a unos
pueblos que se dice están soliviantados. Como el capitán alegase que sólo
cumplirá órdenes de quien pueda dárselas, se le requiere para que delegue el
mando. Como no lo hace en la persona que les conviene, se prescinde de él y es
un teniente de Asalto el que va con el funcionario de la Diputación a buscar
las actas. Estas son trasladadas al Gobierno Civil, donde desde las tres de la
madrugada hasta las nueve de la mañana se alteran de manera que resulte
triunfante la izquierda y derrotada la derecha.
El recuento final fue objeto
de una reñida pugna para conseguir el máximo de los restantes escaños en
disputa, circunstancia que ofreció oportunidades de intervención fraudulenta a
las nuevas autoridades provinciales nombradas por el gabinete de Azaña.
Esas manipulaciones no
tuvieron que ver con un plan sistemático del nuevo Ejecutivo de izquierdas,
sino que fueron promovidas por los dirigentes que se hicieron interinamente con
los gobiernos provinciales. Unas actividades, que magnificarían el volumen del
triunfo del Frente Popular, pero no lo generarían ni fabricarían de manera
espuria.
20 DE FEBRERO
El cambio de gobierno
acaecido en la tarde del 19 de febrero, no apaciguó de inmediato los ánimos en
las calles. La descripción del día 20, hecha por Manuel Azaña, no es nada
tranquilizadora:
“Continúan los alborotos en algunos puntos de Andalucía
y Levante. En Valencia hay un lío tremendo por la sublevación de los presos
de San Miguel de los Reyes. Han quemado parte del penal. Están revueltos los
presos comunes y los políticos, que han caído como en rehenes de aquellos. En
Alicante han quemado alguna iglesia. Esto me fastidia. La irritación de las
gentes va a desfogarse en iglesias y conventos, y resulta que el Gobierno
republicano nace, como en el 31, con chamusquinas. El resultado es
deplorable. Parecen pagados por nuestros enemigos”.
En aquellos días, desde que el 16 de febrero se habían cerrado las urnas y
se había producido el cambio en el gobierno del país, la Iglesia católica se
había convertido en uno de los objetivos recurrentes de una oleada de
violencia. En algunas localidades, ciertos individuos empezaron a actuar
conforme al dictado de: «¡Abajo el fascismo
vaticanista inquisitorial!», lo que se tradujo en un amplio elenco de
protestas, coacciones y hasta actos de violencia física contra las personas y
las propiedades de la Iglesia.
 |
| La Prensa 19360221 01 |
Ese
día, se realizaron los escrutinios oficiales por las Juntas Provinciales del
Censo. Según demuestran Álvarez
Tardío y Villa García en su libro (p. 420), el Frente Popular obtuvo en esa
primera vuelta 259 escaños parlamentarios
(el 54,7% de los 473 escaños que conformaban el Parlamento) y la coalición de
las derechas 189 escaños (39,9%).
Sin embargo a nivel de votos, prácticamente hubo un empate técnico entre ambos
grupos, en el entorno a los cuatro millones cuatrocientos mil. La victoria en
las grandes circunscripciones, donde se premiaba con más número de escaños a
las mayorías, le había dado la victoria al Frente Popular
Sin embargo, el fraude en el proceso de
escrutinio de los votos fue claro y probado, en distinto grado, en determinadas
circunscripciones, al menos ocho del total de sesenta, y tuvo su efecto
distorsionador en la distribución final de escaños parlamentarios, que Álvarez
Tardío y Villa García calculan entre los 36 y 40.
Las «determinadas
circunscripciones» donde la ocasión para el fraude localizado fue evidente y
significativo fueron La Coruña, Pontevedra, Lugo, Jaén, Málaga (aunque aquí el
triunfo por las mayorías del Frente Popular era indudable), Valencia provincia,
Santa Cruz de Tenerife y Cáceres. En todas ellas se produjeron, en mayor o
menor medida, episodios fraudulentos, como cambios de actas, anulación de
sufragios adversos, alteración interesada de sumas de votos, etc. a cargo de
las nuevas autoridades gubernativas, o mediante presión sobre los integrantes
de las Juntas Provinciales del Censo.
Esas irregularidades, fueron
debidamente denunciadas por los candidatos de derechas ante la Junta Central,
que en virtud de la ley electoral, debía pasar su consideración a la «Comisión
de Actas» que habría de conformarse en el seno del nuevo Congreso, puesto que
ése sería el «único organismo que podía solicitar un nuevo recuento».
Esta norma que se introdujo
en la ley electoral del 27 de julio de 1933,
al apartar del proceso al Tribunal Supremo, politizaba, inevitable y
lamentablemente, el final del proceso electoral, haciendo de la «Comisión de
Actas» parlamentaria se convirtiera en una especie de juez y parte
extrajudicial en la resolución del proceso. Esto
tuvo consecuencias muy indeseables, pues vino a primar «los criterios
políticos sobre los de índole jurídica, con lo que la admisión de un diputado
de la oposición dependería, en exclusiva, de la aquiescencia u hostilidad de la
mayoría parlamentaria».
LAS ELECCIONES DEL 16 DE FEBRERO EN MÁLAGA
A
las doce de la mañana del lunes día 17, fue facilitado por el Gobierno civil, con
la información que les había llegado hasta ese momento, unos datos
provisionales del escrutinio en la capital. (19360217 04 Diario de Málaga)
Luis
Velasco Damas (PSOE) 34.739
Antonio
Fernández-Bolaños Mora (PSOE) 34.409
Cayetano
Bolívar Escribano (PCE) 34.263
Emilio
Hermida Rodríguez (CEDA) 13.325
Ignacio
Muñoz Rojas (CEDA) 13.064
Modesto Escobar Acosta
(Indep.) 12.650
Según
estos datos provisionales, podían adquirir la condición de diputados, los tres
candidatos del Frente Popular, Velasco Damas, Fernández-Bolaños y Cayetano
Bolívar, y el candidato de la CEDA, Emilio Hermida, solo pendiente, como estaba
legislado, del recuento final que debía realizarse el jueves día 20 por la
Junta Provincial del Censo.
Estos
datos provisionales, eran los correspondientes a los 121 colegios electorales
en los que se había podido votar el domingo día 20. Recordemos, porque ya lo
conté en la anterior Crónica, que de los 178 colegios electorales de Málaga
capital, quedaron sin constituir 57, el 32% del total, por lo que en esos colegios
no se pudo votar. De esos 57 colegios, en 43 no lo hicieron porque las urnas
donde se debía depositar el voto, no llegaron a los mismos.
Según
el periódico Eco Popular (19360217 01), una camioneta recogió las urnas en el
Ayuntamiento a las seis de la mañana con objeto de llevarlas a los distritos
más alejados, y la misma desapareció con ellas, en una clara intención de
alterar el proceso electoral de ese día. En el interior de las urnas, iba toda
la documentación, palilleros, tintero, etc. Hubo otros colegios, que no se
constituyeron por no presentarse alguno de los miembros constituyentes de las
Mesas, que era un presidente y dos adjuntos.
Nunca
se supo quienes fueron los autores de este secuestro de las urnas, pero sí
quienes fueron los que se aprovecharon de este suceso para sacarle una
rentabilidad electoral.
A
pesar de que inmediatamente de tener conocimiento de la desaparición de las
urnas, los apoderados e interventores de izquierdas, con el candidato del PSOE
Velasco Damas a la cabeza, se presentaron ante la Junta municipal del Censo, para presentar
una “enérgica protesta”, y también ante los Juzgados de Instrucción para
presentar las denuncias correspondientes, lo cierto es que nunca más se supo de
las urnas, y que con las izquierdas ya en el poder, nadie se molestó en
averiguar qué había sido de ellas.
Unos
días después de las elecciones del domingo 16, la Junta Provincial, de acuerdo
con la Junta municipal del Censo, acordó que las elecciones en los 57 colegios
que no se habían podido realizar el domingo día 16, tanto en la capital como en
la provincia, se realizaran el jueves 20. Ese día coincidía con la fecha
oficial, fijada por ley, para realizar en toda España, el escrutinio oficial
por las Juntas provinciales, por lo que el recuento en Málaga se pospuso para
el día 21.
Las
Juntas Provinciales del Censo, estaban presididas por el presidente de la
Audiencia Provincial don Mariano Avilés. Estaban constituidas por un máximo de
16 miembros con voz y voto, a lo que se añadía el secretario de la Diputación,
que era el que custodiaba la documentación electoral y levantaba acta del
escrutinio. La sesión de escrutinio era pública, y debía celebrarse en la sala
de la Audiencia.
Su
labor, de acuerdo con el artículo 51 de la ley electoral de 1907, era puramente
mecánica: verificaba que las actas cumplieran las formalidades de la ley, y
computaba los votos obtenidos por cada candidato, sin discusión alguna. No era
un organismo deliberativo, no interpretaba las normas, porque dicha competencia
estaba reservada a la Comisión de Actas de las Cortes.
Recordemos también que el gobierno de Portela Valladares, había proclamado ese día 17 de febrero, ante la gravedad de los sucesos que estaban ocurriendo en todo el país, el Estado de Alarma.
El gobernador civil
de Málaga, Valeriano del Castillo, hizo público a su vez, en un Boletín Oficial
de la provincia extraordinario, el decreto que declaraba el Estado de Alarma en
la provincia, “para conocimiento de todos
los habitantes de esta provincia, y al propio tiempo, acuerdo que se somete a
la previa censura la prensa periódica de toda clase y que queda en suspenso el
ejercicio de los derechos de reunión y manifestación, reservándose también la
facultad de utilizar las atribuciones que la vigente Ley de Orden Público me
concede en sus artículos 34 al 47, ambos inclusive”
Explicaré
esto. A Málaga capital le correspondían cuatro diputados, pero al ser un voto
restringido, al elector solo le permitían votar a tres candidatos. Por tanto,
para que los votos de sus adictos no se desperdigaran, los partidos o
coaliciones no presentaban más de esos tres candidatos a la elección. En
teoría, podían presentar los que quisieran para ir también por el cuarto
candidato, pero corrían el riesgo de que en unas votaciones muy igualadas, al
repartirse el voto entre sus candidatos no saliera ninguno. Por eso, todos los
partidos presentaban tres candidatos, y dejaban el cuarto para que se lo
adjudicara lo que llamaban la “minoría”.
Pero
en esta elección en los 57 colegios en los que no se votó el día 16 de febrero,
que era el 32% del censo, una cantidad considerable de votos, la estrategia
cambió por parte del Frente Popular. Como vimos con anterioridad los candidatos
del Frente Popular habían obtenido más de 34.200 votos, lo cual le aseguraba,
casi con toda certeza, el escaño, mientras que el cuarto, Emilio Hermida de la
CEDA, había conseguido solo 13.325, que le daba, por ahora, el derecho al cuarto
escaño de la “minoría”.
El
objetivo que se marcaron los representantes del Frente Popular era ir al
“copo”, es decir arrebatarle el cuarto escaño a la CEDA. Había margen de votos
potenciales suficientes para conseguirlo. Para ello se reunieron el mismo lunes
en la Casa del Pueblo.
Anoche (17), a primera hora, se celebró en la Casa del Pueblo, una importante reunión a la que acudieron los partidos de Izquierda Republicana, Unión Republicana, Socialista, Comunista, Sindicalista y Federal.En dicha reunión, se estudió la conveniencia de ir al copo, o sea por los cuatro puestos, mayorías y minorías, en la próxima elección parcial, que tendrá lugar en esta semana y habiéndose llegado a la conclusión de que todas las probabilidades se inclinan a favor del Frente Popular, se acordó presentar candidato para el cuarto puesto.Dicho candidato será, por designación unánime de los citados partidos reunidos en la Casa del Pueblo, don Francisco Galán, hermano del heroico Fermín Galán, sublevado en Jaca en diciembre de 1930 y glorioso mártir de la República (19360218 05 El Popular).
Finalmente
el candidato presentado no fue Francisco Galán, sino el antequerano Luis Dorado
Luque del PSOE, de profesión practicante, y presidente de la Agrupación Socialista de Málaga. El modo en que consiguieron hacerse
con ese escaño, lo vemos en el periódico “El Popular” del 19 de febrero (p. 4).
Se ha designado al presidente de la Agrupación Socialista de Málaga, Luis Dorado Luque, para luchar por el cuarto puesto (minorías) de la capital. De esta forma se irá al copo de la circunscripción de Málaga (capital), ya que los resultados anteriores aseguran el triunfo completo de los tres compañeros Velasco Damas, Fernández-Bolaños y Bolívar. Sin embargo de esto, los tres candidatos últimamente citados seguirán luchando alternativamente con el nuevo candidato Luis Dorado, y como en cada papeleta solo podrán consignarse tres nombres, se empleará el procedimiento de dividir el total de secciones en tres partes o grupos, de tal forma que en cada grupo de secciones se voten a dos compañeros de los que lucharon el domingo más al compañero Dorado.Para ello, se repartirán unas octavillas, en las puertas de cada colegio, con expresión de los nombres o candidaturas que cada elector tiene que votar. En las puertas de cada colegio se repartirán asimismo las respectivas candidaturas.Por tanto se ruega a los delegados de distritos e interventores de las secciones que quedaron por constituirse, y que se mencionan en nota aparte, que se pasen por la Casa del Pueblo, salón Pablo Iglesias, esta noche, a las nueve, para recibir instrucciones y proceder al reparto de las nuevas candidaturas combinadas, a los mayores aciertos y organización.- El Comité Electoral.Primer Grupo.- Comprende 16 secciones de los distritos noveno y décimo, que se votará a Cayetano Bolívar, Luis Dorado y Antonio Fernández-Bolaños.Segundo Grupo.- Comprende 17 secciones de los distritos sexto, séptimo, octavo y noveno, que se votará, a Luis Velasco, Luis Dorado y Cayetano Bolívar.Tercer Grupo.- Comprende 23 secciones de los distritos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, que votará a Luis Velasco, Luis Dorado y Antonio Fernández-Bolaños.
Las Juntas provinciales del Censo Electoral sólo podrán proclamar candidatos a Diputados a Cortes a los que lo soliciten el domingo anterior al señalado para la elección y reúnan alguna de las condiciones siguientes:1º Haber desempeñado el cargo de Diputado a Cortes por elección de la provincia en elecciones generares o parciales.2º Ser propuesto por dos ex Senadores, por dos ex Diputados a Cortes, por tres ex Diputados provinciales o por diez Concejales de elección popular, todos ellos de la misma provincia.Madrid, 29 de Enero de 1936. MANUEL PORTELAGaceta de Madrid — 30 Enero 1936
El
domingo 9 de febrero, que era el anterior a las elecciones, por el Frente
Popular se proclamaron tres candidatos por Málaga capital: Luis Velasco Damas,
Antonio Fernández-Bolaños y Cayetano Bolívar Escribano. No podía presentarse a
esas elecciones Luis Dorado Luque, porque la Junta Provincial no lo había
proclamado ese día.
Es
difícil entender el por qué la Junta admitió la presencia de ese candidato en
las elecciones del jueves 20, a no ser que fuera sometida a las presiones
coactivas a que fueron sometidas otras instituciones, como fue el caso del gobernador
civil de Málaga, como veremos que ocurrió.
19
DE FEBRERO
La
mañana del 19 de febrero, la Gestora municipal de Málaga, al frente de la cual
estaba don Benito Ortega Muñoz, presentó la dimisión al gobernador civil
Valeriano del Castillo, el cual pidió al gestor Miguel Ángel Ortiz Tallo,
continuase al frente de la Gestora interinamente, hasta tanto fuera sustituida,
a lo que accedió. (19360220 02 El Popular).
Ese
mediodía, recordemos que el presidente del Gobierno, Portela Valladares, había
presentado su dimisión al Presidente de la República, y que por la tarde Manuel
Azaña había formado nuevo gobierno.
Por
la tarde, fue el presidente de la Gestora provincial (Diputación), señor Eugenio
García Cabrera, quien acompañado de otros miembros de la gestora, presentaron
la dimisión al gobernador civil. El gobernador admitió la dimisión, pero les
pidió que continuaran en sus puestos hasta que fueran designados los que habían
de sustituirles. (19360220 16 El Popular). Según cuenta la prensa, la
entrevista fue muy cordial y el gobernador pidió a sus visitantes que le dieran
tiempo para consultar con el nuevo ministro de la Gobernación.
LA
NOCHE DEL 19 AL 20 FEBRERO. DESTITUCIÓN DEL GOBERNADOR CIVIL
A
la 1 y cuarto de la madrugada del ya día 20, se presentaron en el despacho del
Gobernador civil de Málaga, Valeriano del Castillo, una comisión formada por
diversos dirigentes de los partidos que componían el Frente Popular. Eran los señores
Emilio Baeza Medina de Izquierda Republicana, y candidato en esas elecciones, (Francisco)
González Oliveros P. R. Federal, Rodrigo Lara Vallejo secretario general del
PCE, y Antonio Acuña Caraballar del PSOE, diputado en la legislatura que
acababa de finalizar.
Le pidieron al Gobernador
que dimitiera inmediatamente, y entregara el cargo al concejal municipal electo
en 1931, don José Vázquez Campos, de Izquierda Republicana. Valeriano del
Castillo, en un ambiente muy tenso, realizó una llamada telefónica al
ministerio de Gobernación para plantearle la situación. Dada la hora que era,
dudo que pudiera hablar con alguien relevante en el ministerio, desde luego con
el nuevo ministro, Amós Salvador Carreras, pienso que no. Hablara o no hablara,
lo cierto es que ante las presiones que estaba recibiendo, hizo entrega del
mando de la provincia al secretario del Gobierno civil, don Fernando Benavides,
marchándose posteriormente de La Aduana. Esta entrega, debió ser similar a la
que se realizaba cuando el gobernador salía de viaje, y delegaba en el
secretario para los asuntos de trámite.
Una vez ocurrido esto, la comisión
se dirigió al domicilio de don José Vázquez Campos, para comunicarle que lo
designaban nuevo gobernador civil de Málaga. A las dos menos cuarto de la
noche, entraba el señor Vázquez Campos en el edificio del Gobierno civil,
dirigiéndose seguidamente al despacho oficial. Tras el mutuo cambio
protocolario de frases de saludo, entre los señores Benavides y Vázquez, éste
se posesionó del cargo. José Vázquez Campos, era jefe de Negociado de la
empresa Ferrocarriles Andaluces.
 |
| Vázquez Campos, rodeado de componentes del Frente Popular |
Este nombramiento, quiero dejar claro que era completamente ilegal, independientemente de que se hubiera hablado con el ministro o no, ya que la potestad para nombrar gobernadores civiles provinciales, no la tenía el ministro de la Gobernación, de quien sí dependían funcionalmente, sino el presidente de Gobierno, que desde la tarde anterior ya era don Manuel Azaña.
Los integrantes de la
comisión que lo había elegido, le expresaron a Vázquez Campos, su deseo de que
fueran libertados inmediatamente los presos que se encontraban en la Prisión
Provincial, diciendo el gobernador que lo haría esa misma mañana. (19360220 11
El Popular).
Lo
primero que hizo esa noche Vázquez Campos, fue sacar un Edicto por el que
quedaban anuladas todas las licencias concedidas para el uso de armas, dando a
sus poseedores 72 horas para que las entregaran en el gobierno civil o en los
cuarteles de la Guardia civil. (19360220 16 El Popular).
Esa misma noche del 19 al
20, se cursaron oficios para la restitución por la mañana del 20 de febrero, de
todos los ayuntamientos de elección popular que se formaron en abril de 1931,
salvo aquellos que estuvieran señalados por un procedimiento judicial.
LAS
ELECCIONES DEL 20 DE FEBRERO
Desde que se supo que el día
anterior, había dimitido el gobierno de Portela Valladares, y se había formado
uno nuevo del Frente Popular, presidido por Manuel Azaña, se produjo en Málaga una
enorme expectación. Muchos grupos de personas llenaban las calles céntricas y
por los barrios, se producían manifestaciones para festejar el triunfo de la
izquierda. Los manifestantes desfilaban con banderas republicanas, comunistas y
socialistas, cantando «La Internacional» y el «Himno de Riego».
A las ocho de la mañana del
20, se constituyeron las cincuenta y siete secciones de la capital para ultimar
la elección que no se pudo realizar el domingo 16. La animación en los
alrededores de los colegios era enorme y las colas que se formaban,
larguísimas.
Estas elecciones se
desarrollaron sin garantía legal alguna, en un
ambiente de desórdenes que no invitaba a una participación electoral masiva,
sobre todo de la derecha. Estos desórdenes
hubieran aconsejado el aplazamiento de las elecciones hasta normalizar el orden
público, pero no fue así.
Emilio
Hermida Rodríguez, el candidato de la CEDA, que hasta ese momento, el
escrutinio parcial le adjudicaba el cuarto puesto de diputado, la noche
anterior anunció, que ante la situación creada por las manifestaciones, las
medidas tomadas por el supuesto “gobernador” Vázquez Campos, y la circulación
de pasquines anónimos que anunciaban desórdenes para el día siguiente, no podía
competir en igualdad de condiciones y por tanto retiraba su candidatura. Eso
no significaba que no pudiera ser igualmente elegido, siempre que obtuviera más
votos que el socialista Luis Dorado, pero ya hemos visto la estrategia que
tenía preparada el Comité electoral del Frente Popular, y que se había hecho
público en la prensa.
Al ser un día laborable, y con
objeto de pudieran ir a votar los trabajadores, se convocó un paro en muchas
empresas. Ese día, no trabajaron numerosos obreros, especialmente ferroviarios,
portuarios y fabriles.
Con
la justificación de evitar desórdenes, dos parejas de guardias de Asalto,
realizaron esa mañana un registro en la sede de Falange Española en calle
Granada nº 104, siendo detenidos dos individuos que se encontraban en el local,
el cual fue clausurado.
Por
la mañana, mientras se estaban celebrando las elecciones, Vázquez Campos,
acudió a la Prisión Provincial, para ordenar que fueran puestos en libertad
todos los detenidos gubernativos. El número de libertados sobrepasaba la cifra
de veinte. A los demás presos les dijo que en la primera sesión que celebrara
el Parlamento, se aprobaría la Ley de Amnistía, y seguidamente serían liberados
todos los presos políticos y sociales. (19360221 03 El Popular)
De
acuerdo con las órdenes que había dado Vázquez Campos, en Campillos, la mañana
del 20, cesó la Comisión gestora presidida por José Galeote Moreno, y fue nombrado de nuevo alcalde Francisco Oliva González (39
años), militante del PSOE, reincorporándose al ayuntamiento todos los
concejales elegidos el 31 de mayo de 1931. Era su tercer mandato como alcalde.
Anteriormente lo había sido entre el 16 de abril y el 5 de junio de 1931, y
entre el 17 de febrero y el 27 de octubre de 1934.
 |
| Francisco Oliva González |
El 20 de febrero de 1936 vuelven nuevamente al
Ayuntamiento los socialistas con el mismo alcalde del año 31, y ahora con un
marcado carácter de revancha y sectarismo.
Desde las primeras actuaciones se puede ya profetizar que se aproximan momentos
definitivos. Baltasar Peña “Pequeña Historia de la Villa de
Campillos”
También
en Málaga, el día 20 de febrero por la mañana, fue repuesto el ayuntamiento
salido de las elecciones del 12 de abril de 1931, quedando al frente del mismo
Eugenio Entrambasaguas Caracuel, de Unión Republicana, y los concejales que
habían sido elegidos en aquella fecha, salvo los del partido Radical y los
monárquicos. Hizo la entrega del cargo el señor Miguel Ángel Ortiz Tallo,
gestor segundo de la Comisión que cesaba. El salón y los pasillos y la calle
estaban invadidos por gran muchedumbre. Entre ovaciones y vítores terminó el
acto. (19360220 16 El Popular).
En
las primeras horas de la tarde, poco después de las tres, el paro era general
en la ciudad, “para que todos los
obreros, manuales e intelectuales, pudiera celebrar el triunfo izquierdista.
Cerró el comercio, las industrias, los
cafés, los taxis, autobuses, tranvías, y a las cuatro de la tarde el paro era
general. Los trabajadores y empleados afluían a las calles céntricas, donde,
jubilosamente, se comentaba el triunfo izquierdista en toda España”.
A las cuatro de la tarde, se
cerraron las 57 mesas electorales donde se había votado ese día, para realizar
el recuento de los votos. A pesar de lo que después quedó reflejado en las
actas de las 57 secciones, el ambiente de coacción que hubo durante esos días
para los votantes de derechas, hizo que muy pocos de ellos acudieran ese día a
votar. Si a eso añadimos, la ausencia de interventores de los partidos de
derecha en los colegios durante toda la jornada, dio por resultado que se
produjera una clara manipulación de los resultados. El candidato socialista Luis
Dorado, logró darle la vuelta al resultado y obtener el escaño que, hasta el 19
se atribuía a la CEDA. Las cifras oficiales reflejan datos inverosímiles. Los
29.000 electores censados en esas 57 mesas, fueron a votar casi en bloque, y
cerca de 28.000 lo hicieron por Luis Dorado.
La Junta provincial del
Censo, anunció que no se reuniría hasta
el día siguiente, con objeto de hacer los escrutinios generales, incluidas las
actas de las mesas en las que se habían votado el domingo 16, que aún no se
habían comprobado.
Al atardecer del 20 de febrero, algunos grupos de jóvenes pretendieron asaltar el local de Acción Popular, así como también la sede del periódico de derechas “La Unión Mercantil”. La fuerza pública intervino, pretendiendo apaciguar a los más exaltados, consiguiéndolo en la sede de Acción Popular, frente a la cual se habían aglomerado varios millares de personas, que fueron disolviéndose poco a poco.
No logró lo mismo con la sede de “La Unión Mercantil”, cuyas dependencias
fueron invadidas por la muchedumbre que causó grandes destrozos, lo que impidió
la publicación del periódico durante un tiempo.
La
pareja de guardias de Asalto que allí estaba de servicio, pretendió evitar
que los grupos de personas continuaran la labor dañina que estaban realizando
y, al no conseguirlo, hicieron uso de las armas de fuego, disparando primero al
aire. Todo ello originó el natural revuelo, sustos y carreras,
restableciéndose, finalmente la tranquilidad.
De
resulta de los disparos, cayó herido en la acera, cerca de la calle Tomás
Heredia, frente a la casa número 17, un hombre llamado Juan García Aranda,
vendedor de periódicos. Rápidamente fue colocado en un camión de Asalto,
trasladándole a la casa de socorro del Hospital Noble. En dicho establecimiento,
ingresó cadáver. Resultó también herido un muchacho, José Ortega Cullera, por
arma de fuego con orificio de entrada en el abdomen.
En
la calle “14 de Abril” (Larios), intentaron agredir a Miguel Coloma Rubio, que
había sido con anterioridad Gobernador civil de Málaga, (mayo 1931-agosto 1932),
que tuvo que buscar refugio en una casa. Un camión de guardias de Asalto,
acudió al lugar para rescatarlo y llevarlo a la Comisaría de Vigilancia, donde
declaró lo que había sucedido.
A
las seis y media de la tarde, el “gobernador” Vázquez Campos, se vio obligado a
hablar por Radio Málaga, para pedir que se volviera al trabajo y que cesaran
enseguida las manifestaciones, “pues de
lo contrario, contra mi voluntad y contra lo que yo pienso que debe ser, la
fuerza pública tendrá que disolver los grupos”.
Durante las primeras horas de la noche, fuerzas de la Guardia civil, Asalto y Policía adoptaron en la ciudad diversas medidas de precaución y vigilancia. (19360221 04 El Popular).
21
DE FEBRERO. EL ESCRUTINIO DE LA JUNTA PROVINCIAL DEL CENSO
El
viernes 21 de febrero en protesta por el muerto y el herido habido el día
anterior, continuó el paro en la capital, pero sin que se registraran
incidentes graves. Ese día y para evitar que le ocurriera los mismo que a “La
Unión Mercantil”, no se publicó el periódico “Diario de Málaga”.
Cumpliendo
órdenes del “gobernador”, los agentes de vigilancia, procedieron a la clausura
del local del partido Acción Popular. (19360222 010 Diario de Málaga). Ya
habían cerrado el día anterior la sede de Falange en calle Granada.
Ese día, a las diez de la mañana, se constituyó en el Palacio de
Justicia, la Junta Provincial del Censo para proceder a la revisión de las
actas de la capital y de la provincia, y efectuar el escrutinio general, con el
fin de proclamar a los diputados que han de representar a Málaga y su provincia
en el futuro Parlamento.
Estuvo
presidida por el presidente de la Audiencia de Málaga, don Mariano Avilés,
actuando de secretario el de la Diputación, don Rafael Durán Pulis.
Próximo
a las cuatro de la tarde, terminó la revisión de las actas de la capital, y
hecho el escrutinio general, arrojó los siguientes resultados (en la primera
columna pongo los resultados del día 16 y en la segunda los totales del 16 y el
20):
Luis
Velasco Damas (PSOE) 34.739 55.295
Antonio
Fernández-Bolaños Mora (PSOE) 34.409 55.224
Cayetano
Bolívar Escribano (PCE) 34.263 52.748
Emilio
Hermida Rodríguez (CEDA) 13.325 14.352
Ignacio
Muñoz Rojas (CEDA) 13.064 13.446
Modesto
Escobar Acosta (Indep.) 12.650 13.531
Luis Dorado Luque 27.657
Mientras
Luis Dorado conseguía el día 20 de febrero, 27.657 votos, Emilio Hermida, solo
obtuvo algo más de mil. La maniobra al Frente Popular le había salido perfecta.
Esa
tarde, después de terminar el escrutinio de la capital, se continuó con el de
la provincia que se prolongaría durante todo el día siguiente.
En
ambas circunscripciones, la de la capital y la de la provincia, el triunfo por
las mayorías del Frente Popular era incontestable. Pero subsistía la polémica
por el inverosímil escaño obtenido por el socialista Luis Dorado. La
inasistencia de los candidatos conservadores al acto de recuento por la Junta,
inhibidos, como se vio, ante las coacciones, imposibilitó protestar su proclamación.
Según Álvarez Tardío y Villa García (p. 394), “el fraude se evidenció no ya por lo sucedido en la elección del 20, sino por la falta de las actas de constitución de mesas, listas de votantes o actas de votación, o por no venir parte de los sobres sellados o firmados por los miembros de las mesas, disfunciones extendidas a 24 mesas que suponían unos 13.000 votos. Sin embargo, con ser importante, esto lo era menos que la ilegalidad manifiesta de celebrar elecciones en medio de manifestaciones y violencias, que contravenía explícitamente dos artículos de la ley electoral, el 67 y el 69.2”
LLEGA A MÁLAGA EL NUEVO GOBERNADOR CIVIL
Como
ya hemos visto, el Gobernador civil de Málaga, Valeriano del Castillo, que
había sido nombrado dos meses antes, la noche del 19 al 20 de febrero había
sido obligado a entregar su cargo, por varios dirigentes de los partidos del Frente
Popular malagueño, que se presentaron en su despacho, pidiéndole la entrega del
mando de la provincia a José Vázquez Campos, de Izquierda Republicana.
Esta
suplantación fue totalmente ilegal, pues solo el presidente del Gobierno puede
nombrar y quitar Gobernadores civiles. Esto no impidió, que durante casi tres
días, los más críticos, ejerciera el papel de gobernador con plenitud de
funciones.
Ese
día, viernes 21, el presidente de Gobierno, Manuel Azaña, hizo el cambio de
gobernador en Málaga, admitiendo la dimisión de Valeriano del Castillo, y
nombrando como nuevo gobernador civil de la provincia a don Enrique Balmaseda y
Vélez. Era Juez de Primera Instancia e Instrucción, militante de Izquierda
Republicana, y había sido con anterioridad Gobernador civil de Badajoz.
Enrique Balmaseda, llegó
a Málaga el mismo día 21, a las cuatro y media de la tarde, en automóvil
procedente de Madrid. Inmediatamente tomó posesión del cargo. Ya se había realizado el escrutinio de votos de la capital, por parte de la Junta Provincial. Lo primero que
hizo fue dirigirse por radio a los malagueños (19360222 010 Diario de Málaga)
Al
día siguiente 22, apareció el nombramiento en la Gaceta de Madrid
De acuerdo con el Consejo de Ministros, Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Gobernador civil de la provincia de Málaga ha presentado D. Valeriano del Castillo Sainz de Tejada.Dado en Madrid a veintiuno de Febrero de mil novecientos treinta y seis. NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRESEl Presidente del Consejo de Ministros, Manuel Azaña Díaz.Gaceta de Madrid — Núm. 53 — 22 Febrero 1936
De acuerdo con el Consejo de Ministros, Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de Málaga a D. Enrique Valmaseda (Vélez).Dado en Madrid a veintiuno de Febrero de mil novecientos treinta y seis. NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRESEl Presidente del Consejo de Ministros, Manuel Azaña DíazGaceta de Madrid — Núm. 53 — 22 Febrero 1936
Como se puede comprobar, en la misma fecha aparece en la Gaceta el relevo de Valeriano del Castillo, por Enrique Balmaseda, lo que demuestra la ilegalidad de la toma de la posesión del cargo de José Vázquez Campos.
LEY
DE AMNISTÍA
El nuevo gobierno de Azaña,
no fue meramente de gestión hasta la finalización del proceso electoral, sino
que empezó de inmediato, antes de tener los
resultados definitivos, a aplicar buena parte del programa de Frente
Popular pactado entre los partidos que lo
conformaban, sobre todo la
amnistía para los detenidos por su participación en la revolución de octubre de
1934, eje vital y sentimental del apoyo de las fuerzas anarquistas a su
Gobierno.
Ante los motines provocados
por los presos comunes, alborotados porque iban a salir los presos políticos y
ellos no, y sabiendo que esa misma noche del 19 se habían sublevado los penados
de Chinchilla, San Miguel de los Reyes, Santoña y algún otro penal más, Azaña
escribe: “Es urgente conceder la amnistía, aunque en el pacto
electoral se conviene en someterlo a las nuevas Cortes”.
El pacto electoral hablaba
de una Ley de Amnistía, pero el Gobierno, en su primera reunión, el 21 de
febrero, hizo uso del Decreto-Ley, cuyo proyecto remitió a la Diputación Permanente
de las Cortes anteriores, unas Cortes ya disueltas. Era una medida
perfectamente constitucional, para dar legalidad a unas excarcelaciones que ya
se estaban produciendo de forma “alegal”.
La imperiosa necesidad de
esas medidas cabe apreciarla en el hecho de que recibieron el voto favorable,
dada la composición de la Diputación Permanente, de los representantes de las
derechas: el Partido Radical, la CEDA e, incluso, diputados monárquicos votaron
a favor sin reservas, como “medida de pacificación, conveniente al
bien público y a la tranquilidad de la vida nacional, en que están
interesados por igual todos los sectores políticos”. La tarde del viernes
21, la Diputación Permanente, aprobó el Decreto-Ley concediendo amnistía “a
los penados y encausados por delitos políticos y sociales”.
DECRETO-LEYSiendo inequívoca la significación del resultado de las elecciones a Diputados a Cortes en cuanto a la concesión de una amnistía por delitos políticos y sociales, en favor de la cual se ha pronunciado la mayoría del Cuerpo electoral, y tratándose de una medida de pacificación conveniente al bien público y a la tranquilidad de la vida nacional, en que están interesados por igual todos los sectores políticos; de acuerdo con el Consejo de Ministros, a propuesta de su Presidente y previa la aprobación de la Diputación permanente de las Cortes,Vengo en disponer lo siguiente:Artículo único. Se concede amnistía a los penados y encausados por delitos políticos y sociales. Se incluye en esta amnistía a los Concejales de los Ayuntamientos del País vasco, condenados por sentencia firme.El Gobierno dará cuenta a las Cortes del uso de la presente autorización.Dado en Madrid a veintiuno de Febrero de mil novecientos treinta y seis.NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRESEl Presidente del Consejo de Ministros, Manuel Azaña Díaz.Gaceta de Madrid — 22 Febrero 1936
En esa misma reunión de la Diputación
Permanente, también se corroboró la imposición del «estado de excepción en los
términos dictados por el Gobierno», que incluían «el Estado de Guerra en
Albacete, Alicante, Zaragoza y Valencia».
El
decreto de amnistía, tuvo un posterior desarrollo a finales de abril, una vez
constituidas las nuevas Cortes.
Decreto autorizando al Ministro de este Departamento para que presente a las Cortes un proyecto la ley ratificando y ampliando el contenido del Decreto-ley de 21 de Febrero del año en curso sobre amnistía.Gaceta de Madrid 29 abril de 1936
22
DE FEBRERO. SALIDA DE PRESOS
Desde
las diez de la mañana del día 22, hora en que se recibió la comunicación de
Madrid, de haberse aprobado la Ley de Amnistía, desde la Audiencia Provincial y
desde el Juzgado militar, empezaron a enviar las oportunas órdenes de libertad
para todos aquellos presos sociales y políticos que habían sido sometidos a
procedimientos civil o militar. El total de ellos se elevaba a 160, la mayoría
vecinos de Teba, Cañete la Real y Almargen de donde existían numerosos
detenidos por los sucesos de octubre de 1934. Los primeros liberados fueron los
presos de Málaga, y entre ellos los socialistas José López Rosas y Juan Ponce
Lepe. Fueron puestos en libertad en grupos de cuatro o cinco. El último preso fue
liberado a la una de la tarde.
https://cronicasdelvientosolano.blogspot.com/2022/11/octubre-de-1934-segunda-parte-los.html
Sobre
las tres y media de la tarde, cuando los presos comunes de la Prisión
Provincial, comprobaron que los presos sociales y políticos eran puestos en
libertad, se registraron en la cárcel unos incidentes al tratar algunos presos
comunes de evadirse. (19360222 012 Diario de Málaga)
Muchas
familias organizaron viajes a Málaga, en automóviles y camionetas, para recibir
a sus familiares en el momento en que franquearan la puerta de salida de la
Prisión provincial (19360223 04 El Popular)
ALMARGEN. LLEGADA DE LOS PRESOS SOCIALES Y POLÍTICOS AMNISTIADOSEl domingo 23, a las dos de la tarde, tuvo lugar la llegada a esta estación de los presos políticos y sociales de este pueblo, que han sido últimamente amnistiados con motivo del cumplimiento de la primera base del programa que se había impuesto el Bloque Popular de izquierdas.El andén se hallaba completamente abarrotado por el numeroso público que acudió en masa, en unión de los respectivos familiares de los amnistiados, para dar la bienvenida que merecían a quienes supieron perder la libertad por defenderla. Fueron objeto de recibimiento tan singular como simpático y emocionante, seguido de vítores al Bloque Popular y a la República española.19360226 010 El Popular
DOMINGO 1 DE MARZO. SEGUNDA
VUELTA DE LAS ELECCIONES
La segunda vuelta electoral, se efectuó en aquellos sitios donde la lista electoral más votada había recibido menos del 40% de los votos. Esto ocurrió en cinco circunscripciones: las tres provincias vascas, en Castellón y en Soria. Con el Frente Popular en el poder, y con mayoría parlamentaria asegurada, la importancia de la segunda vuelta parecía secundaria. Las coacciones y el ambiente revolucionario, provocaron la retirada de muchos candidatos derechistas o su derrota, incluso en aquellos lugares en que se había obtenido la victoria parcial en la primera vuelta.
Por eso, en gran medida, los resultados fueron muy favorables al Frente Popular, que revirtió parcialmente los triunfos conservadores en esas provincias: ganó en Castellón y obtuvo las minorías de Álava, Guipúzcoa y Soria, sumando ocho escaños más. El segundo triunfador fue el PNV, que obtuvo siete escaños. El resto, cinco escaños en total, fueron para las derechas. Como resultado, el Frente Popular pudo alcanzar así las 267 actas, por 206 del centro y las derechas.
READMISIÓN DE OBREROS
Uno de los temas más recurrentes en los mítines del Frente Popular durante la campaña electoral, fue la readmisión por los patronos de todos los trabajadores despedidos por huelgas, o por los sucesos de octubre de 1934.
Una vez el Frente Popular en el poder, a finales de febrero, desde el Ministerio de Trabajo se publicó un Decreto relativo a la readmisión forzosa de los obreros, empleados o agentes que hubieren sido despedidos por sus ideas o con motivo de huelgas políticas a partir de 1º de Enero de 1934.
Artículo 1º Todas las entidades patronales, tanto las que tengan a su cargo la explotación y el funcionamiento de servicios de carácter público o asimilados por disposiciones legales, como las de índole privada, se hallan obligadas, desde la publicación de este Decreto, a readmitir a todos los obreros empleados o agentes que hubiesen despedido por sus ideas o con motivo de huelgas políticas, a partir de 1° de Enero de 1934.Asimismo dichas entidades patronales habrán de restablecer, desde la misma fecha, en sus negocios, establecimientos o talleres las plantillas que estuviesen vigentes en 4 de Octubre de 1934.[…]La indemnización que haya de darse por los patronos a los obreros readmitidos por el tiempo que estuvieron privados del ejercicio de su profesión, no podrá en ningún caso ser inferior a treinta y nueve jornales ni superior a seis meses de salarios.GACETA DE MADRID 1 DE MARZO DE 1936
La readmisión de los obreros despedidos con objeto de reponer las
plantillas existentes el 4 de octubre de 1934, supuso el despido a su vez de
los que habían sido contratados en el lugar de aquellos. Además debían ser indemnizados, en
algunos casos, con seis meses de salario.
Esto dio lugar a múltiples conflictos, como fue el caso que
ocurrió en Toledo, donde una viuda tuvo que readmitir, en su modesta
explotación, a los asesinos de su esposo. O como el caso que ocurrió en
Antequera:
Comunican de Antequera que esta mañana, a causa de la readmisión del carrero José Martín, en la carbonería donde fue despedido, se originó una riña entre el obrero y el dueño del establecimiento, Emilio Cabrera. El carrero sacó una navaja y agredió al dueño, el cual, con una pala, produjo a José heridas leves en la cabeza. La cuestión trascendió a la calle y se promovió tal revuelo que la Guardia civil hubo de intervenir para disolver a los grupos. A consecuencia del suceso, la Sociedad de Carreros Cargadores y Faeneros declaró la huelga, por lo que quedan suspendidos todos los transportes durante 24 horas. 19360321 027 La Vanguardia
15 DE MARZO. COMISIÓN DE ACTAS DEL CONGRESOEl 15 de marzo
tuvo lugar la sesión preparatoria de las Cortes, que concluyó con los diputados socialistas y comunistas cantando "La Internacional" y saludando puño en alto. Al día siguiente se celebra la primera
sesión ordinaria, siendo elegido Presidente de las mismas, Diego Martínez
Barrios. El 17 se constituye la Comisión de Actas, de mayoría
izquierdista, catorce diputados del Frente Popular
frente a siete de la oposición, siendo presidida
por el socialista Indalecio Prieto.
Ese día empezaron a
discutirse las actas denunciadas ante la Junta Central, eran nada menos que los
resultados de treinta y cinco circunscripciones, del total de sesenta.
Los primeros dictámenes se
tomaron casi por unanimidad y con criterios jurídicos impecables, solventando
sin problemas muchas impugnaciones. Pero la discusión de las actas de Cáceres,
La Coruña y Pontevedra, donde sí había
evidencias palmarias de fraude que afectaban a las izquierdas, fueron
objeto de una dura discusión, que acabó con la imposición del dictamen
favorable por parte de la mayoría del Frente Popular, y pese a las críticas de
la oposición en minoría.
Los conservadores consideraron
inadmisible las operaciones de la Comisión de Actas, y el 31 de marzo se
retiraron de la Comisión Manuel Giménez Fernández de la CEDA, José María Lamamié
de Clairac de la minoría Tradicionalista y Antonio Goicoechea con la minoría de
Renovación Española, dejando clara su discrepancia con el doble criterio
utilizado por la mayoría, que en unos casos utilizaba criterios estrictamente
jurídicos y, cuando éstos no le resultaban convenientes, recurría a la
“convicción moral”.
Según palabras del diputado
Manuel Giménez Fernández, el uso partidista de las instituciones estaban
convirtiendo al Gobierno y a la mayoría parlamentaria, en los verdaderos
promotores del fascismo: «Vais a
convencer a los demás de que la lucha legal no es posible, de que hay que ir a
la lucha antilegal, y eso sí que constituye un mal terrible para la democracia
y la República».
El grado de acritud de esa
ruptura llevó a la dimisión del socialista Indalecio Prieto como miembro de la Comisión de
Actas, en evidente desacuerdo con sus decisiones, y en clara demostración de la
fuerza de la izquierda socialista frente a sus camaradas más centristas. En una nota, fundamenta la dimisión en
“El temor de que no pueda ser tan absoluta mi
conformidad en algún dictamen de los aún no emitidos. Y sospechando que mi
convicción discrepante llegue a ser tan profunda que me impida sostener con
mi firma y con mi palabra lo que a ella se oponga, abandono este puesto”
Le sustituyó en la
presidencia, el diputado malagueño Emilio Baeza Medina de Izquierda Republicana,
el partido de Manuel Azaña.
La situación en la Comisión
de Actas, llegó a ser tan grave que la mayoría de izquierdas, tuvo la tentación
de dejar sin escaño a Gil-Robles, a Calvo Sotelo y a otros destacados líderes
de la oposición. Una circunstancia que forzó al propio Niceto Alcalá-Zamora a
advertir a Azaña el día 2 de abril: «expulsar a los dos jefes de la oposición
equivaldría a suprimir el régimen parlamentario».
No se llegó a tal extremo,
pero ciertamente el balance del debate de actas en el Congreso en esos meses de
1936 fue manifiestamente desequilibrado. Fue una sobreactuación de los vocales
del Frente Popular innecesaria, que no hizo más que enturbiar y distorsionar
unos resultados electorales que, en altísimo porcentaje, procedían de votaciones
limpias. Ese sectarismo en la Comisión de Actas reforzó abusivamente la ya
notable mayoría electoral del Frente Popular en las Cortes.
Por fraudes
atribuidos a las derechas durante la emisión de los votos, se declararon nulas
las elecciones de Cuenca y Granada, sin admitir la Comisión ninguno de los
recursos ante las clarísimas intromisiones del Frente Popular en otros lugares.
Las izquierdas tampoco consintieron en investigar los robos de actas. Dichas anulaciones,
se fundaron en criterios partidistas y, ante la falta de pruebas, hubo de
recurrirse al argumento de las «convicciones morales».
A comienzos de
mayo se repitieron las elecciones en Cuenca y Granada. Las presiones fueron
tales que en Granada las derechas se retiraron y, en medio de enormes
dificultades, concurrieron en Cuenca donde se registró un triunfo del Frente
Popular fruto de las coacciones y el fraude.
Estas elecciones otorgarían otros diecisiete diputados más al Frente Popular.
La CEDA pasó de 101 diputados electos a 88 tras el proceso de
revisión y anulación de algunas candidaturas y elecciones provinciales.
VICTIMAS
DURANTE EL PROCESO ELECTORAL
Según Álvarez Tardío y Villa
García, autores del libro “1936. Fraude y violencia en las
elecciones del Frente Popular” (pp.
344):
“El orden público, no llegó a restablecerse ni con los nuevos
gobernadores civiles, ni con la promulgación de la amnistía, ni con la
readmisión de los obreros. Entre el
día 21 de febrero hasta el día 1 de marzo de 1936, jornada de celebración de la
segunda vuelta (10 días), hubo nada menos que 23 muertos y 51 heridos graves.
Sumadas a las víctimas de los días 19 y 20, daban un total de 129 muertos y
heridos graves, a una media de doce al día”.
Los episodios violentos de mayor frecuencia durante esa
semana previa a la segunda vuelta, fueron aquellos que más contribuían a generar una sensación de intimidación entre
los conservadores: los ataques a sus sedes; las agresiones antirreligiosas; los
atentados a adversarios políticos, que se cobraron la vida de ocho personas; y,
finalmente, los enfrentamientos entre grupos rivales, que produjeron diez
muertos”
La mayor parte de las
víctimas se registraron entre el 19 y el 20 de febrero, ya con Azaña al frente
del Ejecutivo y empezando a gobernar con resolución. Y, significativamente, el
62% de los muertos registrados entonces lo fueron por «disparos de las fuerzas
del orden», que cumplían las órdenes de mantener la paz pública. Sólo el
restante 38% murió como resultado de choques entre grupos izquierdistas y
derechistas, sin intervención policial o de la Guardia Civil (pp. 317-318).
El 17 de marzo, Manuel Azaña
escribe a su cuñado Cipriano Rivas:
“Antes de contar más cosas, intercalo mi negra
desesperación. Hoy nos han quemado Yecla: Siete iglesias, seis casas, todos los
centros políticos de derecha y el Registro de la propiedad. A media tarde,
incendios en Albacete, y Almansa. Ayer, motín y asesinato en Jumilla. El
sábado, Logroño; el viernes, Madrid: Tres iglesias. El jueves y el miércoles,
Vallecas… Han apaleado, en la calle del Caballero de Gracia, a un comandante,
vestido de uniforme, que no hacía nada. En Ferrol, a dos oficiales de
artillería; en Logroño acorralaron y encerraron a un general y cuatro
oficiales… Lo más oportuno. Creo que van más de doscientos muertos y heridos
desde que se formó el gobierno y he perdido la cuenta de las poblaciones
en que han quemado iglesias y conventos”.
Para saber qué ocurrió, ese día después de
cerrar los colegios electorales, nada mejor que el testimonio del presidente de
la República, Niceto Alcalá Zamora, publicado el 17 de enero de 1937 en
el periódico suizo “Journal de Geneve”,
en el que sintetiza las irregularidades cometidas por el Frente Popular entre las elecciones y su propia destitución:
« […] Al principio se creyó que el Frente Popular resultaba vencido. Pero cinco horas después de la llegada de los primeros resultados, se comprendió que las masas anarquistas, tan numerosas y que hasta entonces se habían mantenido fuera de los escrutinios, habían votado compactas. Querían mostrar su potencia, reclamar el precio de su ayuda: la paz, y tal vez, la misma existencia de la Patria.A pesar de los refuerzos sindicalistas (se refiere al partido Sindicalista), el Frente Popular obtenía solamente un poco más, muy poco, de doscientas actas, en un Parlamento de cuatrocientos setenta y tres diputados. Resultó la minoría más importante, pero la mayoría absoluta se le escapaba. Sin embargo, logró conquistarla consumiendo dos etapas a toda velocidad, violando todos los escrúpulos de legalidad y de conciencia.Primera etapa: Desde el diecisiete de febrero, incluso desde la noche del dieciséis, el Frente Popular, sin esperar el fin del recuento del escrutinio y la proclamación de los resultados, la que debería haber tenido lugar ante las Juntas Provinciales del Censo en el jueves veinte, desencadenó en la calle la ofensiva del desorden, reclamó el Poder por medio de la violencia. Crisis: algunos Gobernadores Civiles dimitieron. A instigación de dirigentes irresponsables, la muchedumbre se apoderó de los documentos electorales: en muchas localidades los resultados pudieron ser falsificados.Segunda etapa: Conquistada la mayoría de este modo, fue fácilmente hacerla aplastante. Reforzada con una extraña alianza con los reaccionarios vascos, el Frente Popular eligió la Comisión de validez de las actas parlamentarias, la que procedió de una manera arbitraria. Se anularon todas las actas de ciertas provincias donde la oposición resultó victoriosa; se proclamaron diputados a candidatos amigos vencidos. Se expulsaron de las Cortes a varios diputados de las minorías. No se trataba solamente de una ciega pasión sectaria; hacer de la Cámara una convención, aplastar a la oposición y sujetar el grupo menos exaltado del Frente Popular. Desde el momento en que la mayoría de izquierdas pudiera prescindir de él, este grupo no era sino el juguete de las peores locuras.De este modo las Cortes prepararon dos golpes de estado parlamentarios. Con el primero, se declararon a sí mismas indisolubles durante la duración del mandato presidencial. Con el segundo, me revocaron. El último obstáculo estaba descartado en el camino de la anarquía y de todas las violencias de la guerra civil».
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